Este viernes 16 de noviembre la sala de la Audiencia Nacional en la que se ha celebrado durante 125 jornadas (13 meses) el juicio Gürtel estaba casi vacía. El único de los acusados sentado en sus sillas era Francisco Correa, que días antes había confirmado su presencia en el último día de la vista oral, casi 9 años (ocho años y 10 meses) después de haber sido detenido en su vivienda de lujo de Sotogrande (Cádiz).
Fue en concreto el 6 de febrero de 2009 cuando el entonces juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ordenó a la Policía que arrestara a Correa; a su entonces mujer, María del Carmen Rodríguez Quijano; y a los empleados del primero Álvaro Pérez 'el Bigotes'; Pablo Crespo; Isabel Jordán y Antoine Sánchez, este último primo de Correa.
Según las conclusiones de la fiscal Concepción Sabadell, la organización de Correa "fue un mecanismo para obtener contratos a cambio de sobornos a autoridades del PP". Entre los 37 acusados, ya que el extesorero del PP Álvaro Lapuerta fue exonerado por demencia sobrevenida, se encuentra el extesorero del PP Luis Bárcenas, pero también los exconsejeros de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid.
En relación al PP, Concepción Sabadell afirmó que la existencia de la caja b del PP había quedado "plena y abrumadoramente acreditada" tras la vista oral, que comenzó en octubre de 2016. Esta funcionaria, resaltó en que Bárcenas sustrajo al menos 270.000 euros de estos fondos opacos de la formación conservadora.
4 de octubre
La vista oral comenzó el 4 de octubre de 2016 con todos los acusados en libertad, pero en febrero los considerados cabecillas de la trama -Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez 'el Bigotes'- ingresaron en prisión en cumplimiento de la condena que les fue impuesta por una de las piezas valencianas de Gürtel, el caso Fitur.
Los investigadores asignaron el nombre de Gürtel (correa, en alemán) y llevaron a cabo una operación policial que tenía su origen en una denuncia presentada meses antes tras la denuncia redactada por el abogado y concejal de Boadilla del Monte (Madrid) Ángel Galindo y firmada por el también exedil, en este caso de Majadahonda (Madrid), José Luis Peñas, el denunciante de la trama.
Esa investigación policial, que en un principio se circunscribía a las actividades de Correa y su grupo delictivo en la Comunidad de Madrid y en la Valenciana, entonces gobernados por Esperanza Aguirre y Francisco Camps, respectivamente, ha dado lugar a más de una decena de piezas separadas, como por ejemplo es la denominada papeles de Bárcenas, en la que se ha investigado la caja B del PP.
La investigación de Garzón, para quien este viernes Correa reclamó su absolución, ya que fue condenado por el Tribunal Supremo por ordenar a la Policía, con el apoyo de la Fiscalía, que grabara las conversaciones de los imputados con sus abogados en los centros penitenciarios, se dirigía contra altos cargos de la formación de Mariano Rajoy como por ejemplo era el caso del extesorero Luis Bárcenas, pero también contra numerosos altos cargos de la Comunidad Valenciana y madrileña.
"Trama contra el PP"
Por eso, el propio Mariano Rajoy protagonizó una rueda de prensa en la sede nacional del PP, en la madrileña Calle de Génova, en la que defendían a los imputados, llegando incluso a definir la operación como "una trama contra el PP". En la rueda de prensa Rajoy, que acabó declarando como testigo, apareció flanqueado por, entre otros, Francisco Camps, Ana Mato, Alberto Ruiz-Gallardón, Rita Barberá, María Dolores de Cospedal y José Antonio Monago.
En esa rueda de prensa, Rajoy anunció que pediría la recusación de Garzón, que acabó expulsado de la carrera judicial. Sin embargo, en sus conclusiones finales, y tras 13 meses de juicio y casi 9 años de instrucción, la Fiscalía mantuvo la acusación de que el PP se pudo ahorrar con los pagos de Correa una parte dinero de las campañas.
Por el contrario, el PP ha asegurado en el juicio que la formación político no obtuvo ningún tipo de beneficio político porque no es posible determinar la incidencia en unas elecciones de un posible acto electoral sufragado por Francisco Correa, que declaró durante 12 horas.
En este testimonio, aludió a posible comisiones ilegales abonadas por constructoras: "He recibido comisiones por muchas obras de OHL, de ACS, de Dragados y de otras", desveló en su declaración, para después añadir que de ese dinero le daba el 2 o el 3 % a Luis Bárcenas-, por conseguir obras en ministerios como Fomento o Medio Ambiente. Esa nueva revelación provocó la reapertura de la causa sobre la caja B del PP, pendiente de juicio.
En la cárcel
Y en su última palabra de este viernes, Correa volvió a anunciar su intención de colaborar con la justicia, aunque pedía algo a cambio: que pudiera ir a declarar a la Fiscalía desde su casa y no desde la cárcel, ya que en estos momentos está en prisión sin fianza tras ser condenado por la pieza separada de Fitur.
De la declaración de Correa en los primeros días del juicio al testimonio del presunto cabecilla en su última palabra, existe una diferencia diametral. En la primera, el reo mostró cierta arrogancia e insolencia, incluso con las dos fiscales, Concepción Sabadell y Concepción Nicolás. Por el contrario, este viernes Correa trató de tender puentes, incluso con el propio juez Garzón y las fiscales.
Para el primero Correa reclamó su indulto, ya que según su opinión fue condenado por prevaricación en un juicio "político". A las representantes del Ministerio Fiscal, el cabecilla de la trama corrupta les llegó a dar las gracias por el trato recibido durante los interrogatorios.
Una vez finalizado el turno de Correa, el magistrado que ha presidido la vista oral, que ha durado 13 meses y 125 sesiones, Ángel Hurtado, ha dejado el juicio “visto para sentencia. Se levanta la sesión, definitivamente”, ha concluido el presidente de la Sala.
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