El traspaso de las competencias migratorias a Cataluña suscrito entre el PSOE y Junts tiene una joya de la corona oculta, especialmente codiciada por los independentistas catalanes. Se trata de la base de datos de la Policía Nacional, en el desempeño de sus funciones de Extranjería, con los nombres de todos los inmigrantes que actualmente residen en territorio catalán. Un listado al que actualmente no pueden acceder los Mossos d’Esquadra y que se transferiría al Gobierno autonómico en caso de ejecutarse el pacto fraguado esta semana entre Pedro Sánchez y el partido de Carles Puigdemont.
La Policía Nacional, en el desempeño de sus competencias exclusivas en materia migratoria, dispone de una base de datos con los inmigrantes que residen en España, tal y como establece la normativa sobre Extranjería. En ella figuran los datos de filiación, nombres y apellidos, país de procedencia y situación administrativa en la que se encuentran en territorio nacional.
Por su parte, los Mossos d’Esquadra son ajenos a estos datos. La información de la que disponen se basa en las identificaciones que realicen en la vía pública ante actos delictivos, alimentando así una base de datos interna que nunca estará completa. Además, para poder completar determinados trámites policiales que linden con asuntos relacionados con Extranjería, deben transferirlos a la Policía Nacional, en cumplimiento con las competencias atribuidas a cada cuerpo, indican fuentes del sindicato Jupol a Vozpópuli.
Según los datos de los que dispone la Generalitat de Cataluña, en la comunidad autónoma hay alrededor de 1,3 millones de personas extranjeras en situación regular, lo que supone más de un 16% de la población total de la región. El Gobierno catalán también dispone de un censo por localidades. Sin embargo, la base de datos de Extranjería de la Policía Nacional dispone de información mucho más específica. Y la cesión de esas competencias acarrearía las llaves de ese listado.
La gestión de los asuntos migratorios se ha convertido en una prioridad de primer orden del independentismo catalán. Destacan discursos como el de la alcaldesa de Ripoll, Sílvia Orrols, de Aliança Catalana, quien apuesta abiertamente por la “expulsión definitiva” de los inmigrantes al “Estado español”. Y ahora Junts ha abierto las puertas a conseguir estas competencias a cambio de su abstención en la votación de los dos últimos decretos ley del Gobierno de Pedro Sánchez.
Otras comunidades autónomas, como País Vasco o Islas Canarias, también han interpelado a Moncloa sobre la posibilidad de adquirir las mismas competencias. Sin embargo aún existen versiones dispares sobre cómo se realizaría el traspaso de esta materia a Cataluña y el alcance de la misma.
Diferencias sobre el acuerdo
Desde el PSOE tratan de minimizar el acuerdo. El Ministerio del Interior, a través de la Dirección General de la Policía, ha trasladado a los sindicatos de la Policía Nacional que en ningún caso habrá una cesión de las competencias migratorias a Cataluña. Junts, no obstante, asegura que la transferencia será “absoluta” y que dotará al Gobierno autonómico de las capacidades necesarias para gestionar los “flujos migratorios” en la región.
Pero ni siquiera hay acuerdo en el independentismo catalán. ERC, que actualmente dirige el Ejecutivo autonómico con Pere Aragonès como presidente, se ha opuesto a centrar su política en asuntos migratorios. “Abrazar los discursos de la extrema derecha que criminalizan a las personas migrantes, lejos de resolver las situaciones de pobreza y exclusión, pone en riesgo la cohesión social, un país compartido con todo el mundo que vive y su incorporación al proyecto nacional”, argumentó Oriol Junqueras a través de sus redes sociales.
Inquietud en la Policía
El pacto, no obstante, ha causado una honda preocupación en el seno de la Policía Nacional. Como contó este diario, en Cataluña hay destinados actualmente 3.423 uniformados de azul: 2.578 en la provincia de Barcelona, 352 en Gerona, 180 en Lérida y 313 en Tarragona. Destacan funciones relacionadas con Policía Judicial o Información, con una dedicación destacada a cuestiones de terrorismo yihadista.
La Policía Nacional, además, desempeña en exclusiva funciones de tramitación de documentación -Documentos Nacionales de Identidad o pasaportes-, Extranjería y Fronteras, y protección de edificios administrativos estatales. Además se les encomienda el apoyo a los Mossos d’Esquadra en cuestiones de orden público en caso de que el cuerpo autonómico no sea capaz de asumir por sí solo la situación, como en las algaradas del referéndum ilegal de 2017 o tras la sentencia del procés, en 2019.
Arrebatar las materias migratorias y fronterizas vaciaría en buena medidas las competencias exclusivas que desempeña la Policía Nacional en Cataluña. Los sindicatos policiales denuncian que esta decisión supone una merma sustancial en sus capacidades que conllevaría la reducción de su plantilla en la región, en línea con el anhelo independentista de reducir al mínimo la presencia de Policía, Guardia Civil y Fuerzas Armadas.
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