El plan de acción de Moncloa con la prensa genera recelos entre juristas y catedráticos que no solo dudan de la efectividad de las medidas, sino de la intención real de la mismas. Al respecto consideran que las más de treinta iniciativas que el Gobierno dio a conocer este martes en rueda de prensa, buscarían ocultar la verdadera finalidad de la reforma, que no es otra que controlar la financiación pública de los medios.
Voces expertas consultadas por Vozpópuli explican que el bautizado como 'Plan de acción por la democracia' es ambiguo por cuanto que apunta a una reforma integral del Código Penal sin que se especifique exactamente el objetivo de la misma.
"Plantean reformar el Código Penal, pero no en el sentido. Esto va a restringir la libertad de expresión. Presentarán muchas medidas para disfrazar la importante, que es la relativa a la financiación de los medios. Es la vieja política de matar al mensajero", rezan dichas fuentes.
Reforma "íntegra" del Código Penal
Otras sostienen que estos cambios se entienden como una "declaración de intenciones" de Moncloa, teniendo en cuenta que algunas de las iniciativas anunciadas incluyen la creación de una ley del secreto profesional de los periodistas; norma recogida en la Constitución de 1978 y cuya creación lleva incumpliendo el legislador más de cuarenta décadas.
El plan del Gobierno cuenta con una treintena de medidas divididas en tres ejes que controlará el propio Ejecutivo. El primero de ellos contempla la creación de una autoridad que protegerá al informante además de la reforma de la ley de secretos oficiales; mientras que el último apuesta por endurecer las sanciones a los partidos que no presenten sus cuentas "de manera adecuada".
El segundo punto es el determinante, ya que recoge la creación de un registro de medios -que se encarga a la CNMC- a los que se les obligará a publicar anualmente su inversión publicitaria. También establece límites a la publicidad institucional e impulsa una 'Estrategia Nacional de lucha contra las campañas de desinformación', que igualmente controlará el Ejecutivo.
En este sentido se apunta a una reforma "integral" del Código Penal en lo relativo a la libertad de expresión y a la creación artística, cuando se refiera a las instituciones del Estado, a delitos contra sentimientos religiosos o de escarnio público. Del mismo modo se anticipa la reforma de las leyes orgánicas del derecho al honor y del derecho de rectificación.
"Adefesios jurídicos"
En relación con estas últimas, las fuentes consultadas advierten de la dificultad de sacar adelante la reforma de una ley orgánica ya que requiere de la mayoría absoluta del Congreso (la mitad más uno). Además, matizan que tanto la ley de 1982 de protección civil del derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen, como la ley de 1984 que regula el derecho de rectificación ya son especialmente garantistas en cuanto a la protección a los ciudadanos.
El Gobierno, por contra, entiende que la legislación sobre el derecho al honor ha quedado obsoleta, ya que no podía prever el ecosistema actual de medios y los avances digitales. Con todo, son numerosas las sentencias del Tribunal Constitucional en las que se determina que, aunque la libertad de información no es un derecho ilimitado, sí goza de una protección especial cuando colisiona con el honor, si dicha información tiene relevancia pública.
En ese sentido, otras fuentes entienden que estas reformas 'menores' también tienen un efecto nocivo, puesto que lejos de establecer más garantías, la reforma puede ir encaminada a reducirlas con el foco puesto siempre en la libertad de información y expresión. "Cerrar el grifo de la financiación y cercenar la libertad de expresión puede ser una pinza perfecta para combatir a medios contrarios", aseguran.
Cabe recordar que el Tribunal Constitucional ha reconocido en su jurisprudencia el valor de la libertad de expresión y de información como derecho clave para formar la opinión pública en sociedades democráticas.
Por ello, las voces consultadas se muestran escépticas con la reforma del Gobierno de Pedro Sánchez y vaticinan que podría reducir los estándares de protección, siempre desde la perspectiva de este derecho fundamental recogido en el artículo 20.d de la Constitución.
Con todo, la inconcreción de las reformas anunciadas deja incógnitas en el aire, especialmente en lo relativo a la reforma del Código Penal. Aunque el Gobierno no ha concretado en su anuncio los cambios en la libertad de expresión cuando se refiera a las instituciones del Estado, Sumar mantiene que se incluirá la derogación del delito de injurias a la Corona.
