El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha citado a declarar como imputado al exsecretario de Hacienda de la Generalitat, y ahora diputado de ERC, Josep Lluís Salvadó, como presunto autor de los delitos de malversación de fondos públicos, revelación de secretos y desobediencia grave, según el auto al que ha tenido acceso Vozpópuli, que le atribuye de forma literal un papel preponderante en "la hoja de ruta prevista para alcanzar la independencia de Cataluña por la vía unilateral, contra las sentencias y mandatos del Tribunal Constitucional".
De esta forma el TSJ de Cataluña, que es el competente para investigar a los diputados del Parlament, acuerda investigar a Salvadó pocos días antes de que se conozca la sentencia redactada por el presidente de la Sala Segunda Tribunal Supremo, Manuel Marchena, sobre el procés.
En concreto, la magistrada de la Sala de lo Civil y Penal del TSJ catalán Maria Eugenia Alegret Burgués considera que Salvadó, que según los informes de la Guardia Civil fue el 'arquitecto' del Estado catalán, "trabajó de forma intensa en el diseño de las llamadas estructuras del Estado que debía conformarse tras las elecciones legislativas celebradas en el año 2015", según especifica la resolución judicial que cita a Salvadó como investigado el 19 de noviembre.
Josep Maria Jové
En la resolución judicial la magistrada, que acepta la exposición razonada de la titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, recuerda además que Salvadó, que era el número dos del ex secretario general de la Conselleria de Vicepresidencia, Economía y Hacienda, Josep Maria Jové, fue el máximo responsable de desplegar los trabajos para crear la Hacienda de la república catalana.
En concreto, en cuatro áreas, que según la magistrada era las de "sostenibilidad económica y financiera y financiación del nuevo Estado, Banco Central de Cataluña, supervisión del sistema financiero y autoridad de la competencia, incluyendo la necesidad de desplegar dotaciones presupuestarias para crear una Hacienda propia con la que recaudar y gestionar determinados impuestos ajenos al ámbito de la competencia de la Comunidad Autónoma".
La Guardia Civil y la Policía basa sus investigaciones en la documentación requisada en los registros, pero también en los correos electrónicos y conversaciones telefónicas intervenidos, a los que ha tenido acceso Vozpópuli.
"Defensa" y "Aduanas"
Según la Guardia Civil, durante el registro de la oficina de Salvadó llevado a cabo el 20 de septiembre de 2017 los agentes descubrieron en los correos electrónicos documentación "significativa" vinculada a la intención de la Generalitat de hacerse con las competencias de "Defensa", "Seguridad" y "Aduanas".
En uno de esos mensajes se incorporaba un archivo PDF que era "un estudio dirigido a la conveniencia de la creación tras la declaración de la independencia, de un Ejército destinado a la defensa de la República Catalana ante, entre otros riesgos, el que podría provenir del Estado español", según un informe de la Guardia Civil de 1 de febrero de 2018.
Salvadó también participó en la redacción o supervisión de las leyes y normas de desconexión que la Generalitat aprobó, siempre según la investigación de la Guardia Civil, que destacan que la inversión económica que el Gobierno catalán destinó a la Agencia Tributaria Catalana superó "las necesidades reales" de Cataluña.
Organizó el referéndum
Finalmente, la magistrada del TSJ catalán Maria Eugenia Alegret Burgués alude a la presunta participación de Salvadó "en la organización del referéndum ilegal del día 1 de octubre, del conocimiento de la existencia del envío de tarjetas censales a los ciudadanos así como documentos encomendándole la coordinación de los escenarios posteriores a dicho referéndum".
La Generalitat presidida por Carles Puigdemont encargó a la firma IBM que diseñara una sistema informático, lo que según la Guardia Civil "supuso un gasto pagado con fondos públicos de 241.383 euros", a los que hay que añadir otros 16.000 euros que tuvo que pagar el Gobierno catalán para que IBM desactivara el sistema tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución,
"Con dicho mecanismo se pretendía, en una primera fase, mediante convenios de colaboración entre la Agencia Tributaria Catalana, Ayuntamientos y entes públicos autonómicos, que estos ingresasen los impuestos estatales y cotizaciones a la seguridad social a la primera, para que -en forma innecesariamente centralizada- esta los liquidara a la AEAT y tras el referéndum de independencia sirviesen para financiar al nuevo Estado", concluye la magistrada Alegret Burgués en el auto en el que imputa a Salvadó.
El diputado Salvadó tuvo que pedir perdón después de que se filtrara una conversación telefónica en la que, sobre la búsqueda de una consellera de Enseñanza, concluyó que había que elegir a la que tuviera "las tetas más gordas".
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