El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno escuchará este lunes la versión de quien fuese subsecretario del Ministerio de Transportes Jesús Manuel Gómez, a quien la Fiscalía sitúa como una "correa de transmisión entre la esfera próxima del ministro" y los entes que adjudicaron contratos a la empresa del caso Koldo.
Gómez, cesado hace un mes por el ministro Óscar Puente, cerrará la ronda de declaraciones programada hasta ahora por el magistrado que investiga la adjudicación de una serie de contratos públicos de mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión con la presunta mediación de Koldo García, exasesor del exministro socialista José Luis Ábalos.
La Fiscalía Anticorrupción sitúa al entonces subsecretario de Transportes entre los cargos que habrían ejercido presuntamente "ciertas presiones" sobre responsables que debían adjudicar los contratos" sin ninguna opción de rebatir la decisión final de adjudicación" a la mencionada empresa.
Destaca su "implicación" en la adjudicación de los contratos y su "vinculación directa" con Koldo García, e incluso apunta que, según diversos correos, pudo haber ejercido "como correa de transmisión entre la esfera próxima del ministro y los entes adjudicadores".
El ex subsecretario fue uno de los cargos del Ministerio de Transportes con los que Koldo García, uno de los principales investigados, mantuvo alguna reunión en la marisquería La Chalana, en Madrid, un lugar muy frecuentado por el exasesor de Ábalos.
La Fiscalía recoge un encuentro el 2 de febrero del año pasado entre ambos y un director general de EMFESA, sociedad dependiente de Transportes donde trabajó el hermano de Koldo García, también investigado.
Tras el estallido de la causa, Gómez negó ante la Guardia Civil haber participado de manera directa o indirecta en la adjudicación por parte de Adif o Puertos del Estado de los contratos investigados, una afirmación, en opinión del fiscal, "alejada de la realidad", según sus correos.
En un primer momento el exsubsecretario de Transportes iba a estar representado por la Abogacía del Estado, si bien el magistrado, a petición de las acusaciones, acordó apartar a estos servicios jurídicos de la causa al no haber aportado la autorización preceptiva, y que lo representase un abogado particular.
La Fiscalía cree que tras el caso Koldo hay una "organización criminal" que se concertó para lograr contratos públicos y que el exasesor de Ábalos cobró para "mediar y conseguir" adjudicaciones y después intentó "ocultar estos cobros" y evitar su trazabilidad.