El Ministerio de Justicia exige a las comunidades autónomas que garanticen los medios necesarios para la celebración de los juicios telemáticos durante el estado de alarma y los tres meses subsiguientes. El requerimiento consta en el borrador del Real Decreto-Ley de Medidas Procesales y Organizativas con el que el departamento de Juan Carlos Campo pretende hacer frente al coronavirus.
El documento de 26 folios llega este martes al Consejo de Ministros. Contempla una serie de actuaciones urgentes para evitar el colapso de los juzgados una vez se reanude la actividad judicial: desde la propuesta de habilitar agosto y hacer turnos de mañana y tarde hasta la realización de juicios vía videoconferencia. La intención, argumentan desde Justicia, es asegurar la salud de los trabajadores de los tribunales en cumplimiento con las restricciones establecidas por las autoridades sanitarias.
Bajo esta premisa, y ante la carencia de instrumentos tecnológicos, el Departamento de Campo establece en su disposición final primera que "las administraciones competentes proporcionarán los medios seguros para que los sistemas [de interconexión] sean plenamente accesibles y operativos sin necesidad de que los usuarios se encuentren físicamente en las sedes de sus respectivos órganos, oficinas o fiscalías".
El entrecomillado figura en la modificación que se sugiere al artículo 8 de la Ley 18/2011, de 5 de julio, en la que se regula el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia. Según fuentes ministeriales, este plan de choque ha sido consensuado con las comunidades autónomas, que ejercen de empleadores dado que que aún durante el estado de alarma sigue conservando sus competencias.
Cobertura legal a los juicios vía videoconferencia
Con la modificación de la norma, el Ministerio pretende garantizar la celebración de juicios telemáticos. Fuentes de Justicia explican a Vozpópuli que dicho cambio procura dar cobertura legal a las vistas que se celebren por videoconferencia. En concreto, a aquellas en las que se juzguen delitos leves, dado que el Real Decreto-Ley estima necesaria la presencia de los acusados por delitos graves en los Juzgados de lo Penal. Las partes que acudan físicamente a las audiencia públicas no tendrán que usar togas; el público tendrá acceso limitado según las dimensiones de la sala.
Según recoge el artículo 19 del documento que este martes llega a La Moncloa, "los actos de juicio, comparecencias, declaraciones y vistas y en general todos los actos procesales se realizarán preferentemente mediante presencia telemática, siempre que los Juzgados, Tribunales y Fiscalías tengan a su disposición los medios técnicos necesarios para ello". Deberá ser así durante la vigencia del estado de alarma y hasta tres meses después de su finalización.
El Real Decreto-Ley también prevé que se facilite a los trabajadores el acceso remoto a las aplicaciones utilizadas para la gestión procesal para que puedan llevar a cabo su función "eficientemente" sin tener que acudir a los Juzgados.
Sin presupuesto extraordinario
El plan de choque de Justicia no incluye memoria económica. Fuentes del Ministerio indican a este diario que desde el Departamento de Campo no están previstos aportes extraordinarios ni para nuevas contrataciones ni para la adquisición de equipos tecnológicos. Alegan que al ser un plan con un periodo definido de tres meses no será necesario un presupuesto adicional y que la intención es limitar el número de personas en los juzgados, razón por la que dividirán la jornada en dos turnos de trabajo (mañana y tarde).
Además de habilitar las tardes, el Ministerio propone que se trabaje en agosto. Este es uno de los puntos del documento que ha generado mayores discrepancias en la Carrera Judicial y entre los fiscales. Unas asociaciones consideran que son medidas razonables; otras, sin embargo, las estiman de poco realistas y efectivas. Un sindicato de funcionarios ha criticado la medida al tacharla de "ataque frontal".
'Juzgados Covid-19'
En su artículo 23, el texto habilita al Ministerio de Justicia para que, "oído el Consejo General del Poder
Judicial", pueda crear nuevos Juzgados de dedicación exclusiva a los procedimientos asociados al Covid-19. El órgano de gobierno de los jueces ya advirtió a principios de abril -en su propio plan de choque- que es "claramente previsible" que las medidas adoptadas para combatir el coronavirus vayan a tener repercusión en los tribunales.
El Real Decreto-Ley que va a ser evaluado por el Consejo de Ministros cuenta con tres capítulos, 27 artículos, una disposición adicional, dos disposiciones transitorias, seis disposiciones finales y una disposición derogatoria. El líder de la oposición, Pablo Casado, ya ha anunciado que no apoyará el documento. Sin embargo, según fuentes de la cartera de Justicia, el Grupo Parlamentario del Partido Popular aplaudió el contenido de la propuesta el pasado viernes después de que el consejero madrileño Enrique López contribuyera a su redacción.
