La Justicia se ha pronunciado sobre uno de los casos más turbios que están relacionados con el procedimiento contra José Manuel Villarejo. El Juzgado de Instrucción número 3 de La Coruña ha absuelto a cuatro ciudadanos de nacionalidad búlgara acusados de un delito de tráfico de drogas. Se trata de cuatro personas que se convirtieron en víctimas indirectas de José Manuel Villarejo a tenor de un encargo expreso del BBVA por el vínculo de uno de ellos con Luis Pineda.
La entidad, en un momento de plena tensión con Ausbanc por la lucha de las cláusulas suelo, recurrió al comisario jubilado aduciendo a su cercanía con Pineda (coincidió con uno de ellos en la prisión de Estremera) y ante el temor de que pudieran actuar contra el entonces director del banco, Francisco González. El comisario, que trabajó con BBVA entre los años 2004 y 2017, acometió este proyecto, siendo ya de los últimos gestionados, y auspició un espionaje apoyándose en mandos de la Comisaría General de Información que acabaron siendo imputados en el caso Villarejo.
Ahora el juzgado que abrió diligencias contra cuatro de ellos en 2016 (mismo año que se impulsó el encargo), ha decidido archivarles la causa de manera provisional y devolverles las fianzas impuestas, de acuerdo con un auto del 24 de septiembre al que ha tenido acceso Vozpópuli. El jugado acoge el criterio de la fiscal, que explica que el motivo del sobreseimiento reside en que no cuentan en la causa con la autorización procedente del juzgado que comenzó investigando los hechos en 2014 relativa a validez de las escuchas telefónicas.
El asunto arrancó en un juzgado de Lugo por la aprehensión de 4 kilos de heroína en diciembre de 2014, si bien se inhibió en favor de otro de La Coruña. El hecho de que ninguno de los dos quisiera asumir el caso hizo que tuviera que interceder el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que resolvió que se tenía que seguir en este que ahora ha dictado el archivo. Siete años después de aquello, da carpetazo a la causa alegando "la falta de constancia de la legitimidad constitucional de las intervenciones practicadas en origen, de donde deriva que el derecho fundamental a la presunción de inocencia no ha sido correctamente enervado".
Pineda, que figura como perjudicado de Villarejo al haber sido víctima de uno de sus espionajes (proyecto Pin) ha pedido en numerosas ocasiones a lo largo de la instrucción de la pieza que se investigase este asunto. También ha negado complot alguno con su antiguo compañero de celda (I. Petrov) para actuar contra Francisco González, aunque sí le sitúa detrás de la denuncia presuntamente anónima contra Ausbanc y Manos Limpias que provocó su detención y su posterior ingreso provisional en el centro de Estremera en el marco de la operación Nelson.
Pero ni estando en ese centro penitenciario los hechos terminaron. Más bien al contrario, al conocer que compartía celda con este preso solicitaron a Villarejo que pusiera la lupa en él y en los contactos que éste tuviera fuera ante un eventual ataque al presidente de la entidad. Las fechas cuadran a la perfección, a tenor de uno de los autos que figuran en el procedimiento Tándem y del análisis de todo el material incautado a José Manuel Villarejo y sus más cercanos tras el estallido del caso en noviembre de 2017.
Policías imputados
Entre todos los documentos que el agente encubierto atesoraba en sus domicilios encontraron una carpeta que, bajo el nombre de 'Búlgaros', contenía información policial y confidencial de Petrov y otras ocho personas más (de las cuáles tres han sido ahora absueltas). El análisis de esta documental permitió a la Policía Judicial concluir que Villarejo y su camarilla más cercana efectuaron consultas en ficheros privados y el Registro Central de Extranjeros (Adexttra) en relación a sus datos de filiación, domicilio, pasaportes o trámite de tarjetas.
Las consultas se llevaron a cabo entre el 1 y el 28 de noviembre de aquel 2016, momento en que Pineda todavía seguía en prisión preventiva. Otra fuente de prueba fueron las anotaciones de Villarejo en sus famosas agendas (recogidas a fecha de noviembre de 2016) y las notas informativas elaboradas por Cenyt para el banco. De hecho, el magistrado Manuel García Castellón advirtió que se había incorporado "una ingente cantidad de datos personales relativos a las personas objetivo de investigación" y que buena parte de ellos no se pueden ceder a "entidades privadas" por su carácter confidencial.
El instructor se pronunció de ese modo el pasado 22 de febrero en un auto en el cual imputó en esta pieza novena de la macrocausa a un total de cuatro mandos policiales (entre ellos un inspector y un subinspector) por los delitos de cohecho y revelación de secretos. El magistrado destacó que las consultas que se efectuaron desde la Comisaría General de Información y pidió también a la Policía Judicial que ampliara los informes presentados ante el Juzgado Central de Instrucción número 6.
Manipulación de informes
Sobre este punto se pronunció también el que fuera jefe de seguridad del BBVA en el momento de los hechos, Julio Corrochano. En un escrito remitido a la Audiencia Nacional a comienzos de este mes y recogido por este diario, Corrochano (señalado por el banco como el principal responsable de las contrataciones con Villarejo) recordó sobre aquel episodio que se alarmó al leer en prensa que el BBVA estaba detrás de la denuncia anónima contra Pineda y que entendió que "había un peligro serio para la seguridad del presidente por la personalidad del Sr. Pineda".
Corrochano alegó que se informó a la Policía de que "el mejor amigo de Pineda durante su estancia en la cárcel era un búlgaro que fue detenido con otros compatriotas por un tema de sicariato de drogas en España y que, al parecer, ya había salido de prisión". Corrochano se acogió a la Ley de Seguridad Privada para defender que les dieran traslado de los datos confidenciales de estas personas. Apuntó también que desde Seguridad elaboraron un informe junto con Cenyt que se entregó a la Dirección del banco en relación con la necesidad de mantener la escolta a FG más tiempo.
La secretaria de Corrochano confirmó en sede judicial en noviembre del año pasado que dicho informe remitido por la empresa de Villarejo fue modificado por orden del propio Corrochano, según informó el diario La Razón. En dicho documento se aludió a las "estrechas relaciones" de Pineda con otros internos de su prisión "considerados muy peligrosos" y con un perfil delincuencial "altamente compatible con el sicariato".
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