El Ministerio de Transportes descartó en agosto cualquier vínculo con dos de los principales contratos de mascarillas del 'caso Koldo'. El departamento delegó por escrito la tramitación de estos contratos en Puertos del Estado y en Adif, pese a que la Fiscalía Anticorrupción apunta al órgano que entonces dirigía José Luis Ábalos como la puerta de entrada a la Administración Pública de la empresa de la trama.
"En el periodo considerado no se tramitó procedimiento de contratación por parte del Ministerio para el suministro de mascarillas del Covid-19 y en consecuencia no se recibieron ofertas", reza un escrito de Transportes al que ha tenido acceso Vozpópuli. El mismo se emitió el 1 de agosto del pasado año, fecha en la que Anticorrupción ya tenía preparada su querella contra siete personas, dos de ellas exempleados de este Ministerio.
Es más, la Fiscalía Anticorrupción sostiene que el departamento que entonces dirigía Ábalos fue la puerta de entrada de Soluciones de Gestión a través de la cual logró hasta nueve contratos con el Ejecutivo (dos con Transportes, uno con Interior, cuatro con Canarias, uno con Baleares y otro con Sanidad). De hecho, actúa contra el exasesor del político socialista, quien fue el que dio el chivatazo de que se iba a abrir "de forma inmediata" los procesos de adjudicación de contratos covid.
Los primeros contratos de la trama Koldo
Al respecto, el magistrado Ismael Moreno apuntó en un auto desvelado por este medio que existió un "concierto previo" entre los implicados en la trama y la Administración Pública para hacerse con los contratos. El primero de ellos se adjudicó por 20 millones de euros a Puertos del Estado y el segundo por 12,5 a Adif.
Se trata de las dos adjudicaciones por las que el Ministerio de Transportes respondió en agosto y de las que se desligó por completo. La contestación del departamento que en la actualidad dirige Óscar Puente se produjo después de que el Consejo de Transparencia le obligara a atender una consulta sobre estos contratos públicos de los que tampoco se quiso pronunciar Adif.
Transportes respondió en agosto que los únicos en declarar procedimientos de contratación fueron Puertos de Estado y Adif, sin embargo los investigadores mantienen que se fraguó desde el Ministerio un concierto previo con Soluciones de Gestión para adjudicarle los contratos antes de que se hicieran públicos
El ente público dependiente de Transportes tampoco dio información sobre el segundo de los contratos de la 'trama Koldo' alegando que había un procedimiento penal en curso. De hecho, el órgano se negó dar respuesta hasta en dos ocasiones, lo que llevó al reclamante, el abogado Ramiro Grau, a recurrir ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. El mismo le dio la razón, teniendo en cuenta que entonces no había ninguna causa penal abierta, sino unas diligencias en la Fiscalía Anticorrupción.
"En el caso que nos ocupa, el Ministerio de Transportes asignó la competencia para responder a la solicitud presentada por el interesado a Adif y a Puertos del Estado (...). La asignación fue hecha a estos organismos públicos por haber sido los únicos en declarar procedimientos de contratación destinados a la compra de mascarillas en el periodo solicitado (febrero, marzo y abril de 2020)", alegó el ente.
Concierto previo
La respuesta -en el marco de la cual no se ofreció información alguna de los contratos públicos- choca con lo mantenido por Anticorrupción. La Fiscalía, que se querelló hace unos meses contra siete personas por presunta organización criminal, tráfico de influencias y cohecho, sostiene que estos contratos que se adjudicaron 'a dedo' estaban concertados de antemano.
Al respecto el magistrado Ismael Moreno mantiene que del examen de la cronología de todos los contratos investigados y de otros firmados también por la empresa zaragozana se desprende que la publicación de la orden para adquirir el material sanitario se produjo "el mismo día" que se firmó el contrato.
"(Esto) hace evidenciar un concierto previo entre los responsables de la toma de decisiones en Soluciones de Gestión y la Administración Pública, que también aparece reflejado en los contratos que esta compañía firmó con otras sociedades", plasmó el instructor en un auto del pasado jueves.
Estos contratos, desvelados por Vozpópuli, propiciaron a la firma unos ingresos superiores a los 54 millones de euros. De los nueve que se firmaron, uno se desvió a la Fiscalía Europea al integrar un 'megacontrato' firmado por el Ministerio que dirigía entones Salvador Illa de 2.500 millones de euros que se habría sufragado con fondos europeos. La Fiscalía sostiene que solo el 13% de estos 54 millones de euros fue destinado para comprar las mascarillas y pagar su transporte a España.
17 millones en comisiones
Así pues, calculan que el 32% de todo este monto -cerca de 17 millones de euros- fue el margen de comisiones que se repartieron los implicados en esta operación. El principal beneficiario fue el empresario Juan Carlos Cueto, acusado en el marco de la investigación seguida también en la Audiencia Nacional por el presunto pago de millonarias mordidas con la empresa pública Defex para la venta de armas en Angola.
Cueto, a quien sitúan como verdadero dueño de Soluciones de Gestión, se anotó unos beneficios de 9,6 millones de euros, mientras que el presidente del Zamora CF, Víctor de Aldama, obtuvo 5,5 millones. Por su parte Koldo García -considerado el 'conseguidor'- habría adquirido tres pisos justo meses después de estas licitaciones por valor de 1,5 millones. También manejó abundante efectivo y lo ocultó en la caja fuerte.
Para los investigadores De Aldama fue la persona que contactó a Soluciones de Gestión con Koldo García. Al respecto sostienen que ambos se conocen desde diciembre de 2018 y que De Aldama incluso llegó a recurrir al menos en una ocasión a Koldo "para agilizar los trámites del Ministerio".
A diferencia de lo mantenido por Transportes, los investigadores otorgan un papel clave al Ministerio a cuyo frente se encontraba entonces Ábalos, hasta el punto de que recuerda que Koldo García pasó de ser chófer del político valenciano a asesor suyo, además de consejero de Renfe y vocal del Consejo Rector de Puertos del Estado.
Su mujer, también investigada en la causa, trabajó del mismo modo para este departamento en el momento de los hechos. Los dos fueron detenidos el pasado miércoles junto con De Aldama y el empresario vasco Íñigo Rotaetxe por esta presunta trama de cobro de comisiones. El magistrado les dejó en libertad con medidas cautelares a excepción del hermano de Koldo, Joseba García, para quien no se acordó ninguna.
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