La Audiencia Provincial de Madrid no ha aceptado el recurso interpuesto por la defensa del ex futbolista del Real Madrid, Raúl González, y ha pedido una investigación de sus cuentas por parte de un perito independiente. El objetivo es determinar si ha incurrido en delitos de alzamiento de bienes y falsedad documental, por los que está siendo investigado.
Según un auto judicial al que ha tenido acceso El Mundo, los jueces concluyen que “la importancia de la pericial es patente a la vista de la lectura del auto antecedente al impugnado, lo instruido y lo expuesto en los recursos”. Además de Raúl también son objeto de las pesquisas su madre, María Luisa Blanco, y su cuñado, Carlos Redondo. Todo ellos piden el archivo del caso.
La empresa Aurantia les exige el pago de 7,17 millones de euros más intereses por un proyecto industrial fotovoltaico en la Bahía de Cádiz que acabó en fracaso. Pero además de esta firma, también deben hacer frente a la Fiscalía, a la que la Audiencia Provincial ha dado la razón al no estimar el informe pericial aportado por Raúl y su familia.
Según el auto, “sin demérito de los autores de los informes presentados por la mercantil querellante y los investigados, cabe apreciar que colisionan casi frontalmente con el concepto de pericia de la instrucción penal. (...) Son periciales de encargo, en las que la parte que la decide su objeto y, conocido su resultado, la aporta a la causa. Como es obvio sólo cuando ello favorece sus intereses”.
El profesor del IESE, Emiliano García Montero, ha sido designado por el el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid como perito independiente para dilucidar sobre lo ocurrido con las cuentas de Europa Scar Sport, la primera sociedad patrimonial del ex futbolista. Aunque esta firma sigue siendo propiedad de Raúl, actualmente está en suspensión de pagos tras el traspaso de activos.
Su madre, que ha quedado como liquidadora, afronta deudas de 13,8 millones. Por su parte, la administradora concursal es la abogada Manuela Serrano. Aurantia acusa a Raúl no sólo de no afrontar los pagos, sino de vaciar la sociedad con la que contrajo la deuda, transfiriendo los activos a otras de sus empresas.
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