Suma y sigue en el 'caso Púnica'. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Eloy Velasco, ha tomado declaración como imputado en los últimos días a un nuevo empresario dentro de las pesquisas para desentrañar el entramado de blanqueo que Francisco Granados y el constructor David Marjaliza utilizaron durante años en Suiza presuntamente para 'lavar' millones de euros. Se trata, en concreto, del hotelero valenciano José Amadeo Semper Asensi, del que el magistrado ya solicitó información al Banco de España el pasado mes de septiembre. Al menos otras tres personas se encuentran ya encausadas por el mismo motivo. Vozpópuli se puso este viernes en contacto con el despacho de abogados de Madrid que lleva su defensa, pero declinaron responder a las preguntas de este diario.
El nombre de Semper Asensi ya figuraba en el listado de doce empresarios que el juez Velasco envió al Banco de España en septiembre para saber si habían declarado tener cuentas en Suiza
La imputación de Semper Asensi se le comunicó personalmente en la Audiencia Nacional el pasado 2 de marzo, según documentos judiciales a los que ha tenido acceso este periódico. Días después, el juez Velasco dictaba una providencia por la que acordaba prolongar el secreto sobre las actuaciones para identificar, precisamente, a "las personas que colaboraron en las actuaciones de blanqueo". Se trata de una línea de investigación que se centra en una veintena de empresarios con cuentas en Suiza que presuntamente facilitaron, muchos de ellos de manera inconsciente, que la red de corrupción 'lavara' y repatriara fondos mediante el llamado 'mecanismo de compensación'.
El nombre del hotelero no es, sin embargo, nuevo en el sumario de Púnica. El pasado mes de septiembre, el juez Velasco ya lo incluyó en el listado de doce empresarios que remitió al Banco de España para recabar información sobre ellos. En el mismo también se encontraba su esposa, María del Carmen Ballester Ríos, que figura junto a él en varias de las empresas que administra. El magistrado reclamaba del matrimonio y de las otras diez personas, entre las que se encontraba Inés de Borbón y Borbón, prima del Rey Juan Carlos, información sobre la "apertura, cancelación o movimientos de cuentas bancarias en el exterior" entre 2003 y 2015 "con especial hincapié" en las que tuviera en el país helvético.
Un ingreso de 1,28 millones de euros
Hasta el momento, hay al menos otras tres personas imputadas por estos hechos. El primero lo fue en octubre pasado. Se trataba de Michael Trevor Langdon Sharman, un ciudadano español de origen norteamericano al que la investigación relaciona con un ingreso de 1,28 millones de euros en los depósitos en el BNP Paribas de Ginebra de los dos presuntos cabecillas de la trama. La Guardia Civil llegó, incluso, a registrar su domicilio. A él se han sumado en las últimas semanas al menos otras dos personas, además del hotelero valenciano. Se trata de J.P.B. y M.G.Y. El abogado del primero confirmó en conversación telefónica con Vozpópuli que la situación judicial de su cliente había sido provocada por un movimiento bancario que se hizo desde sus cuentas en el año 2008 con los depósitos de Marjaliza y Granados, aunque negó que conociera a éstos y descargó toda la responsabilidad de aquella transferencia en la entidad financiera helvética.
En octubre, el magistrado imputó por los mismos hechos a un ciudadano español de origen norteamericano al que la investigación relaciona con un ingreso de 1,28 millones de euros en las cuentas de Granados y Marjaliza
Esta parte de la investigación ha sido incluida por el juez Velasco en la bautizada como 'pieza separada internacional', que mantiene bajo secreto de sumario. En ella se encuentra, precisamente, la abundante documentación que las autoridades suizas remitieron a comienzos de 2014 sobre las cuentas de Granados y Marjaliza y que permitieron, precisamente, iniciar la investigación que desembocó en la 'Operación Púnica'. El magistrado ha señalado en varias ocasiones que la información que ha llegado desde Berna es tan voluminosa que aún no se ha terminado de traducirla al castellano. No obstante, diversos pronunciamientos de los tribunales helvéticos a los que ha tenido acceso Vozpópuli en los últimos meses, revelan detalles de esta trama y de los empresarios implicados.
