La juez que investiga el conocido como 'caso Cuarteles' ha ordenado paralizar las posibles obras que se puedan estar llevando a cabo en tres acuartelamientos de la Guardia Civil. La magistrada, que ya tiene bajo el foco cerca de una quincena de reformas por presunta malversación y cohecho, ha requerido que aplacen tres de ellas pendientes, las cuáles se han financiado con fondos europeos.
Así consta en una providencia, que avanza Vozpópuli, y en la que la instructora explica que deben paralizarse todos estos trabajos hasta que se finalice el peritaje independiente de la causa sobre las obras que se adjudicaron al empresario canario Ramón Tejera de León, alias 'Mon'. El trabajo, que se ha encargado a Patrimonio del Estado, contará con los informes que se están elaborando por provincias.
En concreto, la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid, María Isabel Durántez, ha oficiado a Asuntos Internos de la Guardia Civil para que comunique a los responsables de los tres acuartelamientos señalados que deben parar las obras. Se trata del puesto de Tarifa (Cádiz); Tarazona de la Mancha (Albacete) y Jacarilla (Alicante).
Fondos Next Generation
La instructora del 'caso cuarteles' explica que estos trabajos estarían costeados con los fondos europeos Next Generation, una partida que la Unión Europea destinó a la recuperación tras la pandemia y que España se reparte a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Por el momento la acusación la dirigen la Fiscalía de Asuntos Económicos de la Comunidad de Madrid y también la Abogacía General del Estado; si bien la Fiscalía Europea podría entrar en la causa si detecta un posible desfalco de fondos europeos.
La juez abre una pieza de averiguación patrimonial que afecta al empresario que se adjudicó las obras ante la sospecha de que abultó las facturas, las troceó y en algunos casos ni terminó los trabajos comprometidos
Las diligencias, que arrancaron en un juzgado de Ávila por presuntas irregularidades en las obras de cuarteles, terminaron derivándose a Madrid tras constatar Asuntos Internos adjudicaciones muy similares en puestos de la Guardia Civil de todo el país. En la causa están imputados el empresario canario vinculado al caso del tito Berni, el pintor Salvador Gutiérrez Espinosa, el teniente coronel Carlos Alonso Rodríguez y el teniente general Pedro Vázquez Jarava.
Al respecto la magistrada ha abierto una pieza separada de averiguación patrimonial del teniente general y Tejera de León. Los investigadores, que apuntan a un desfalco superior a los 3,3 millones de euros, sospechan que este empresario canario troceó los contratos para sortear el límite legal de los 40.000 euros y que muchos de los trabajos de pintura y de impermeabilización no los terminó. Además, se sospecha que abultó la facturación.
Más cuarteles bajo el foco
Ahora mismo el procedimiento está pendiente del peritaje que finalmente llevará a cabo Patrimonio tras la negativa de Interior. Se trata de una diligencia que ha retrasado el avance de las pesquisas durante meses y que ha llevado a la magistrada a fijar un plazo máximo de cuatro meses para su realización.
Cabe recordar que en un primer momento Asuntos Internos puso la lupa en la adjudicación a las empresas de 'Mon' de las reformas en 26 cuarteles de la provincia de Ávila. Entonces advirtieron de la rareza de encargar unos trabajos de rehabilitación a un empresario canario en detrimento de cualquier empresa local.
Los agentes constataron que los trabajos desarrollados entre 2016 y 2017 se abonaron en su totalidad con una asignación presupuestaria que se descentralizó desde la Subdirección General de Apoyo de la Guardia Civil. Los mismos fueron certificados por el teniente coronel Carlos Alonso Rodríguez, en su condición de jefe de la Comandancia de Ávila en el momento de los hechos.
En este contexto, el Juzgado de Instrucción número 2 de Ávila abrió causa, imputó al teniente y le citó a declarar. El mando del Instituto Armado defendió la legalidad de su actuación y dijo que obedecía órdenes del teniente general imputado, entonces al frente de la Subdirector General de Apoyo de la Guardia Civil, con sede en Madrid. En paralelo, la juez recabó el trabajo de una perito de Ávila que certificó el presunto pufo.
En ese momento Asuntos Internos inició una nueva línea de investigación que destapó que hasta 13 comandancias contrataron también con las tres firmas de 'Mon' (Angrasurcor S.L, Solocorcho S.L y, en menor medida, CanaryCork S.L). Se trata de cuarteles de Murcia, Albacete, Algeciras, Alicante, Ávila, Badajoz, Castellón, Huelva, Jaén, La Coruña, Santa Cruz de Tenerife, Toledo y Valladolid.
La magnitud del asunto propició la inhibición en favor de los juzgados de Plaza Castilla que son los que siguen adelante con las pesquisas. Así pues, en estos momentos el procedimiento se encuentra designando a los expertos de la Dirección General del Patrimonio del Estado que evaluarán las obras de muchas más comandancias. Al respecto Asuntos Internos ha pedido a la magistrada que aglutine el nombre de los expertos que peritarán las obras para facilitar la coordinación de los trabajos.
Tiempo límite para el peritaje
Los mismos se ciñen a las fechas comprendidas entre 2014 y 2019, año este último en el que arrancó la investigación inicial en Ávila. No obstante, se han identificado facturas emitidas en el año 2021 por trabajos en acuartelamientos de la Comandancia de Santa Cruz de Tenerife así como de Fuente de Cantos (Badajoz) que podrían guardar relación con el contratista imputado en este 'caso Cuarteles'.
Al respecto la magistrada ha informado a las partes que mantiene las designaciones iniciales de peritos con la única excepción del experto que realizará el informe del área de Huelva. La instructora avisa que el trabajo del que dependerá el futuro de las diligencias debe terminarse a "la mayor brevedad posible". "En todo caso en el plazo de cuatro meses desde la recepción de la presente comunicación", precisa la providencia.
Como informó Vozpópuli, la magistrada propició un giro a la investigación en mayo abriendo la puerta a que se les juzgue por la ley del jurado. Ello reside en que a los delitos iniciales de falsedad continuada en documento oficial en concurso con malversación, añadió también el de cohecho.
La juez les convocó el 17 de mayo para trasladarle los cambios de la instrucción pero la diligencia se terminó celebrando el 20 de septiembre, mismo día en que declaró el teniente coronel Carlos Alonso Rodríguez.
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