El juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez ha ordenado este viernes el ingreso en prisión del ex vicepresidente de Kuwait Investment Office (KIO) Fouad Khaled Jaffar, que podrá eludir con una fianza de 500.000 euros.
Jaffar ha pasado a disposición judicial tras haber sido entregado este jueves por Reino Unido, país al que el Consejo de Ministros reclamó su extradición el 15 de septiembre de 2000 por delitos de estafa, falsedad en documento mercantil, apropiación indebida, maquinación para alterar el precio de las cosas y contra la Hacienda Pública. La petición de extradición formulada por el Gobierno relataba que el reclamado, en calidad de director del grupo KIO, efectuó supuestamente desde 1986 grandes inversiones en España canalizadas a través del grupo Torras S.A.
Jaffar está acusado de haber intervenido presuntamente en diferentes operaciones financieras entre 1987 y 1990, consistentes en la compra ficticia de sociedades por un precio inferior al real, para venderlas a un precio más alto. Además, se le acusa de transferir grandes sumas de dinero de la empresa a cuentas bancarias privadas en Suiza, a personas desconocidas o a título de préstamos sin intención de reembolsarlos.
La Fiscalía asegura que en al menos dos de las sentencias dictadas por la Audiencia Nacional en relación con el caso KIO hay "referencias nominales" a la intervención de Jaffar en los hechos objeto de juicio.
En septiembre de 1999, la entonces titular del Juzgado Central de Instrucción número 3, Teresa Palacios, dictó una orden de busca y captura para Jaffar y para el expresidente de KIO, Fahad al Sabah, a quien había intentado sin éxito tomar declaración como imputado días antes en las Bahamas. Jaffar, que para entonces ya residía en Londres, tampoco acudió a declarar en las varias ocasiones en que fue citado por Palacios.
Gómez Bermúdez, actual titular de ese juzgado, formó parte de los tribunales que enjuiciaron las piezas del caso KIO conocidas como Wardbase, Icsa-Impacsa y Pin5.
El caso KIO comenzó a investigarse el 8 de enero de 1993, a raíz de una querella del Grupo Torras contra el expresidente del grupo Javier de la Rosa, su ex consejero delegado Jorge Núñez Lasso de la Vega; los exconsejeros Narciso de Mir, Miguel Soler y Juan José Folchi; y el expresidente y exvicepresidente del consejo Sheik Fahad y Fouad Khaled Jaffar, ambos kuwaitíes. Torras, entonces controlada por KIO, consideraba que estos exgestores se enriquecieron de forma fraudulenta y causaron gravísimos perjuicios al grupo, que concluyeron con su descapitalización y posterior suspensión de pagos.
El financiero catalán De la Rosa acumuló condenas que sumaban más de 15 años de prisión por las cuatro operaciones que se juzgaron en el caso: ICSA-Impacsa, Wardbase, Pincinco-Quail-ACIE y Croesus.
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