Así, dichos documentos judiciales señalan que las pesquisas se iniciaron en el país centroeuropeo mucho antes que en España. En concreto, el 6 de diciembre de 2012, hace más de tres años, cuando sus servicios de lucha contra el lavado de capitales detectaron movimientos sospechosos en las cuentas abiertas en el BNP Paribas a nombre de la empresa costarricense Sheratong Trading, del "promotor inmobiliario en España" David Marjaliza y del "hombre político español" Francisco Granados. En dicha fecha, la Fiscalía suiza ya procedió al "secuestro penal" de dichos depósitos, medida que extendió en junio de 2013 a otra cuenta, en este caso la abierta en el UBS de Ginebra con otra mercantil centroamericana como titular, Droz & Co. también propiedad del constructor.
"Catorce intermediarios financieros"
Entre ambas fechas, las pesquisas de la Justicia suiza habían detectado ya la existencia de un importante "flujo financiero" compuesto por más de un centenar de transferencias realizadas desde 2003 que apuntaban a un supuesto delito de blanqueo de capitales que tenía como destino, precisamente, las cuentas de Marjaliza y Granados. En ellas, detalla uno de los escritos judiciales en poder de este diario, aparecieron implicados "catorce intermediarios financieros en Suiza". En mayo de 2013, un mes antes incluso de que actuaran contra las que tenía Luis Bárcenas en el país helvético, las autoridades de Berna bloquearon los depósitos de todos ellos, algunos abiertos formalmente a nombre de empresas registradas en paraísos fiscales o de fundaciones 'pantalla'.
Documentos judiciales suizos destacan la existencia de un "flujo financiero" de más de un centenar de transferencias realizadas desde 2003 en las cuentas de los cabecillas de la trama
Esta decisión fue comunicada a los afectados por la propia entidad en la que tenían sus fondos, la mayoría el BNP Paribas. De hecho, al menos uno de los afectados inició entonces trámites judiciales en el país helvético para revertir esta situación, aunque sin éxito. El Tribunal Penal Federal argumentó en el fallo en el que rechazó definitivamente su pretensión precisamente que los movimientos financieros de la cuenta bloqueada revelaban que se habían hecho transferencias con otros depósitos sospechosos de cobijar dinero "originado en la corrupción". En aquel momento, con la investigación en España recién iniciada, la Justicia helvética insistía en la necesidad de salvaguardar la información contenida en el procedimiento "a la vista de su carácter internacional, el largo periodo [desde 2003] durante el cual se han desarrollado los hechos, el número de transacciones a dilucidar, la complejidad de las estructuras financieras y el número de personas físicas y jurídicas afectadas".
El fallo recalcaba también que había un "riesgo concreto" de malograr las investigaciones si se daba acceso a las mismas a los titulares de las cuentas bloqueadas. "Después de haber consultado el sumario y tomado conocimiento de los hechos precisos que contiene, las personas implicadas podrían contactar con otras personas relacionadas con el caso y todavía no identificadas y hacer desaparecer las pruebas", recalcaban los magistrados helvéticos para explicar su negativa. Un mes después de este último fallo, las autoridades suizas remitieron a la Fiscalía española una comunicación en la que la informaba por primera vez de la existencia de "varios terceros (personas físicas y jurídicas)" que habían "intervenido activamente" en transferir algo más de 5 millones de euros a las cuentas en el BNP Paribas y el UBS de Ginebra abiertas a nombre de Marjaliza, Granados y sus empresas 'pantalla'.
Anticorrupción elaboró entonces un informe, fechado el 11 de junio de 2014, en el que ya recogía la sospecha de que dichos movimientos de fondos estaban relacionados con operaciones de blanqueo de capitales "gracias al mecanismo de compensación". En el mismo sólo se mencionaban entonces a cinco empresarios españoles. Ahora, sin embargo, esta cifra se ha elevado a cerca de una veintena de sospechosos. El hotelero valenciano es, por ahora, el último imputado en una línea de investigación que aún permanece secreta.
