La Justicia da luz verde a Andorra para que investigue a Mariano Rajoy en el marco de la conocida como 'operación Cataluña'. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha desestimado la petición del expresidente del Gobierno y ha levantado la medida cautelarísima adoptada, de manera que no se suspenderá la ejecución de esta solicitud de auxilio judicial de Andorra. Los magistrados explican que no hay motivos de peso para proceder a ello y que, por tanto, la actuación debe seguir su curso.
La Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo desestima de esta forma el recurso que había interpuesto Rajoy contra la resolución de la Secretaría de Estado de Justicia, en sintonía con lo expuesto también por la Fiscalía de Madrid. El expresidente del Partido Popular pidió que se suspendiera el envío de información recibida del Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid a las autoridades andorranas. Al respecto apeló a una vulneración de derechos con la tramitación de esta comisión.
La misma se produce a tenor de la admisión a trámite de una querella contra Rajoy y también contra los ministros Cristóbal Montoro y Jorge Fernández Díaz por su presunta implicación en la operación para desacreditar a líderes independentistas catalanes. Rajoy pidió la suspensión inmediata del auxilio judicial precisando que le iba a provocar un importante daño reputacional y que existía un "perjuicio de imposible reparación del daño a su imagen pública".
Además, su defensa explicó que las formaciones políticas contrarias al Partido Popular podrían utilizar este caso que se investiga en Andorra a tenor de una querella interpuesta por el Institut del Drets Humans d'Andorra. También apeló a la falta de jurisdicción para que el orden Contencioso aborde su recurso al al tratarse de un asunto de materia penal.
Sin embargo, el TSJ de Madrid responde que este oficio se produce en el ámbito de una petición de auxilio internacional y que ellos no se pronuncian sobre el contenido de este asunto sino sobre si debe prevalecer la medida cautelarísima o, por el contrario, debe decaer, como ha sido el caso. Del mismo modo replican a Rajoy que no justifica suficientemente en qué medida la anulación de esta investigación puede implicar "un beneficio o ventaja" para la esfera de sus intereses.
"Invocaciones genéricas"
"Es dudoso, que el hecho de dar curso a una petición de auxilio judicial cause un daño al actor, en la medida en que el efecto de tal actuación es únicamente que el juzgado de instrucción de turno le diera traslado al recurrente de la querella presentada en los tribunales andorranos", rezan los magistrados, los cuáles recuerdan que el Ministerio de Justicia actúa acorde a su función de dar curso a la comisión rogatoria amparándose en el convenio de cooperación entre España y Andorra. Dar cabida a la pretensión de Rajoy conllevaría la "paralización absoluta" de los procedimientos de auxilio judicial de países extranjeros a España.
La Sala recoge en su auto doctrina del Tribunal Supremo y del Constitucional para revocar la petición de Rajoy, al que le reprocha que denuncie indefensión aduciendo a "invocaciones genéricas e inconsistentes". Con todo, la Sala resuelve ahora únicamente lo relativo a la medida cautelar, sin entrar en el fondo de este asunto.
"Con las limitaciones ya enunciadas por encontrarnos ante una medida cautelar en un procedimiento especial de derechos fundamentales, resulta evidente que hay suficientes motivos para no acceder a lo pedido. Con ello no se prejuzga en modo alguno el fallo definitivo, toda vez que las consideraciones recogidas en la demanda habrán de ser objeto de cumplido examen en los autos principales", subrayan.
Operación Cataluña
De esta forma la comisión de Andorra seguirá su curso en aras a investigar el verdadero alcance de la operación Cataluña. En la misma constan como querellados, además de Rajoy y sus dos ministros, el que fuera secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, el exdirector general de la Policía Ignacio Cosidó, el exdirector Adjunto Operativo de la Policía Nacional Eugenio Pino y el inspector jefe Bonifacio Díaz.
El objetivo del juzgado de instrucción número 2 de la Batllia de Andorra es tomarles declaración como investigados por su implicación en esta presunta red acusada de chantajear y extorsionar a los hermanos Higini y Ramón Cierco, principales accionistas de la Banca Privada de Andorra para acceder a información bancaria confidencial de los principales actores del separatismo catalán, entre ellos los Pujol o el expresidente autonómico Artur Mas.
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