Cámaras web y lectores de tarjetas "para permitir a los usuarios realizar videoconferencias y trabajar en remoto", "portátiles para habilitar la modalidad de trabajo no presencial" y mascarillas y mamparas. El Ministerio de Justicia se prepara para hacer frente a la "nueva normalidad" en los tribunales con la compra de equipos tecnológicos y de protección individual. El departamento de Juan Carlos Campo ha publicado esta semana en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la licitación de cuatro contratos por un importe total de 1,1 millones de euros. En la plataforma de contrataciones del Estado constan otros cinco por un monto acumulado de 998.346 euros. La inversión tiene lugar en el marco de la reactivación de la judicatura, aunque el plan de choque aprobado en abril por el Consejo de Ministros no contaba con un presupuesto específico.
Jueces y sindicatos habían increpado a Justicia por la falta de dotación de suministros técnicos y de protección durante la prestación de servicios esenciales en pleno el estado de alarma por el coronavirus. En el último mes, las críticas aumentaron ante la inminente 'desescalada' en los juzgados y el levantamiento de los plazos procesales este 4 de junio. Esta semana se han dado a conocer ocho contratos que pretenden paliar las necesidades del sector. Desde el Ministerio han asegurado a Vozpópuli que algunas de estas licitaciones estaban previstas con anterioridad a la covid-19.
Según consta en los boletines publicados esta semana, la contratación a la que se ha destinado la mayor partida corresponde a la realizada el 14 de mayo para la adquisición de equipos de protección individual destinados al personal de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses y al del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. Justicia ha aprobado 440.033 euros por este concepto. Otros 340.088 euros han sido autorizados para la adquisición de "tabletas digitalizadoras recogefirmas"; Justicia ha precisado que esta adjudicación estaba prevista desde antes del estado de alarma.
A la lista se suman 253.106 euros para la "ampliación de la solución centralizada de comunicaciones de vídeo actualmente implantada en la Subdirección General de Desarrollo e Implantación de Servicios Digitales". Los 92.270 euros restantes corresponden al "suministro de webcams y lectores de tarjetas para permitir a los usuarios realizar videoconferencias y trabajar en remoto, potenciando las medidas de teletrabajo derivadas de la covid-19".
Contrataciones del Estado
En la plataforma de contrataciones del Estado figuran otros contratos. Los últimos cuatro fueron resueltos este 1 de junio por un importe total de 928.706 euros. Según los datos publicados, se han destinado 170.150 euros para el suministro de "mamparas destinadas a puestos de trabajo con atención al público en los Órganos Administrativos y Judiciales adscritos a las Gerencias Territoriales del Ministerio de Justicia".
Se han aprobado también 32.200 euros para la compra de pantallas faciales de protección individual. Y se han adjudicado 330.356 euros a la adquisición de "suministros necesarios para la protección de la salud del personal" que presta servicios esenciales y 396.000 euros para mascarillas quirúrgicas. Además de la compra de material sanitario, se ha acordado la adquisición de "portátiles para habilitar la modalidad de trabajo no presencial a determinados usuarios que trabajan con PC de sobremesa. El pasado 28 de mayo resolvió una adjudicación por 69.640 euros.
Exigencia de jueces y sindicatos
Estas contrataciones llegan tres semanas después de que se pusiera en marcha la fase 1 de la desescalada en la judicatura. En aquel momento, el Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ) denunció la falta de medidas de protección para los funcionarios. CCOO y la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF) presentaron escritos contra el Ministerio ante la Inspección de Trabajo por incumplir la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante el inicio de la reactivación de la actividad judicial. Según alegaron, no se dotaron los "medios materiales y personales a los servicios de prevención", ni se evaluaron "los riesgos en cada centro de trabajo antes de aprobar las medidas".
Desde las asociaciones de jueces y de fiscales, así como de los colegios de abogados, también se plantearon reproches y exigencias para hacer frente a la "nueva normalidad". Tal y como publicó Vozpópuli, la presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional reclamó a la Sala de Gobierno la adopción "a la mayor urgencia" de medidas de seguridad para hacer frente al futuro de los juzgados y tribunales. En concreto, la magistrada Concepción Espejel solicitó la instalación de mamparas y la dotación de equipos técnicos y electrónicos para el "acceso remoto al sistema", y poder así implantar el teletrabajo de los jueces. Según precisó en su informe, "la Sala de lo Penal no cuenta con expediente digital, ni firma electrónica".
Plan de choque
Aunque la respuesta del Ministerio tiene lugar en el marco de la reactivación de tribunales y juzgados, esta partida económica no figura en el plan de choque presentado por Juan Carlos Campo en el Real Decreto-Ley de Medidas Procesales y Organizativas que aprobó el Consejo de Ministros para hacer frente a la pandemia.
El documento de Justicia no incluye memoria económica alguna. Fuentes del Ministerio indicaron a este diario que desde el Departamento de Campo no estaban previstos aportes extraordinarios ni para nuevas contrataciones ni para la adquisición de equipos tecnológicos. "¿Usted cree que este decreto precisamente necesita una memoria económica para que los abogados se pongan toga, señor Bal? (...) Estamos hablando de que estamos en un periodo de alarma, con la excepcionalidad y el confinamiento que lleva aparejados", aseguró el ministro al diputado de Ciudadanos, Edmundo Bal, en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados celebrada el pasado 4 de mayo.
El Gobierno ha aprobado este martes en Consejo de Ministros el acuerdo por el que se aprueba que se destinen casi 400.000 euros a la compra de material de protección de la salud de los funcionarios de la Administración de Justicia. La cifra se suma a los 799.035 euros aprobados el 21 de abril y los 550.000 euros aportados en marzo por Justicia para la adquisición de guantes, mascarillas y geles. Está previsto que el próximo 9 de junio la judicatura avance hacia la fase 3 de la 'desescalada', con el 100% de efectivos trabajando presencialmente en los juzgados.
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