El Juzgado de Instrucción número 1 de Nules (Castellón) ha abierto juicio oral contra el presidente del PP de la provincia de Castellón y expresidente de la Diputación, Carlos Fabra, y le ha impuesto una fianza de más de 4,2 millones de euros.
En la causa, abierta por cohecho, tráfico de influencias y fraude fiscal, también están acusados la esposa del dirigente popular, Amparo Fernández, y el empresario Vicente Vilar y su exesposa Montserrat Vives, según el auto facilitado hoy por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).
El titular del Juzgado de Instrucción de Nules, Jacobo Pin, ha impuesto una fianza de 4.270.859 euros a Fabra, de 1.718.192 euros para su esposa, y de 800.000 para Vilar y su exmujer.
Delitos fiscales entre 2000 y 2003
En diciembre de 2010, la Audiencia Provincial de Castellón acordó sobreseer la causa contra Fabra y su esposa por cuatro de los cinco delitos fiscales, supuestamente cometidos entre 2000 y 2003, que se siguen en el citado juzgado de Nules, por entender que habían prescrito.
Sin embargo, el pasado 1 de diciembre, el Tribunal Supremo revocó esa decisión y ordenó reabrir la causa por delitos fiscales contra el dirigente popular y su mujer, una medida que Fabra ha recurrido ante el Constitucional.
Pin, el noveno titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Nules desde que se abrió esta causa, ha decretado la apertura de juicio oral tras concluir el pasado 23 de diciembre la instrucción de la investigación abierta en 2003 contra Fabra, tras dos querellas presentadas contra él por el empresario Vicente Vilar.
El juez considera que hay indicios de que Fabra medió con las autoridades y funcionarios públicos para agilizar la tramitación y obtención de autorizaciones de productos fitosanitarios haciendo valer su condición de presidente de la Diputación.
Los acusados tienen un plazo de un día (que podría prolongarse hasta el lunes) para entregar la fianza requerida por el magistrado, y si transcurrido ese plazo no es depositada, se procederá a embargar los bienes de su propiedad en la cantidad necesaria para cubrir la suma fijada, a no ser que se acredite la insolvencia.
Además, las partes disponen de un plazo de diez días para presentar un escrito de conformidad o disconformidad con las acusaciones formuladas. Concluida la instrucción, la causa volverá a la Audiencia de Castellón, donde se iniciará el juicio en la fecha que fije el titular del Juzgado de Nules en su próximo auto.
Irregularidades en la concesión de licencias
En los antecedentes de hecho, el magistrado sostenía que Vilar era administrador de Naranjax, dedicada a productos fitosanitarios que eran a su vez sintetizados por la mercantil Arcavi, cuya titular era su entonces esposa, Monserrat Vives.
Naranjax tenía pendientes de aprobación varios productos por parte de los ministerios de Agricultura y de Sanidad, para lo cual se puso en contacto con el entonces presidente de la Diputación a través de su mujer, Amparo Fernández, que era amiga de Monserrat Vives.
A raíz de estas actuaciones Fabra celebró una reunión con el entonces ministro de Agricultura, Jesús Posada, el secretario de Estado de Hacienda Juan Costa, el diputado Juan José Ortiz y el senador Miguel Vicente Prim para tratar los retrasos en la concesión de licencias para los fitosanitarios e informar sobre el estado administrativo de los productos de Vilar y Vives.
Posteriormente, se aprobó la autorización para uno de los productos más importantes de Naranjax y, a consecuencia de esto, Carlos Fabra requirió a Vilar 25 millones de pesetas en metálico en reconocimiento de su mediación.
Fabra propuso a Vilar constituir una empresa que fuese titular de los registros que Naranjax fuese obteniendo de los ministerios de Agricultura y Sanidad y constituyeron la empresa Artemis 2000 SL, que fue comprada al 50 por ciento por Vives y Fernández.
Después, Fabra continuó su labor de mediación a favor de las empresas de Naranjax y Artemis 2000 ante autoridades y funcionarios públicos de la Administración central, con el objetivo de agilizar la concesión de licencias.
Fraude fiscal
Entre los ejercicios fiscales de 1999 y 2004, Fabra y su mujer obtuvieron ingresos que ocultaron a la Hacienda Pública y que no se correspondían con el patrimonio ni con la renta por ellos declarados, según el instructor.
Las cantidades defraudadas en ese periodo suman más de 880.000 euros por parte del expresidente y más de 580.000 por parte de su esposa.
La denuncia que originó estas diligencias fue presentada en diciembre de 2003 por Vilar y a raíz de la misma, Hacienda denunció a Fabra por supuestas irregularidades en la declaración de la renta de 1999, tras lo cual el juez ordenó investigar sus cuentas desde ese año hasta 2004.
