La crisis en la Administración de Justicia se agrava. La mayoría de las asociaciones de jueces y fiscales del país (a excepción de las progresistas) ha anunciado su intención de convocar una huelga indefinida a partir del próximo 16 de mayo debido a la falta de medios y el bajo salario. Su postura agudiza la mala relación de la Administración con el Ministerio de Pilar Llop y sigue la estela marcada por los secretarios judiciales y los funcionarios del sector.
Las cuatro asociaciones de jueces y tres de fiscales firman un manifiesto conjunto en el que denuncian "la falta de dotación suficiente en el servicio público" y la mala deriva de la Mesa de Retribuciones. Según explican, aumentarán las "medidas de presión" contra el Gobierno ante las fallidas reuniones que las asociaciones de jueces y fiscales celebraron con el Ministerio los días 31 de marzo y 4 de abril, respectivamente.
"Los Presupuestos Generales del Estado en este ámbito son insuficientes. En la Administración General del Estado, la Administración de Justicia es la cenicienta. Las cargas de trabajo que tienen los tribunales y fiscalías afectan tanto a la calidad y rapidez de la respuesta como a la salud de la judicatura y los miembros de la fiscalía y todo se fía a planes de refuerzo y a la dedicación de profesionales, que no puede ser el único remedio a la sobrecarga y elevada litigiosidad", reza el comunicado.
Reunión clave el 3 de mayo
Aunque el comunicado lo firman todo el sector, del anuncio de huelga no participan ni Juezas y jueces para la Democracia ni tampoco la Unión Progresista de Fiscales (UPF). Los entes progresistas explican que, aún compartiendo el diagnóstico de la situación, consideran necesario esperar a conocer el planteamiento del Ministerio de Hacienda en la reunión de la Mesa de Retribuciones prevista para el próximo 3 de mayo. En función del resultado, se plantean adherirse a los paros.
La actitud prudente, callada y responsable que hemos mantenido hasta ahora no ha dado fruto alguno. En la Administración General del Estado, Justicia es la cenicienta
El resto de asociaciones de jueces (Asociación Profesional de la Magistratura, Asociación de Jueces Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente) y de fiscales (Asociación de Fiscales y UPF) muestran su "firme propósito" de alcanzar un acuerdo con el Gobierno que evite la huelga. No obstante, avisan que llevan muchos meses esperando una respuesta tanto del Ministerio de Justicia como de Hacienda y que no van a ser más de "coartada par la inacción negligente" de estos departamentos.
Uno de los principales reclamos de los jueces es retomar la Mesa de Retribuciones, órgano encargado de revisar las retribuciones tanto de la cerrera judicial como fiscal. El Ministerio de Pilar Llop se comprometió a impulsarla en marzo de 2022 pero en octubre, apenas días después de haberla convocado, la anuló sin dar explicaciones. "La misma paciencia y sentido de responsabilidad que habíamos demostrado durante todo ese período la observamos tras la desconvocatoria", indican en el comunicado.
Huelga en campaña electoral
Los antecedentes llevan a las asociaciones a vaticinar que es posible que esta nueva reunión se cancele en "cualquier momento" antes del 3 de mayo por lo que ya avanzan su compromiso de colgar las togas a partir del 16 de mayo, coincidiendo con la campaña electoral. "La actitud prudente, callada y responsable que hemos mantenido hasta ahora no ha dado fruto alguno. Todo se produce en un contexto de sistemático y persistente abandono de la Administración de Justicia que degrada la calidad de la respuesta institucional", avisan.
Al respecto, Jorge Fernández Vaquero, portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, explica que la convocatoria de la huelga es una medida que les prepara "para lo peor", que es que se repita el escenario de "actitud puramente dilatoria" del departamento que dirige Pilar Llop. "Si de verdad quieren evitar que esto se produzca tienen margen más que suficiente pero si su intención es nuevamente tomarnos el pelo ya saben las consecuencias a las que se enfrentan", ha dicho.
De esta forma jueces y fiscales siguen la estela de los letrados de la Administración de Justicia y también de los funcionarios de la Administración que ya se han plantado ante este Gobierno. Los primeros de ellos, conocidos también como los secretarios judiciales, pusieron fin a su huelga el pasado 27 de marzo tras dos meses de paros. Las protesta provocaron la suspensión de unos 356.000 juicios y provocaron la paralización de 424.000 demandas. Finalmente consiguieron que Justicia cediera y aceptaron una subida salarial de 450 euros al mes.
Tras ellos cogieron el testigo los funcionarios de la carrera. Desde hace una semana, este sector está celebrando paros puntuales también en busca de una mejora salarial equiparable a la de los letrados de la Administración. Las reuniones celebradas entre las partes en el Ministerio de Justicia no han dado sus frutos y, hasta el momento, sus paros han provocado la suspensión de actos judiciales y vistas en todos los órganos de España.
En lo que respecta a los jueces y fiscales, la última gran huelga que celebraron fue el 19 de noviembre de 2018, cuando era ministra de Justicia Dolores Delgado. Las asociaciones progresistas y conservadoras lograron ponerse de acuerdo ante la "dejadez" del Ejecutivo con la carrera judicial y las promesas incumplidas de mejora de salario y de reparto de carga laboral.
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