El titular del Juzgado de Instrucción número 14 de Madrid ha abierto diligencias previas contra el exministro de Sanidad Salvador Illa por un posible delito contra los derechos de los trabajadores. El juzgado responde de esta manera a la querella presentada por el sindicato médico CESM en abril de 2020 a tenor de un lote de mascarillas defectuosas que adquirió el Ministerio que entonces dirigía Illa.
En el auto, al que ha tenido acceso Vozpópuli, el magistrado Carlos Valle explica que procede incoar diligencias porque no están determinadas "la naturaleza y circunstancias" de los hechos denunciados ni tampoco de las personas que han intervenido. Además, el instructor da traslado al Ministerio Fiscal para que informe sobre si considera que este órgano es el competente para investigar los hechos o bien lo sería el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, teniendo en cuenta que Illa está aforado por su condición de diputado en el Parlamento catalán.
En caso de resultar este juzgado competente, el magistrado le pide que le informe sobre si ve pertinente admitir a trámite la querella o bien, por el contrario, archivarla. Según explica en el auto, las actuaciones se iniciaron en virtud de un testimonio deducido por el Juzgado de Instrucción número 53 de Madrid relativo a una querella que la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) presentó en su día ante la Sala Segunda del Supremo contra el entonces ministro.
El sindicato médico explica en una nota que "acogen con satisfacción" la decisión del juez y que la misma responde a la querella presentada hace cerca de año y medio por la gestión de las mascarillas no homologadas. Según exponen, este material se distribuyó entre el personal sanitario y no impidió los contagios en sus puestos de trabajo durante los primeros meses de pandemia.
Cabe recordar que el Tribunal Supremo ya estudió las querellas interpuestas contra el Gobierno de Pedro Sánchez por la gestión de la pandemia y, aunque rechazó actuar contra los miembros del Ejecutivo, remitió algunas a los juzgados ordinarios ante la ausencia de indicios sólidos. En el caso del exministro de Sanidad, el sindicato médico denunció que había comprado a la empresa china Garry Galaxy de una serie de mascarillas FFP2 N95 que "no cumplían con las normas preceptivas".
"Absoluta dejación de funciones"
La querella advertía que las mascarillas se utilizaron por los facultativos desde el 5 de abril de 2020 y su uso perduró, al menos, hasta el día 17 de dicho mes. El sindicato denunció la "absoluta dejación de funciones" del exministro de Sanidad en materia de prevención de riesgos y dijo que el defecto advertido permitía "la penetración del material filtrante frente al aerosol" después de 3,5 minutos. Además, recalcó que no se había podido obtener una información fiable ni de la cantidad de mascarillas compradas al proveedor, ni del número distribuido entre las distintas comunidades autónomas.
La querella especificó, además, que el Gobierno no compró las mascarillas 'fake' directamente a esta empresa sino a un bróker de suministros sanitarios también de China. El contrato se firmó el 20 de marzo y ese mismo día "casualmente" la firma logró la licencia para poder exportar material médico. La querella del sindicato apuntó que el importe de los tres lotes ascendió a un total de 23,8 millones de euros, a los que después se sumaron tasas y aranceles, de modo que el coste definitivo fue de 31, millones de euros.
Además advirtieron de que Sanidad tuvo que saltarse el procedimiento habitual de licitación para cerrar la adquisición. El pliego explicó que la firma en cuestión exigió el pago por adelantado del 100% de los 23,8 millones de euros del material y el departamento que dirige el actual líder del PSC transfirió los fondos. Finalmente el sindicato sentenció que el reparto de estas mascarillas defectuosas implicó un "grave riesgo para la integridad y la salud" de los sanitarios "con perjuicios físicos y morales" de los que se habían contagiado, en clara concurrencia de lesiones.
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