La parálisis en la Justicia provocada por la expansión del virus covid-19 ha obligado a poner en libertad a los responsables de una red de proxenetas acusados de prostituir a menores de edad. Iban a ser juzgados desde abril, pero la Audiencia Provincial de Madrid ha tenido que aplazar el inicio de las sesiones por la pandemia. Al llevar el máximo permitido de cuatro años en prisión preventiva, el juzgado ha decretado que salgan de la cárcel a la espera de que se fije una nueva fecha de juicio.
Son los 12 principales acusados de una trama desarticulada en 2016 en el marco de una operación internacional que la Policía bautizó con el nombre de Cheval. Años de pesquisas policiales y judiciales -incluyendo testigos protegidos- se enfrentan ahora al riesgo de fuga de los principales sospechosos, según confiesan fuentes jurídicas consultadas. En los informes policiales se da cuenta que parte de la organización sigue en paradero desconocido. De nacionalidad nigeriana, formaban parte de un entramado que captaba en su país a mujeres. El fin era trasladarlas a España para “explotarlas sexualmente aprovechándose de la minoría de edad de algunas de ellas, así como la inmadurez o precariedad económica”, sostiene la Fiscalía.
El auto, emitido la semana pasada, fija una serie de medidas para los ahora liberados como la prohibición de salir de España, acudir a diario a firmar en un Juzgado o facilitar un lugar de residencia. Al mismo tiempo, pide que “mediante comunicación telefónica, dada la urgencia que requiere”, se informe al Grupo IX de la Brigada Central Contra la Trata de Seres Humanos de la puesta en libertad de estos doce individuos “para que contacte con los testigos protegidos a fin de que extremen las precauciones de seguridad”. Ninguna de la partes presentó recurso contra esta decisión de la Sección 16 de la Audiencia Provincial de Madrid, según las mismas fuentes.
Rituales de vudú
Llevaban a las mujeres hasta Libia y desde ahí daban el salto a Europa por Italia jugándose la vida en pateras. El polígono de Cantueña, en Fuenlabrada (Madrid), Castellón, Barcelona o Ibiza durante los meses de verano eran los puntos donde las prostituían. Tras una falsa promesa de trabajo en Europa, las sometían haciéndolas pagar deudas inalcanzables y las amenazaban con rituales de vudú. El Ministerio Público pide para un total de 25 procesados entre cinco decenas de años de cárcel por delitos como trata de seres humanos con fines de explotación sexual, lesiones, inmigración y cooperación con organización criminal.
Les hacían creer que tenían maldiciones que les impedían regresar a su país, les arrancaban las uñas, el pelo de la cabeza y el pubis o les hacían comerse el corazón de un pollo antes de jurar que nunca hablarían con la Policía o sus familias. El miedo era tan grande, que incluso tras los arrestos, alguna de las víctimas siguió ejerciendo la prostitución y mandando el dinero a las cuentas bancarias de la organización.
La Sección número 16 de la Audiencia Provincial de Madrid decidió el 8 de abril suspender el juicio por razones sanitarias. En su providencia se refleja el caos que se vive en los tribunales durante el estado de alarma. Varios abogados particulares renunciaron al caso por miedo al contagio y abogados de oficio pidieron ser eximidos por las mismas razones. En el momento de suspender todavía quedaban al menos cuatro procesados sin abogado. Los que sí aceptaban, pedían al menos un tiempo para estudiar el caso. Otros alertaban de la imposibilidad de preparar una defensa sin poder siquiera visitar a su cliente en la cárcel por las medidas de prevención.
"Inmediata puesta en libertad"
Por el momento no hay fecha nueva de juicio ya que el tribunal ha tenido en cuenta los anuncios del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre su deseo de alargar la actual situación: “Se ha de valorar que el Gobierno de la nación ha decretado la segunda prórroga del estado de alarma por razones de salud pública, con efectos hasta el día 26 de abril, si bien, el propio presidente del Gobierno, al anunciar tal segunda prórroga, ha hecho referencia a la otras sucesivas prórrogas del estado de alarma a la vista de la evolución que sufra la pandemia”.
La Fiscalía informó a favor del aplazamiento a principios de abril, pero pidió fijar nueva fecha en un plazo “razonable” porque “hay algunos procesados que se encuentran en situación de prisión provisional, con el plazo máximo cumplido a punto de vencer”. No obstante, el tribunal considera que la actual situación “impide que el nuevo juicio a señalar en 37 sesiones se pueda celebrar antes de que les venza el máximo legal de prisión preventiva de cuatro años”. Por ello, ha procedido a acordar “la inmediata puesta en libertad de tales acusados”.
Entre los beneficiados por esta medida se encuentra Rita Friday, de 42 años. Fue detenida en Alemania. Era la encargada de captar a las mujeres y alojarlas en pisos de Fuenlabrada. También mantenía contacto con el llamado "conection man", que era la persona que se encargaba del traslado de las víctimas desde Italia, generalmente desde Milán.
Se repartía a las víctimas con otra integrante de la red llamada Grace Orhivbabor, alias Sarah, a la que nunca se llegó a localizar. Sí se arrestó en cambio a su pareja, Twony Osas, alias Cavalli, uno de los procesados también excarcelado. Entre los doce están otras mujeres que se encargaban de controlar pisos de la red en Castellón e Ibiza donde tenían hacinadas a las víctimas y ejercían el control sobre las "plazas" en las que se ejercía la prostitución. No solo les obligaban a prostituirse para saldar la deuda, sino que les cobraban también por ejercer en las zonas controladas por ellas.
