El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) falló el viernes a favor de los separatistas del Frente Polisario al invalidar definitivamente dos acuerdos comerciales celebrados entre Marruecos y la UE. Estos acuerdos de 2019 sobre pesca y agricultura ya caducaron en 2023 y se celebraron "sin tener en cuenta los principios de autodeterminación" del pueblo saharaui, dictaminó en una sentencia del Tribunal Superior de Luxemburgo. El Polisario obtiene una victoria jurídica: le da carta de naturaleza como presentante saharaui justo cuando el presidente francés Emmanuel Macron, y el rey Mohammed VI se preparan para celebrar a finales de este mes una visita de estado en Rabat.
El martes próximo, según La Provincia, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, visita la capital de Marruecos para hablar de inmigración y cooperación económica con el primer ministro marroquí, Aziz Ajanuch, natural de Agadir, y dueño de grupo Acwa, que incluye negocios alimentarios además de una decena de empresas que operan en el ámbito inmobiliario, de finanzas, y del turismo, telecomunicaciones y medios de comunicación (como el semanario La Vie Eco y la revista Femmes du Maroc). Aziz es la mayor fortuna de Marruecos (más de 1.882 millones de euros), su riqueza sólo está por detrás de su amigo el rey Mohamed VI y está casado con Salwa Idrissi Ajanuch, presidenta de Aksal, líder marroquí en productos de lujo, grandes almacenes y centros comerciales.
A España la sentencia de Luxemburgo sobre el asunto pesquero le da igual y Marruecos ha afirmado: "el contenido de esta decisión contiene errores jurídicos evidentes y errores de hecho sospechosos, esto denota, en el mejor de los casos, una ignorancia total de la realidad del caso, si no un sesgo político flagrante". Según un comunicado difundido este viernes, "Marruecos exige que el Consejo, la Comisión Europea y los Estados miembros de la UE adopten las medidas necesarias para respetar sus compromisos internacionales, preservar los logros de la asociación y proporcionar al Reino la seguridad jurídica que necesita". derecho legítimo, como socio de la UE en varias cuestiones estratégicas”.
El que fuese embajador de España en Rabat y actual ministro español de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, dijo esta semana que "una sentencia del Tribunal de Justicia no pondrá en duda la estabilidad de las relaciones de Marruecos con España o con la Unión Europea" y mandó un mensaje al Polisario "quien piense que tal cosa sucedería se equivoca". Para Planas, "España y otros cuatro Estados miembros han apoyado la legalidad de los acuerdos vigentes ante el Tribunal de Justicia, así como la posición adoptada por el Servicio Jurídico del Consejo Europeo, por lo que defendemos la legalidad de estos acuerdos". El Polisario llevó este asunto ante la justicia europea bajo el argumento de que era el representante del pueblo saharaui y Comisión Europea y el Consejo de la Unión Europea se opusieron y recurrieron ante el TJUE.
La Confédération Paysanne, sindicato agrícola francés, había pedido a Francia que prohibiera la importación de melones y tomates procedentes del territorio del Sáhara Occidental, erróneamente etiquetados, según ella, como procedentes de Marruecos. El tribunal le dio la razón y dictaminó que el país de origen era efectivamente el Sáhara Occidental y no Marruecos.
El etiquetado de melones y tomates cosechados en el Sáhara Occidental debe mencionar este territorio y no Marruecos como país de origen. La caducidad en 2023 es más un argumento jurídico a futuro que una cosa con efectos inmediatos. El consentimiento del pueblo saharaui a la celebración de estos acuerdos fue una de las condiciones para su validez. Sin embargo, el tribunal dictaminó que incluso si las consultas se hubieran llevado a cabo en el Sáhara Occidental, antiguo territorio de España que se repartió con Marruecos y Mauritania aunque este último país optó por cederlo a Rabat.
El consentimiento podría haberse mantenido si la aplicación de estos acuerdos hubiera dado "una ventaja precisa, concreta y sustancial", lo que no fue el caso, según el tribunal. En consecuencia, se rechazan los pedidos de anulación de una decisión de la justicia europea adoptada en primera instancia, en 2021. En ese momento, el tribunal de la UE anuló los dos acuerdos comerciales entre la UE y Marruecos. La decisión del tribunal del viernes, sin embargo, no tiene consecuencias a corto plazo. El acuerdo de pesca ya había expirado en julio de 2023 y el TJUE prorrogó un año a partir del viernes la aplicación del acuerdo relativo a los productos agrícolas. En otra sentencia, el Tribunal de Justicia de la UE también estipuló que el etiquetado de melones y tomates cosechados en el Sáhara Occidental debe mencionar este territorio y no Marruecos como país de origen.
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