El Juzgado de Instrucción número 4 de Barcelona ha admitido a trámite una querella presentada contra la exconsejera de Salud de la Generalitat de Cataluña, Alba Vergés, por no haber vacunado a los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, tal y como figura en las diligencias previas a las que ha tenido acceso Vozpópuli. La Asociación Pro Guardia Civil (APROGC) presentó la querella el pasado mes de abril, en la que adjuntaba los desiguales datos de vacunación contra el coronavirus entre los cuerpos locales y los Mossos d’Esquadra respecto a las fuerzas de seguridad de ámbito nacional desplegadas en la región.
Las diligencias previas redactadas por el juez detallan que los hechos recogidos en la querella -la negativa a vacunar a policías y guardias civiles al mismo ritmo que los demás cuerpos policiales- “pudieran constituir aparentemente un delito de discriminación y contra la seguridad del trabajo”, con una pena asociada “no superior a nueve años”. La querella se dirige contra Alba Vergés, en tanto dirigía el departamento encargado de la gestión de las vacunas contra el coronavirus durante los acontecimientos señalados.
En concreto, APROGC esgrime que a fecha de 22 de abril de 2021 sólo se había vacunado al 9,9% del personal de la Policía Nacional y al 6,3% de la Guardia Civil, cifras notablemente inferiores a las registradas en el cuerpo de Mossos d’Esquadra (80,3%), policías locales (71,2%) y Guardia Urbana de Barcelona (79,1%). Según la asociación representativa del Instituto Armado, los datos son oficiales y los ofreció el propio Departamento de Salud de Cataluña.
La estrategia de vacunación
La negativa a suministrar las dosis a los agentes de Policía Nacional y de la Guardia Civil destinados en la región chocaría con la tercera actualización de la estrategia de vacunación aprobada por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. De acuerdo a esta decisión, las Comunidades Autónomas debían citar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado: “Incluye Guardia Civil, Policía Nacional, Autonómica y Local”, detallaba explícitamente.
La negativa adoptada por el Govern a suministrar las dosis a policías nacionales y guardias civiles al mismo ritmo que otros cuerpos supuso una fuerte polémica que obligó a la Justicia a intervenir. Así, a finales del pasado mes de abril, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dio un plazo de diez días al gobierno autonómico para que actualizase la cifras de vacunados en ambos cuerpos tras considerar que los agentes habían sufrido una situación “clara e injustificada de discriminación”.
La versión de Cataluña
El secretario de Salud Pública de Cataluña, Josep Maria Argimon, afirmó entonces que la vacunación de los agentes se había “politizado” y “judicializado desde Madrid”. Y apuntó: “Cumpliremos [con la orden del TSJC], pero para ello retrasaremos la vacunación de gente de 70 años, ahí lo dejo”. Asimismo, la portavoz del Govern, Meritxell Budó, negó que se hubiera discriminado a policías y guardias civiles, y que era Moncloa quien incurría en contradicciones en sus indicaciones sobre las dosis de AstraZeneca.
Desde APROGC, la asociación de la Guardia Civil que presentó la querella, celebran que un juzgado la haya admitido a trámite y consideran que “este hecho pudo contribuir a que varios de nuestros compañeros contrajeran esta enfermedad, creando numerosos perjuicios no sólo personales sino también profesionales a muchos de ellos”.
"Esta circunstancia -añaden-, no devolverá a los compañeros allí destinados y que han sufrido esta enfermedad lo que han perdido como consecuencia de la misma, pero sí reparará el daño moral, si como consecuencia de ello, se depuran las responsabilidades habidas, por parte de las instituciones responsables, durante dicho proceso de vacunación", reflexionan desde la asociación de la Guardia Civil.
