El conocido como 'caso Koldo' llegó a la Fiscalía Europea. El órgano de Anticorrupción remitió el pasado 8 de junio a este ente parte del megacontrato que efectuó el Ministerio de Sanidad sobre la compra de material sanitario en pandemia porque afectaba a fondos de la Unión Europea.
Se trata de una adjudicación de la Dirección del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), dependiente del Ministerio de Sanidad que entonces dirigía Salvador Illa, a un contrato que afecta a Soluciones de Gestión. Esta es la empresa zaragozana que se benefició de hasta 52 millones de euros por ocho contratos de mascarillas y que entró en la Administración de la mano de Koldo García, exchófer y antiguo asesor de José Luis Ábalos.
Una parte de estas diligencias se las quedó la Fiscalía Anticorrupción y las derivó a la Audiencia Nacional, donde se investigan estos hechos por presunto delito de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho. Sin embargo, otra se remitió a la Fiscalía Europea, tal y como se constata en un auto de este mismo jueves avanzado en exclusiva por Vozpópuli. Anticorrupción derivó los lotes 8 y 9 de suministro de mascarillas que se adjudicaron a la UTE formada por Ferrovial de Servicios SAU y Soluciones de Gestión.
El megacontrato de 2.758 millones
De hecho, la pyme Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas entró de la mano de la multinacional Ferrovial en el 'megacontrato' que lanzó el Ministerio de Sanidad en agosto de 2020. El equipo de Salvador Illa, actual líder del PSC, quería agilizar el suministro con este mega-contrato. Todas las comunidades autónomas, excepto la Comunidad Valenciana, las áreas sanitarias de Ceuta y Melilla, el INGESA y los ministerios de Defensa e Interior respaldaron este proceso para recibir mascarillas, tests o guantes de forma inmediata.
Un total de 155 empresas, con un total de 475 ofertas a los once lotes, pelearon por estos 2.578 millones de euros. Una vez concluido el proceso, el Acuerdo Marco se adjudicó a 72 empresas, la UTE de Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas con Ferrovial fue uno de los elegidos. Según la información compartida por el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), a través de una solicitud remitida al Buzón de Transparencia, Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas no ha recibido ningún encargo en el año y medio que lleva en marcha esta compra centralizada.
Así pues, la Fiscalía Europea recibió la parte de los lotes correspondiente a Soluciones de Gestión. El resto se investiga bajo la batuta del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional en el marco de un procedimiento que arrancó hace cuatro meses a raíz de una querella Anticorrupción. El Ministerio Público pidió actuar contra un total de siete personas por la presunta trama que cobró comisiones con estas adjudicaciones a dedo en lo peor de la pandemia.
Más de 15 millones en beneficios
Entre los querellados se encuentran el que fuera chófer de Ábalos, su mujer Patricia Uriz, el hermano de Koldo, Joseba García, el presidente del Zamora CF y el empresario Juan Carlos Cueto. Los investigadores sitúan a este último como el verdadero cerebro de la operativa de las mascarillas que se hizo con la "sociedad interpuesta" de Soluciones de Gestión.
De hecho, apuntan que Cueto -que también estuvo investigado en la Audiencia Nacional por el caso de corrupción Defex- obtuvo un beneficio de 9,6 millones de euros y Del Aldama 5,5 millones. Este fue el margen que ambos cabecillas de la trama obtuvieron por el total de ocho contratos que Soluciones de Gestión firmó con el Ministerio de Transportes, del Interior y las comunidades de Islas Baleares y Canarias, que en el momento de los hechos presidían Francina Armengol y el actual ministro de Política Territorial Ángel Víctor Torres.
Al respecto los investigadores sostienen que el valor de estos ocho contratos superó los 52 millones de euros y que, del análisis de los pagos realizados se puede interferir unos beneficios de alrededor del 32%. Al hilo se destaca que el pago de las mascarillas así como al sector del transporte aéreo supuso el 13% de estos fondos públicos, por lo que el resto del porcentaje serían exclusivamente beneficios por su mediación.
Koldo: 1,5 millones y una caja fuerte
En lo que respecta a Koldo, se ha comprobado que entre los años 2020 y 2022 presentó un "incremento patrimonial que no se corresponde con los ingresos procedentes de sus actividades oficiales". En aquel periodo tanto él como su mujer (investigada en la causa) amasaron un patrimonio por valor de 1,5 millones de euros. Se trata de adquisiciones que se produjeron apenas cinco después de que se adjudicaran estos contratos a Soluciones de Gestión.
Del mismo modo consta la compra de varias viviendas en Benidorm, siendo que una de ellas se adquirió a nombre de su hija y se abonaron 115.000 euros sin necesidad de constituir hipoteca. Los investigadores constatan importantes ingresos en efectivo que muchas veces realizaban terceros como su propio hermano, quien, además, figura al nombre de la vivienda que Koldo posee en el municipio alicantino de Polop.
"El incremento patrimonial experimentado por Koldo García derivaría de pagos recibidos por haber intermediado para que le fueran adjudicados a Soluciones de Gestión los contratos", reza el auto. Se refiere en contrato, a los dos que adquirió el Ministerio de Transportes que dirigía Ábalos por importe de 20 y 12,5 millones de euros, respectivamente, y el que se suscribió con Interior por cerca de 3,5 millones.
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