El magistrado de la Audiencia Nacional que investiga a Tsunami Democràtic ha librado una nueva comisión rogatoria a Suiza para tratar de localizar a la 'número dos' de ERC, Marta Rovira, una de la docena de personas imputadas recientemente en la causa junto con Carles Puigdemont por delito de terrorismo.
Así lo plasma en un auto al que ha tenido acceso Vozpópuli y en el que pide al país helvético todo tipo de información sobre una cuenta abierta en CIM Banque vinculada con Tsunami Democràtic. En concreto se reclama información sobre tarjetas de crédito , titulares de la cuenta, movimientos, préstamos suscritos y seguros que pudieran haberse asociado a la misma.
De esta forma el magistrado Manuel García Castellón intenta de nuevo que Suiza colabore con las pesquisas abiertas contra Tsunami Democràtic y en el marco de las que se trata de esclarecer quien estaría detrás de la financiación del movimiento. La Audiencia Nacional ya libró una comisión rogatoria a Suiza en 2019 pero la negativa del país a colaborar ha llevado a volver a solicitarla de nuevo, tal y como avanzó este medio.
La financiación de Tsunami Democràtic
El juzgado, que actúa a través de Eurojust, pide que toda la información solicitada se aporte en el sistema vigente que impere en Suiza en cuanto a la cooperación de las entidades bancarias. La cuenta de la que ahora se solicita información es la misma que recoge la Guardia Civil en su informe definitivo de Tsunami y en el marco de la cual un banquero suizo habría ingresado 6.000 euros para colaborar con el movimiento.
En concreto, los agentes relataron que Nicola Foglia, identificado como exvicedirector del banco suizo BSI, contactó con Josep Lluís Alay, mano derecha de Carles Puigdemont, para financiar la protesta de Tsunami en el aeropuerto de El Prat. Según le dijo, disponía de "bastante dinero" en un banco catalán y quería sufragar los gastos de entrega de comida y agua a los manifestantes que bloquearon en al aeropuerto ocasionando unas pérdidas superiores a los 2 millones de euros.
"Se está reclutando gente para hacer vuestra acción que lo está charlando en la direcciónConversación atribuida a Rovira y recogida en un escrito de Dignidad y Justicia
Alay le respondió que lo iba a consultar y poco después le dijo que era posible ofrecer dinero directamente a Tsunami a través de una cuenta en Suiza a nombre de Jaume Cabaní. Este informático se ha convertido en uno de los puntos clave de la causa por el control que llevaba de todo el entramado financiero del procedimiento. Al respecto, canalizó incluso traspasos de dinero provenientes de otras esferas del independentismo catalán, como se ha detectado con los pagos que efectuó Miquel Esquirol, quien fuera uno de los fundadores de la extinta Convergència Democràtica de Catalunya (CDC). De este modo Alay le trasladó todos los datos de la cuenta bancaria de la que la Audiencia solicita ahora información.
Marta Rovira, huida de la Justicia
En la comisión rogatoria, el magistrado Manuel García Castellón reclama también información sobre la 'número dos' de ERC, Marta Rovira, la cual se fugó al país helvético cuando tenía que acudir a una citación en el Tribunal Supremo tras su imputación en la causa del procés. Ello provocó su procesamiento en rebeldía por sedición, aunque tras el borrado del delito en el Código Penal el magistrado se lo modificó por desobediencia, el cual no lleva aparejado penas de prisión.
En paralelo, el avance del caso de Tsunami Democràtic propició su imputación hace apenas unos días junto con Carles Puigdemont y una decena de personas. El magistrado actuó tras presentar la Guardia Civil sus conclusiones sobre las aristas de un movimiento investigado por delito de terrorismo. Al respecto los agentes sentenciaron que Rovira "realizó cometidos de coordinación" de la plataforma.
La asociación Dignidad y Justicia, que actúa como acusación popular, aludió en uno de los escritos remitidos a la causa conversaciones de la número dos de ERC en octubre de 2019 con otro de los imputados, Xavier Vendrell, que probarían su control de la plataforma radical.
"Mañana hablo con ellos a ver qué se puede hacer. (...). Trato de poner orden, pero al no haber una sensación de mando único, todo el mundo duda de todo. Pienso que cuando las primeras acciones salgan bien todo el mundo reaccionará, pero cuesta arrancar", le trasladó Vendrell a comienzos de 2019.
Pendientes del Supremo
En esas mismas fechas Rovira remitió un mensaje a otro de los implicados en Tsunami Democràtic que demostraría el control que ejercía sobre la plataforma. "Se está reclutando gente para hacer vuestra acción que lo está charlando en la dirección”, expuso. Ello que acreditaría indiciariamente la participación de esta investigada en la coordinación de TD, desde una posición preeminente.
La fecha en la que se produjeron las conversaciones es especialmente relevante porque se trata de las semanas previas al inicio de las actuaciones más radicales de la plataforma, la cual en octubre de ese año organizó una ocupación sin precedentes del aeropuerto de El Prat y al mes siguiente cortes y barricadas en la AP-7 que provocaron importantes pérdidas económicas para los camioneros.
Se trata de acciones que, a juicio del magistrado Manuel García Castellón, se podrían tipificar indiciariamente como delito de terrorismo. La Fiscalía, por contra, entiende que se trataría de desórdenes públicos graves. Por ello se opuso al criterio del juez y también a la imputación de Puigdemont, Rovira y el resto de investigados por terrorismo, por lo que ahora será la Sala de lo Penal la que resuelva sobre ello.
Mientras tanto, el magistrado García Castellón propició ayer un giro de 180 grados al caso al remitir las actuaciones al Tribunal Supremo. Tras solicitarlo Dignidad y Justicia, el instructor pidió a la Sala de lo Penal que asuma las diligencias toda vez que Puigdemont está aforado en su condición de europarlamentario al igual que ocurre con el diputado de ERC Rubén Wagensberg.
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