"Queremos sacar esta cuestión de los tribunales de Justicia. Lo estamos intentando a través de una ley de amnistía que, por cierto, evitaría todo lo que supone para el sistema judicial español proseguir con todo esto. Ahorrémosle el trabajo a la Justicia, que muy sobrada de recursos tampoco está", estas han sido las declaraciones de este viernes de Óscar Puente sobre la proposición de ley de la amnistía. Las palabras del ministro de Transportes ha generado un aluvión de críticas en el seno del Poder Judicial.
Magistrados como María Jesús de Barco arremeten contra las "desafortunadas" apreciaciones de Puente sobre su trabajo y sobre los recursos de los que dispone la Justicia. La presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura comenta a Vozpópuli que las palabras del ministro son "un desprecio absoluto al Estado de Derecho".
La decana de los juzgados de Madrid envía un mensaje claro: "No queremos que nos digan que dejemos de aplicar la ley. Lo que pedimos son medios que permitan el correcto funcionamiento de la Justicia y que ayuden a agilizar los procedimientos".
En esta misma línea, Fernando Portillo, presidente de Foro Judicial Independiente, comenta que la intervención del exalcalde de Valladolid supone "una falta de respeto al Poder Judicial y a la esencial función jurisdiccional" que desempeñan los jueces y los magistrados. "Nosotros no necesitamos amnistías para descargarnos de trabajo. Necesitamos medios, de cuya carencia el Gobierno es en parte responsable, junto con las comunidades autónomas con competencias transferidas", añade.
La visión de Puente sobre la amnistía "desautoriza" la función de los jueces
"Ya puestos, que deroguen el Código penal y seguro que nos quitan mucho trabajo", comenta el decano de los juzgados de Melilla. Portillo pide que el Ejecutivo les proporcionen "mejores herramientas legales, pero no atajos dirigidos a lograr la impunidad de unos pocos".
El magistrado Joaquím Bosch se muestra más prudente en sus declaraciones, pero añade que la cuestión de la amnistía debe valorarse desde un punto de vista de concordancia social o política, no desde los beneficios que aporta al sistema judicial. "Por esa regla de tres no sé perseguiría ningún delito", señala.
Al otro lado, en el Partido Popular ven a Óscar Puente como un figurante que "sólo está para decir ocurrencias e insultar" y defienden que la ley de amnistía "desautoriza y deslegitima" la función de los jueces. Además, hacen especial hincapié a la referencia del ministro de sobre el deseo de que "la ley fuera de aplicación automática", algo "radicalmente inconstitucional".
Fuentes de Vox califican las palabras del representante socialista como una forma de trivializar "los graves problemas que en cuestión de personal, y medios materiales, arrastran nuestros tribunales, con su negativo impacto para el derecho a una justicia rápida de nuestros ciudadanos".
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