Entre aplausos, abrazos y besos. Así han sido recibidos por sus compañeros Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer, quienes este lunes han sido juzgados por la Audiencia Provincial de Madrid por los presuntos delitos de malversación y prevaricación. Ambos han escenificado unidad antes de entrar pero luego sus declaraciones antes el tribunal han discurrido por caminos distintos.
El Grupo Municipal del PP ejerce la acusación mientras que la Fiscalía apuesta por archivar el procedimiento. Los 'populares' presentaron esta querella en 2017 al considerar que ambos, y la exconsejera delegada de Madrid Destino Ana Varela, encargaron "a dedo" y "sin publicidad" informes por valor de 50.000 euros a dos equipos de abogados externos para buscar posibles irregularidades del Open de Tenis durante el mandado de Alberto Ruiz Gallardón.
El juicio de este lunes comenzó con retraso porque los abogados de los tres investigados, Mato, Mayer y Varela, pidieron a los tres magistrados de la sección Séptima el sobreseimiento de la causa. Un archivo que ya reclamó la Fiscalía de Madrid al entender que no se había cometido ningún delito. Algo que fue rechazado por el tribunal.
Sánchez Mato: fue por "exceso de celo"
Los dos actuales asesores de Irene Montero han sido los últimos en declarar, antes de la lectura de la documentación con los que el caso queda visto para sentencia. Sánchez Mato se ha reafirmado en su decisión de pedir los informes externos.
Ha asegurado que las irregularidades costaban dinero público. "A mí el dinero público me duele que no se puede ni imaginar", ha añadido. El exconcejal pidió explicaciones, "muchas más de las que aparecen en el sumario", porque es "escrupuloso".
"Si algo me duele es pedir informes a despachos teniendo asesoría jurídica propia. Si algo se hizo fue un exceso de celo. Tenía la obligación de hacerlo", ha lamentado. Además, ha valorado que "cualquier ciudadano" con la información con la que contaban hubiera acudido a la justicia.
Mayer: estaba de baja
Por su parte, Celia Mayer ha recordado que lo primero que hizo en relación al Open de Tenis fue tener que firmar el reparto de asiento y de la zona de copas. Por esta razón reclamó el reparto de ocasiones anteriores para ver cómo se había hecho pero no encontró nada. No ha querido decir que fueran "irregularidades" pero sí que no les daba seguridad la situación.
Se ha desmarcado de la contratación de los abogados ya que estuvo de baja de maternidad y no participó en los informes. También ha negado haber dado a Ana Varela instrucciones sobre lo que tenía que hacer. Tanto Mato como Mayer han solicitado la imposición de las costas del juicio al Grupo Municipal del PP por "mala fe".
Los primeros en declarar este lunes fueron varios miembros y el director de los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Madrid. Todos coincidieron en señalar que los acusados les plantearon dudas, sobre todo en el aspecto económicos, en el convenido del Consistorio con la empresa del Open de Tenis. Unas irregularidades que ellos no vieron, al menos en el terreno jurídico. Los informes no eran vinculantes.
Los abogados cumplían los requisitos
También ha declarado como testigo la vocal asesora en el gabinete de Manuela Cardena, Lourdes Menéndez, a quien se dirigió Mato y Meyer por su preocupación "legítima" sobre este contrato para las arcas públicas. En la misma línea, Ana Yañez, que era la directora del área legal de Madrid Destino, dijo que había "dudas" sobre la legalidad de pagar una factura de cinco millones de dólares que no tenía soporte documental.
Yañez explicó que como en su departamento no había ningún experto en la materia les pareció necesario consultarlo con otro bufete de abogados. Consideraron que los nombres de los abogados propuestos por Ana Varela cumplían con los requisitos establecidos en la normativa.
Posteriormente, testificó, Joaquín de Fuentes, uno de los despachos de abogados contratados. A este equipo se les pidió un análisis técnico de las relaciones contractuales de Madrdi con una empresa española, pero con capital en el extranjero, desde 2001 a 2007. Alegaron que no hacían trabajos con responabilidad penal pero enviaron sus conclusiones con la documentación que les habían enviado desde Madrid Destino. Detectaron que había un cambio en la contratación entre 2009 y 2010 por parte de la empresa extranjera.
Dudas sobre el convenio
También ha sido llamado a declarar Daniel Vázquez, que era coordinador General de Emergencias en Madrid, y que estuvo en la UDEF. Este responsable municipal analizó la información y consideró que había dudas en el expediente de contratación. Unas dudas que también han expresado el abogado Jesus Galache, otro de los testigos, que afirmó que no quedaba muy clara la contraprestación por el pago.
Una de las investigadas por este caso, Ana Varela, aseguró que tenía dudas sobre este convenio y se lo comentó al resto de sus compañeros porque "hay cosas que no se pueden hacer". A su juicio, los informes jurídicos no aclaraban muchas de las cuestiones del convenio y por ello encargaron otros con el objetivo de conoer los términos del acuerdo.
"Los querellados decidieron presentar la denuncia en la Fiscalía con los informes elaborados por los despachos de abogados elegidos por ellos para redactar la misma y que no realizaban un análisis completo de los informes que fundamentaban las decisiones adoptadas por los responsables del Ayuntamiento en la fecha en la que se firmaron los contratos y contra los que presentaban la demanda", recogía el auto de incoación de procedimiento abreviado.
El alcalde del Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha pedido que la portavoz del grupo municipal Más Madrid, Rita Maestre, de la cara por este caso. Ha insistido en que los mismos que piden responsabilidades y "gritan atropelladamente" por el caso mascarillas son los que "callan" cuando dos "compañeros suyos se sientan en el banquillo de acusados", y ha recordado que Maestre, hace cinco años, dijo que esto era una "maniobra orquestada por poderes mediáticos, judiciales y políticos contra el Gobierno de Más Madrid".
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