Álvaro García Ortiz tiene claro que no va a cesar como fiscal general del Estado. El máximo representante de la institución congregó este jueves a la Junta de Fiscales de Sala (integrada por la cúpula de la carrera) y también al Consejo Fiscal para dejarles claro que no da un paso al lado tras abrirse una investigación contra él en el Tribunal Supremo. El fiscal general defendió su tesis ante los dos órganos, pero se encontró con muchas voces críticas a esta decisión, principalmente por el daño reputacional que les puede causar.
En estos momentos García Ortiz tiene a su lado a la Unión Progresista de Fiscales (UPF) -de la que es afín- y también a su camarilla en la cúpula de la Fiscalía. Se trata de un apoyo clave para el fiscal general en un momento especialmente delicado ya que las voces discrepante parecen ir en aumento. De hecho, la Junta de Fiscales de Sala evidenció escisión en relación a la continuidad de su máximo representante. Aunque García Ortiz les convocó exclusivamente para informarles de su decisión, fueron varios los fiscales que tomaron la palabra para expresar su parecer.
Su antecesora en el cargo, Dolores Delgado, o el fiscal jefe del Tribunal Constitucional, Pedro Crespo, fueron algunos de los 30 fiscales presentes que le defendieron. La tesis de este grupo es que García Ortiz no cometió delito de revelación de secretos ni con la nota informativa sobre la pareja de Isabel Díaz Ayuso, ni tampoco con los correos internos que sirvieron de base para su elaboración. Partiendo de esa tesis, no tendría razón de ser que dejara su cargo, puesto que su actuación respondió, precisamente, a un intento por defender la imagen del Ministerio Fiscal.
Daño reputacional de la Fiscalía
En ese sentido respaldan el criterio del fiscal general acerca de que se emitió un comunicado sobre la investigación contra Alberto Rodríguez Amador para desmentir un bulo que afectaba a la imagen del Ministerio Público. El epicentro de la polémica se encuentra en una información publicada la noche del 13 de marzo, en el marco de la cual se apuntó que la Fiscalía había ofrecido una conformidad a la pareja de la presidenta madrileña. En aras a demostrar que fue él quien reconoció los hechos y pidió un pacto a la Fiscalía, García Ortiz decidió recabar todos los correos cruzados entre el fiscal del caso y el abogado del empresario y redactar un comunicado.
Dicha nota recogía un relato cronológico de todas las diligencias practiadas en la Fiscalía a raíz de los correos cruzados entre las partes. Tanto el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid como el propio Rodríguez Amador pusieron estos hechos en conocimiento de la Justicia al considerar que la nota desvelaba información secreta y que, además, la Fiscalía sería la responsable de que se filtraran en prensa las comunicaciones internas. Esto es así porque el fiscal general solicitó todos estos mensajes la misma noche en que tuvo conocimiento de la presunta propuesta de pacto.
A partir de ahí se abrieron unas diligencias en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid que han terminado en el Tribunal Supremo tras reconocer García Ortiz que él dio las órdenes para difundir el comunicado. La Sala de lo Penal -que abre causa con unanimidad de todos sus miembros- no se centra tanto en dicha nota, como en la filtración de los correos que hasta la noche del 13 de marzo habían permanecido ocultos. Además, avisa que esta revelación puede haber perjudicado el derecho de la presunción de inocencia de González Amador, dado que está incurso en un procedimiento penal por dos delitos fiscales.
"Esto no es un plebiscito"
Las fuentes fiscales consultadas por Vozpópuli aseguran que los afines a García Ortiz incluso pusieron en entredicho la fundamentación del auto del Tribunal Supremo y vaticinaron que esta instrucción será rápida y acabará en archivo. Sin embargo, otros miembros de la cúpula de la Fiscalía pusieron en el foco en la imagen de la institución. Para este sector -que lo integraron cerca de una decena de fiscales- el hecho de que el fiscal general del Estado sea una persona investigada en una causa penal supone un latigazo que daña hasta el extremo la imagen de toda la carrera.
Algunos incluso mostraron su inquietud y su temor de que la causa se alargue, puesto que quedan diligencias por practicar, con el daño reputacional que ello conlleva. Además, avisaron de que daña gravemente la apariencia de imparcialidad de la Fiscalía el hecho de que García Ortiz siga al frente de la misma, puesto que este órgano es parte de la causa. Y no solo ello, sino que el Ministerio Público lidera acusaciones en decenas de procedimientos (como el caso Koldo o la causa contra el hermano del presidente del Gobierno) y es perjudicial para su imagen que el que imparta las órdenes esté siendo investigado en otro proceso penal.
En relación al Consejo Fiscal (que, a diferencia de la Junta de Fiscales, lo elige la carrera por elecciones) el resultado fue diferente. Siete de sus doce vocales (los seis de la mayoritaria Asociación de Fiscales y a APIF) le pidieron que cesara también con el foco puesto en el daño reputacional. "Nos resulta absolutamente inasumible el impacto que produce dentro y fuera de nuestras fronteras la imagen de un Ministerio Fiscal dirigido por un Fiscal General del Estado imputado. No puede haber una consecuencia más gravosa", expusieron los vocales de la AF en un comunicado tras el cónclave.
Sin embargo, el fiscal general dejó claro tanto en una como en otra reunión que dichos encuentros que él mismo convocó no eran un plebiscito, sino que la decisión estaba tomada. Alegó que había reflexionado mucho sobre esta situación y que, dado que actuó para defender la imagen de la institucióin que lidera, la conclusión adoptada era no dimitir. Su objetivo con la nota, dijo, era ofrecer información veraz a la ciudadanía, siendo además que los correos aludidos ya estaban publicados en prensa.
Se trata de un criterio rebatido por cada vez más miembros carrera que aguarda con preocupación la próxima actuación del Tribunal Supremo en esta causa y la postura que adopte la Fiscalía en la misma; puesto que está especialmente comprometida.
Apoya TU periodismo independiente y crítico
Ayúdanos a contribuir a la Defensa del Estado de Derecho Haz tu aportación