El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Girona, Manuel Marcello, que investiga la corrupción en el Ayuntamiento de Girona durante la alcaldía del actual president de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, ha acordado la imputación de cinco personas más en el procedimiento, según han informado a Vozpópuli fuentes del caso.
En concreto, el instructor ha citado al empresario y exconsejero Joan de Llobet, que era dueño del 0,75% de la empresa mixta del agua de Girona, Salt y Sarriá de Ter (Agissa); al exconcejal del PSC y ex teniente alcalde de Girona Tomàs Sobrequés; al exconsejero de la sociedad Manuel Serra Pardas; al abogado Luis Sibils; y al empresario Ángel Dutras.
Ta y como consta en el Boletín Oficial del Estado (BOE), tanto Puigdemont como los ahora imputados Joan de Llobet y Manuel Serra Pardas fueron consejeros de la empresa del agua hasta que el ahora president catalán abandonó la alcaldía en en enero de 2016. Puigdemont era consejero en calidad de alcalde de Girona.
Otros dos imputados
Los nuevos investigados en el procedimiento sobre los presuntos pagos irregulares de la empresa del agua de Girona se añaden a los dos que hasta el momento estaban imputados por los presuntos delitos de administración desleal y apropiación indebida.
Se trata del que fuera consejero delegado hasta junio de 2016 de Agissa, Narcis Piferrer, y a su sucesor en el cargo, Xavier Ballell, que era director técnico del ente cuando se produjeron los supuestos desvíos de fondos hacia empresas privadas.
La decisión del juez Marcello de imputar al consejero de la empresa de aguas de Girona Joan de Llobet y a las otras cuatro personas se produce días después de que la Fiscalía Anticorrupción aportara al procedimiento que se había abierto en julio de 2016 en Girona un informe de la Agencia Tributaria catalana. Este documento se había elaborado en el caso del 3% sobre la presunta financiación ilegal de Convergencia Democrática de Catalunya (CDC), que se investiga en el Juzgado de Instrucción número 1 de El Vendrell (Tarragona).
Denuncia de la CUP
El caso de Girona se inició tras la denuncia de la CUP de Girona, que acusaba a Puigdemont de opacidad, ya que el consejo de administración, que estaba compuesto en un 20 por capital público y el 80% restante por privado (Girona SA), no facilitaba las actas de las reuniones.
Tras la denuncia, que indicaba que el capital privado, compuesto por las empresas propiedad de Caixabank, FCC y Aguas de Barcelona (Agbar), se aprovechaba de los Ayuntamientos de Girona, Salt y Sarriá de Ter, el juez decidió imputar a dos excargos de la sociedad Agissa.
Pero el informe de Hacienda presentado por Anticorrupción procedente de el juzgado de El Vendrell ha supuesto un importante cambio en el rumbo de la investigación, ya que en el documento aparecen salarios sin justificar por 5 millones, un reparto injustificado de 10 millones de euros y créditos irregulares.
Puigdemont siguió
Tal y como adelantó El Español, el presunto fraude en la empresa del agua se habría iniciado bajo el Gobierno municipal del socialista socialista Joaquim Nadal, aunque según la Agencia Tributaria Puigdemont mantuvo el modus operandi en Agissa.
Con esta nueva línea de actuación, los investigadores tratan de determinar, según fuentes del caso, si una parte del dinero que recibieron las empresas privadas, presuntamente de forma irregular, ha podido acabar financiando a Convergència i Unió.
Según El Confidencial, la Guardia Civil ha hallado pagos desde Girona SA a una agencia de comunicación que trabajaba para el partido, AMR Publicitat SL, por valor de 138.090 euros entre 2010 y 2015.
El administrador de esa agencia de publicidad es Antoni María Rigau, hermano de la exconsejera de la Generalitat y expresidenta del Consejo Nacional de CDC Irene Rigau.
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