Las negociaciones entre los partidos independentistas avanzan, pero el principal escollo es sobre quién recaerá la presidencia del Parlament. La CUP, por primera vez, se ha abierto a adquirir responsabilidades institucionales y ERC ve con buenos ojos que dirijan el órgano rector de la Cámara catalana. Sin embargo, Junts considera que les corresponde a ellos como segunda fuerza más votada dentro del bloque independentista.
Todo apunta a que el acuerdo llegará a último momento, antes del 12 de marzo y con el fin de evitar una nueva convocatoria electoral. Fuentes del partido de Carles Puigdemont explican a Vozpópuli que ven "difícil" ceder la presidencia de la Cámara autonómica, y que solo están dispuestos a renunciar en el caso de que se incremente "su peso en el Govern" y que tengan bajo su "control" la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA).
Otra de sus línea rojas -aunque públicamente tratan de matizarlo- es que el futuro Gobierno de la Generalitat debe ser "100% independentista". Sin la presencia de En Comú Podem. Es decir, sin la "vía amplia" que preconiza ERC para sumar a distintas sensibilidades en el proyecto rupturista. Y en sintonía con la presión que ejerce la ANC para que se configure un Govern solo independentista.
Control de TV3
La consigna de la dirección es "no atacar" al resto de formaciones independentistas y mantener "la discreción" para no torpedear las negociaciones. El Consejo de Gobierno de la CCMA, del que dependen principalmente TV3 y Catalunya Ràdio, es uno de los 20 organismos de la Generalitat que agotó el mandato y que no se ha renovado por la falta de acuerdo político.
Desde Junts se han quejado en varias ocasiones del "sesgo" a favor de ERC de algunas de sus principales producciones. Aunque el director de la cadena pública, Vicent Sanchis, se le ubica en la área de influencia del partido de centroderecha nacionalista, creen que no se refleja en el día a día televisivo.
Como informó Vozpópuli, Junts también quiere "lucir gasto" y por eso quiere volver a tener en sus manos la consejería de Educación o la de Sanidad. Esta última, pese a que está en el centro de las polémicas por el papel principal y delicado que tiene durante la crisis sanitaria, también permite realizar desembolsos muy visibles, como son la apertura de Centros de Atención Primaria (CAP) en todo el territorio.
En la nueva legislatura, ERC ostentará con toda probabilidad la Consejería de Interior -que hasta la fecha estaba en manos de Junts- y podría cambiarle el nombre por Consejería de Seguridad Pública. También se espera la creación de nuevos Departamentos, como el de Feminismo (también bajo el control de los de Pere Aragonès).
Presidencia del Parlament
La opción de que la CUP presida el Parlament ha levantado ampollas en diversos sectores de la sociedad catalana. Aunque el PSC ha anunciado que se presentará, no ostenta los votos para imponerse. Ante este escenario los empresarios consideran que el "mal menor" sería que los comuns relevarán a los anticapitalistas en el órgano rector de la Cámara catalana.
Otros sectores más moderados del nacionalismo catalán también coinciden con los empresarios en que la inclusión de la CUP en la ecuación -ya sea en el Ejecutivo o en la Cámara autonómica- puede volver a situar a las instituciones catalanas en un escenario como el de 2017.
Es decir, aprobando leyes de dudosa legalidad o abriendo el frente judicial por llevar en la sede parlamentaria asuntos que contravengan los requerimientos del Tribunal Constitucional.
La propuesta de resolución del martes 2 de marzo presentada por ERC, Junts y la CUP para dar apoyo a los miembros de la Mesa del Parlament de la anterior legislatura contra la decisión de la Fiscalía Superior de Cataluña de querellarse contra el órgano rector por llevar a debate la autodeterminación de Cataluña y la monarquía -asuntos donde no tienen competencia- deja entrever que los tres partidos independentistas no eludirán el choque con las instancias judiciales.
La inhabilitación de Laura Borràs
En el horizonte próximo de la política catalana está la más que probable inhabilitación de Laura Borràs por su presunto caso de corrupción cuando estaba al frente de la Institución de las Letras Catalanas.
La candidata de Junts quiere afrontar su juicio con la mayor exposición pública. Ya sea con una vicepresidencia bien visible en el futuro Govern o con la presidencia del Parlament que la eleve a una suerte de nueva Carme Forcadell que ha sufrido la "represión" del Estado. Esta variable también está en juego durante las negociaciones.
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