El Juzgado de Instrucción número 4 de Castellón ha abierto juicio oral al expresidente de la Diputación y del PP de esta provincia Carlos Fabra y los otros nueve acusados en el marco del procedimiento penal sobre el origen y la posible ocultación del patrimonio del político.
El magistrado ha requerido a los diez encausados para que presten una fianza conjunta y solidaria por importe de 1.375.276 euros a fin de asegurar las responsabilidades civiles que se les pudiera imponer en caso de sentencia condenatoria, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.
El auto señala a la Audiencia Provincial de Castellón como órgano para el enjuiciamiento y fallo de esta causa, en la que la Fiscalía y la Abogacía del Estado aprecian inicialmente la comisión de delitos de insolvencia punible y frustración de la ejecución, alzamiento de bienes, blanqueo de capitales y cohecho. El magistrado ha decretado también la apertura de juicio oral para seis mercantiles como personas jurídicas.
Delitos fiscales
El pasado mes de abril el instructor dictó auto de procesamiento contra Fabra al entender que existen indicios que apuntan a que ocultó su patrimonio ante la Justicia y la Administración Tributaria para impedir la ejecución de su condena por delitos fiscales, percibió sobornos y blanqueó dinero.
La causa está dirigida también contra la mujer del político, María Desamparados Fernández; dos de sus hijos (Borja y Claudia), un yerno (Fernando) y cinco empresarios, entre ellos, el presidente del Grupo Pamesa y del Villarreal CF, Fernando Roig, y su hijo, y Miguel Pérez Ferrer.
La Fiscalía Especial Contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada solicita 12 años de prisión para Fabra, al que acusa de insolvencia punible y de frustración de la ejecución, blanqueo de capitales y delito continuado de cohecho. Además, el ministerio público pide para el exdirigente del PP multas que suman más de tres millones de euros, así como la suspensión para empleo o cargo público por el mismo periodo.
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