El Juzgado de Instrucción Número 1 de Barcelona ha prorrogado seis meses la investigación del caso Voloh. El juez amplía medio año más la instrucción para rastrear el presunto desvío de fondos públicos al proceso independentista y los contactos del expresidente catalán, Carles Puigdemont, con Rusia.
El magistrado señala en el auto, avanzado por El Confidencial y al que ha tenido acceso Vozpópuli, las conexiones que Puigdemont y su equipo mantuvieron con altos cargos del entorno de Putin, con el objetivo de impulsar una alianza estratégica en el seno de la Unión Europea.
Con el objetivo de blindar al líder catalán y sus colaboradores, Junts batalla para incluir el delito de alta traición en la amnistía y que, de atribuirse este delito a la causa, podría dejar fuera de la amnistía a Puigdemont y a los cuatro investigados.
El instructor apunta, además, a la existencia de datos que identifican a varios miembros del equipo del líder de Junts con "individuos de nacionalidad rusa, alemana o italiana", entre los que se encontraban cargos diplomáticos o miembros de los servicos secretos rusos. También se mencionan a cargos relacionados con la extrema derecha en Italia y Alemania.
El interés de dichas comunicaciones sería establecer relaciones de influencia política y económica si Cataluña conseguía idependizarse de manera unilateral de España. Asimismo, recoge el auto, los investigados tendrían como objetivo mantener dichas relaciones si se iniciaba "una guerra entre la Unión Europea y Rusia", véase la invasión de Ucrania "y la consecuente limitación del suministro de gas a Europa el primer paso importante de la estrategia política del gobierno ruso y su presidente Putin (de tendencia política de extrema derecha) para la desestabilización de la democracia y la Unión Europea".
Entre las consecuencias a las que apunta el auto se encuentra que "se podría producir la salida de España de la UE por causa de la independencia unilateral de Cataluña apoyada por el gobierno ruso, mediante soporte económico y militar, ofrecimientos ambos ya conocidos en esta instrucción".
El juez detalla que el pasado 28 de diciembre este juzgado de instrucción recibió una carta anónima en las que se aportaban nuevos datos sobre las relaciones de los investigados con Moscú. El auto describe que dichas informaciones señalan a Nikolay Sadovnikov, un exdiplomático ruso, como el enviado especial de Putin para entablar relaciones con el expresidente de la Generalitat.
Este individuo fue anteriormente señalado por los servicios secretos franceses como "un actor de la diplomacia en la sombra" relacionado con maniobras de desestabilización ejecutadas por el Kremlin en países como Siria y Libia. La nota anónima sitúa, según varios testigos, a este antiguo diplomático ruso en una reunión en Barcelona "en la que se habló de independencia".
El magistrado apunta a diversos mensajes compartidos entre Víctor Terradellas, antiguo secretario de relaciones internacionales de CDC, y Sadovnikov que confirman los viajes del asesor catalán a Moscú para tratar con Jordi Sardà. un empresario con contactos en Rusia y altos cargos del Kremlin.
El auto menciona, además, una conversación entre Tarradellas y otro investigado, David Madí, en la que el primero desvela las intenciones de Rusia en apoyar al independentismo para que la futura república catalana aprobara una legislación favorable a las criptomonedas. En un documento intervenido en los registros del domicilio social de la ASOCIACIÓN IGMAN y de la FUNDACIÓN CATMON aparece la palabra P. (relacionada al nombre de Vládimir Putin) y la palabra "Finançament (financiación)", lo que en la verificaría lo que ya se mostraba en la conversaciones entre Tarradellas y Madí y el negocio de las criptomonedas.
El juez recuerda la existencia de varias conversaciones entre Josep Lluís Alay, mano derecha en aquella época de Puigdemont, y su abogado Gonzalo Boye, las cuales revelan más detalles sobre el acercamiento de la causa independentista a Moscú.
Tras estas y otras informaciones reveladas por varias investigaciones periodísticas, el instructor expresa la necesidad procesal de investigar, ya sea este juzgado o "alguna fuerza de seguridad del Estado" la veracidad de tales datos, y si "los teléfonos de V.T. (Víctor Terradellas) y otros investigados aparecen más datos relevantes que permitan obtener indicios relativos al soporte que pudo haber dado Rusia al proceso independentistas en Cataluña a cambio de unas concretas contraprestaciones en pago por tal ayuda".
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