Según han confirmado a Europa Press fuentes de la investigación, la defensa de los exconsejeros Carles Mundó y Dolors Bassa --ambos de ERC-- y Raúl Romeva ha presentado sendos escritos ante el Juzgado Central de Instrucción número 3 en el que solicita la libertad de los políticos catalanes, que se encuentran en las prisiones de Estremera, en el caso de los varones, y de Acalá Meco en el caso de Bassa.
La magistrada Lamela acordó, de acuerdo con el criterio de la Fiscalía, el ingreso en prisión sin fianza para Oriol Junqueras y otros ocho exconsejeros ante alto riesgo de reiteración delictiva y de fuga. Todos ellos, a excepción de Santi Vila, se negaron a responder a las preguntas del Ministerio Público centrando el interrogatorio en las cuestiones planteadas por sus abogados.
En su auto, de 19 páginas, la juez señaló que adoptaba esta medida cautelar porque su poder adquisitivo les permite "abandonar fácilmente el territorio español y subsistir en el extranjero". También cobró especial importancia para la juez el cargo público ostentado por los acusados gracias al cual impulsaron el proceso independentista, según expuso.
RIESGO DE FUGA
También les recordó que algunos querellados en esta causa que investiga la Audiencia Nacional ya se han desplazados a otros países "eludiendo las responsabilidades penales" en las que puedan haber incurrido, en clara referencia aunque sin citarle al expresidente catalán Carles Puigdemont y otros cuatro exconsejeros que permanecen en Bruselas.
Junqueras y el resto de exconsejeros se enfrentan a penas que pueden alcanzar los 25 años de prisión por delito de rebelión, quince por sedición y ocho años por delito de malversación, que puede elevarse incluso a diez en caso de que se haya producido falseamiento de la contabilidad.
El pasado viernes, Andreu Van den Eynde, el abogado del exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y de los exconsellers de ERC, denunció a su salida de la prisión de Estremera que las condiciones de traslado de los acusados "no fueron las adecuadas".
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