El juez que instruye el 'caso Gürtel', Pablo Ruz, ha pedido información a los peritos de Hacienda sobre si existió delito contra la Hacienda Pública desde 2007 por parte del PP y de las personas que percibieron dinero de la denominada 'caja B' de la formación. Asimismo, solicita a los peritos de la Intervención General del Estado que informen sobre si existen vinculaciones entre donaciones supuestamente recibidas por el Partido Popular, procedentes de imputados en la causa, y contrataciones a las empresas que representaban por parte de administraciones públicas gobernadas por los 'populares', lo que podría constituir delitos de cohecho.
Ante la documentación recabada por el juzgado, Ruz ha decidido pedir a los peritos judiciales de la Administración Estatal de la Agencia Tributaria y de la Intervención General del Estado los citados informes que determinarán si existen los citados delitos. A los primeros, los de Hacienda, les pide que determinen la p osibilidad de delitos contra la Hacienda Pública en relación con las "obligaciones fiscales" del PP sobre el Impuesto de Sociedades y el IRPF para los ejercicios fiscales de 2007 en adelante, ya que los anteriores han prescrito.
Ruz consulta también sobre los icumplimientos de personas físicas y jurídicas que supuestamente recibieron sobres con dinero de la 'caja B' para los mismos ejercicios, teniendo en cuenta además el IVA. Los peritos deberán calcular en sus informes las cuotas que procedan en cada caso, es decir, qué cantidades se pudieron defraudar. En este sentido, el instructor apunta en concreto que estudien el caso de Gonzalo Urquijo, el arquitecto que reformó la sede popular y que podría haber cobrado por esta tarea en dinero negro.
En el segundo bloque de informes el titular del juzgado pregunta a la Intervención si hubo vinculación "entre las cantidades dinerarias supuestamente percibidas por el PP" a través de los imputados Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas (los dos extesoreros del partido incriminados en la causa) y contratos concedidos por las administraciones públicas controladas por esta organización de las que hayan resultados beneficiadas las sociedades donantes.
Ruz confirma fianza de 43,2 millones
Asimismo, el juez han resuelto rechazar el recurso que ante él presentó el extesorero del PP Luis Bárcenas, en prisión preventiva por esta causa, en contra de la fianza, para cubrir sus eventuales responsabilidades civiles, de 43.250.000 euros. El rechazo por parte del juez, que era previsible porque Ruz ya tomó esta decisión, abre el plazo de diez días que el magistrado concedió para que Bárcenas deposite la fianza citada, pues de no hacerlo podría acordarse el embargo de sus bienes.
En su recurso de reforma, la defensa del exsenador popular calificaba de improcedente esta cuantía y reprochaba al magistrado su pretensión de lucro indebida y desmedida por la imposición de un recargo de un 25 por ciento de la cantidad defraudada en concepto de intereses.
En su auto, el juez Central de Instrucción número 5 rechaza todas las alegaciones de la defensa, negando la prescripción de los delitos fiscales imputados a Bárcenas y también la improcedencia de la cantidad correspondiente a 2006, que se le impone como cooperador necesario en el delito fiscal de su esposa, la también imputada en la causa Rosalía Iglesias.
