El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Celso Rodríguez, rechazó relevar de sus funciones en la Audiencia Provincial a Juan José López Ortega para que formara parte de la comisión de expertos para la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Según consta en la documentación a la que ha tenido acceso Vozpópuli, la negativa fue plasmada en un informe emitido el 11 de abril, cuatro días antes de que el Ministerio de Justicia anunciara el nombramiento.
El 15 de abril, el Departamento dirigido por Juan Carlos Campo dio a conocer que el ministro había ordenado la creación de una comisión de expertos y que ésta estaría presidida y coordinada por López Ortega. El titular de Justicia ya había adelantado en febrero, ante el Congreso de los Diputados, su intención de presentar un anteproyecto de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para modificar la normativa y que sean los fiscales -en lugar de los jueces- quienes instruyan las causas penales.
El presidente del tribunal madrileño se opuso a la petición de López Ortega mediante un trámite de urgencia y notificó a la Sala de Gobierno del TSJ de su decisión. El 23 de abril, el órgano de control ratificó la postura de Rodríguez y avisó al Consejo General del Poder Judicial.
Vacío en la Audiencia de Madrid
Fuentes jurídicas aseguran a este diario que la negativa del presidente del TSJ responde a la repercusión que tiene en los juzgados el elevado número de comisiones de servicios que prosperan a petición de los magistrados titulares de los tribunales de Madrid.
En el caso particular de López Ortega, el traslado a Justicia afecta a la presidencia de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial, especializada en la aplicación del Derecho penal de menores. El magistrado asumió el cargo en 2002 y lo compaginaba con su actividad académica como profesor de la Universidad Carlos III y del Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas. Durante su carrera ha sido miembro del Comité Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de Naciones Unidas y vocal de la Comisión Nacional para el Uso Forense del ADN.
Respaldo del Poder Judicial
Pese a la negativa del TSJ de Madrid, la Comisión Permanente del Poder Judicial es la que tiene la última palabra sobre si permitir o no el traslado de un magistrado. El órgano de gobierno de los jueces acordó el mismo 11 de abril conceder a López Ortega la comisión de servicio con relevación de funciones "para culminar los trabajos relacionados con el proyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y participar en el seguimiento jurídico de su tramitación normativa como presidente de la Comisión de Expertos que se conformará a tal fin".
Según consta en la acta recogida por Vozpópuli, la medida se establece un periodo de seis meses desde su puesta efectiva en funcionamiento. "Para el supuesto de que se considere precisa la renovación de la presente medida a su conclusión, por el Ministerio de Justicia, deberá remitirse a este Consejo la correspondiente propuesta de renovación, con una antelación de, al menos, cuarenta días previos a la fecha de vencimiento", ha precisado el Poder Judicial presidido por Carlos Lesmes.
Tras el nombramiento de López Ortega, la comisión de expertos para la reforma de la Lecrim dio sus primeros pasos. Desde la Asociación de Fiscales (AF), la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) aprovecharon para insistir en la necesidad de derogar el artículo 324 de dicha ley, que pone fecha tope a la instrucción de causas penales. La Plataforma por la Independencia Judicial, sin embargo, consideró "inoportuno" la puesta en marcha de la comisión durante la pandemia.
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