La Justicia ha pedido informes sobre las cuentas de los dos agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) detenidos por filtrar información reservada a Estados Unidos. El motivo de esta iniciativa, según ha podido saber Vozpópuli, es tratar de averiguar las razones por las que los dos espías vulneraron la ley, y si éstas atienden a razones estrictamente económicas. El suceso ha provocado un hondo malestar en el Centro, al no entender cómo un país aliado ha podido provocar una injerencia de esta magnitud.
El origen de las pesquisas se remonta a finales de septiembre, cuando el CNI detectó gracias a sus protocolos internos que se habían filtrado informes reservados sobre cuestiones relacionadas con la seguridad nacional a una potencia extranjera. El Centro, dirigido por Esperanza Casteleiro, comunicó los hechos a la Fiscalía y aportó la documentación hasta entonces reunida. El Juzgado de Instrucción número 22 de Madrid, al frente del caso, decretó el secreto de sumario.
Desde entonces se han puesto en marcha diversas diligencias para tratar de acotar el origen de las filtraciones, tanto en parámetros temporales como en la motivación de los dos agentes investigados. Cabe recordar que uno de ellos aún permanece en prisión y el otro está en libertad condicional bajo medidas cautelares para evitar su fuga de España.
Una de esas diligencias están relacionadas con las cuentas de los dos agentes. Los primeros indicios apuntan a que podrían haber recibido un montante económico a cambio de facilitar la información a los servicios secretos norteamericanos. La información aportada a partir de estas indagaciones sería clave para aportar algo de luz sobre un caso tan complejo.
Las fuentes consultadas por este diario apuntan a que uno de ellos habría tenido un papel protagonista en la filtración de los informes a Estados Unidos, mientras que el segundo -el que se encuentra en libertad- habría sido un colaborador del primero.
Terremoto en el CNI
El episodio, que adelantó El Confidencial, ha supuesto un terremoto en las entrañas del CNI, toda vez que el origen de la injerencia extranjera es un país aliado, como lo es Estados Unidos. Desde los servicios secretos entienden que hay cauces oficiales para facilitar información sensible a Washington en materias compartidas por los dos países, tanto en el ámbito OTAN como en cualquier otro marco de la cooperación bilateral.
El Departamento de Seguridad Nacional (DSN) apuntó en un informe que la presencia de servicios de inteligencia extranjeros hostiles "se ha mantenido más o menos estable en comparación con periodos anteriores" y que "el seguimiento de las actividades de espionaje e injerencia contra intereses españoles es la principal prioridad del CNI". Esta afirmación, no obstante, apuntaba a la actividad de naciones o agentes hostiles, y no de procedencia aliada como Estados Unidos.
Fuentes de seguridad consultadas por este diario revelan que las fricciones con los servicios de inteligencia estadounidenses en los últimos años -con la democracia ya consolidada y un CNI operativo en los máximos estándares internacionales- se centraban en la actividad de los agentes norteamericanos en territorio español sin un aviso previo a las autoridades.
Esta actividad, atendiendo al grado de afinidad con Washington y a su ascendencia sobre la política internacional española, no conducía más que a advertencias amistosas por parte de nuestro país. Pero estos últimos acontecimientos han suscitado un hondo malestar en la administración española, tanto en el CNI como en el Ministerio de Asuntos Exteriores.
Crisis en el Centro
Ahora el CNI está obligado a hacer una evaluación interna para determinar el grado de profundidad de la filtración, si bien los protocolos internos establecidos a partir del caso de Roberto Flórez -agente del Centro condenado por vender información a Rusia- obligan a una revisión constante de la trazabilidad de la información, lo que impide una fuga prolongada en el tiempo.
Lo cierto es que el episodio ha llegado en un momento particularmente convulso para el CNI. Esperanza Casteleiro tomó las riendas de los servicios de inteligencia españoles tras la destitución de su predecesora, Paz Esteban, a partir de los casos de espionaje a líderes independentistas catalanes con el software Pegasus. Esteban ha sido citada como investigada por el juez, si bien fuentes internas consultadas por este diario insisten en que toda investigación del CNI cuenta con el debido aval de las autoridades judiciales.
El Centro, además, estará en el foco de la polémica durante la celebración de las comisiones de investigación en el Congreso de los Diputados pactadas entre PSOE y Junts y ERC, a las que se pretende citar a protagonistas clave de estas pesquisas, incluida la propia Paz Esteban.
En el CNI existe una profunda preocupación por esta cadena de acontecimientos, que suponen una de las crisis más graves a las que se han enfrentado desde el año 2002, cuando se constituyó como el servicio de inteligencia español en sustitución del CESID, con protocolos y mecanismos internos más anticuados. Esperanza Casteleiro, persona de máxima confianza de la ministra de Defensa, Margarita Robles, asume el liderazgo en este trance.
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