El juez Pablo Ruz sigue adelante con la investigación de los papeles secretos de Luis Bárcenas. El titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional ha dictado este viernes un auto en el que no sólo se muestra dispuesto a tomar la delantera a su compañero Javier Gómez Bermúdez en la investigación de la supuesta contabilidad B del Partido, sino que da el primer paso para 'desnudar' las finanzas de Génova 13 entre los años 1990 y 2011. En su escrito de ayer, el magistrado cita a declarar como imputados para el próximo 21 de marzo al extesorero del PP y a su antecesor en el cárgo, el octogenario Álvaro Lapuerta, a los que, además, tomará ese día una muestra de su escritura para que los expertos policiales puedan concluir si son o no los autores de las polémicas anotaciones de donaciones al partido y pagos de sobresueldos. Para entonces, el juez espera tener ya sobre su mesa la numerosa documentación que ha reclamado a la Agencia Tributaria, al Tribunal de Cuentas y al propio PP sobre las cuentas de la formación política, en especial, lo relativo a las donaciones recibidas en los últimos 20 años.
El magistrado ha pedido a la Agencia Tributaria, al Tribunal de Cuentas y al propio PP abundante documentación sobre las cuentas del partido y, sobre todo, de las donaciones recibidas en los últimos 20 años
En concreto, Ruz solicita a la actual tesorera del PP, Carmen Navarro, la identidad de las personas que han ocupado desde 1990 los cargos de "tesorero, gerente y jefe de contabilidad del Partido Popular", así como los movimientos de la cuenta denominada "donativos del Partido Popular" con el detalle de los ingresos y gastos habidos entre 1990 y 2011. También le exige que identifique "la cuenta o cuentas bancarias destinadas al ingreso de las donaciones recibidas" en ese mismo periodo de tiempo, así como "el desglose de las cuentas de cajas y bancos, éstas por entidades" de esos 21 años. A la Agencia Tributaria, y en concreto al departamento de informática de la misma, le ordena que también en cinco días le haga llegar "la información sobre las retenciones e ingresos a cuenta presentada" por el PP.
El juez también le exige que aclare por qué este organismo le remitió el pasado 8 de marzo un escrito en el que aseguraba que no le podía facilitar numerosa información que le había solicitado, entre ella el lista de donaciones realizadas y recibidas por la formación política entre 1990 y 2002, los cheques cobrados en efectivo, la declaración de ingresos y pagos en sus relaciones con terceros, y las declaraciones de IVA e impuesto de sociedad en formato digital. Además, solicita al Tribunal de Cuentas, como ya hizo la Fiscalía Anticorrupción hace un mes, que le envíe la contabilidad presentada por el PP en los ejercicios 1990 a 1999, las comunicaciones de las donaciones recibidas entre 1990 y 2011 y la identificación de las cuentas destinadas al ingreso de dichas cantidades en ese periodo de timepo.
'Cuerpo de escritura'
Junto a la contabilidad, el juez inicia la investigación sobre la supuesta contabilidad secreta del PP dando especial importancia a las pruebas caligráficas que el mismo día de su próxima declaración hará a Bárcenas y Lapuerta. En concreto, anuncia que se les tomará una muestra indubitada de 'cuerpos de escritura' para compararlos con las anotaciones que aparecen en los papeles hechos públicos por El País. En este sentido, el magistrado se cura en salud y, ante la posibilidad de que el extesorero del PP vuelva a forzar la letra para evitar la prueba como supuestamente hizo cuando acudió a declarar ante la Fiscalía, también solicita al Senado que le remita "a la mayor brevedad las declaraciones originales de Bienes Patrimoniales presentadas por Luis Bárcenas Gutierrez", documentos que éste rellenó de su puño y letra como reconoció en su declaración en la Audiencia Nacional del pasado 25 de febrero.
Un día antes de que ambos extesoreros acudan ante el juez, Ruz ha citado como testigos al director de El País, Javier Moreno, y al exdiputado del PP Carlos Mantilla, quien el pasado 1 de febrero reconoció en un progama de Radio Galega que los dirigentes de su partido habían cobrado sobresueldos en dinero negro durante años. Por último, el juez solicita a la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de la Agencia Tributaria y a la Intervención General que asignen a dos funcionarios de cada organismo al juzgado para comenzar a analizar la ingente cantidad de documentación que ha solicitado. También designa al Grupo XXI de la Brigada de Blanqueo de Capital de la UDEF, el mismo que lleva el 'caso Gürtel', para que sean sus agentes los que lleven en peso de las pesquisas.
