La larga batalla que mantienen la Xunta de Galicia y el Gobierno central por las competencias relacionadas con la ordenación y la gestión integrada del litoral gallego se acaba de recrudecer al máximo tras anunciar la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, que la reciente normativa aprobada por la comunidad autónoma será recurrida ante el Tribunal Constitucional por invadir, en su opinión, atribuciones exclusivas del Estado. La respuesta por parte del ejecutivo gallego no se ha hecho esperar y ya ha solicitado al Consejo de Estado que le remita de forma urgente el dictamen en el que basa el citado recurso de anticonstitucionalidad contra la nueva ley autonómica del litoral, que fue aprobada hace apenas tres meses y que ahora quedará suspendida hasta que el TC resuelva las cuestiones planteadas. Pese a la urgencia aludida por la administración autonómica para conocer el informe del supremo órgano consultivo del Gobierno, la respuesta se está haciendo esperar, hasta el punto de que el presidente gallego, Alfonso Rueda, denuncia que “no podemos ni defendernos”.
Postura firme de la Xunta
La postura de la Xunta sigue siendo muy firme y no piensa ceder a la ofensiva lanzada por el Gobierno de Pedro Sánchez al estimar que la nueva norma “no va contra la Constitución ni va contra la Ley de Costas”, sino que responde a la defensa de los legítimos intereses de Galicia en base a las competencias recogidas en el Estatuto de Autonomía. En este sentido, la vicepresidenta segunda y conselleira de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda insiste en que a lo largo de su tramitación ni el Observatorio del Litoral, conformado por reconocidos investigadores y juristas ligados a la Universidad de A Coruña, ni ninguno de los expertos letrados consultados advirtió sobre trazo alguno de inconstitucionalidad. Ángeles Vázquez recuerda, además, que durante los trámites parlamentarios no se registró ni un solo voto en contra.
La conselleira, que reprocha al Ejecutivo central su falta de voluntad a la hora de negociar los puntos conflictivos sobre competencias costeras, hace hincapié en el “mar de incertidumbres” que generará a partir de ahora una decisión que puede provocar la la paralización de proyectos muy importantes impulsados por decenas de ayuntamientos y empresas vinculadas a la cadena mar-industria. Por su parte, el conselleiro do Mar, Alfonso Villares, teme que el recurso gubernamental incidirá de una forma muy negativa en la economía gallega. “Estamos hablando de la generación de nuevos puestos de trabajo, que esta impugnación deja en el aire, cortando todas las expectativas de las empresas y generando una confusión enorme”.
Los argumentos del Gobierno también son contundentes y la ministra portavoz sostiene que recurrirá ante el TC 31 de los 73 artículos de la ley gallega porque considera que reducen la protección, alteran y quebrantan el dominio público marítimo terrestre del Estado y atribuyen a la Xunta competencias “no previstas en su propio Estatuto de Autonomía”.
Para entender la “guerra costera” que mantienen Madrid y Galicia hay que remontarse a mayo de 2021, fecha en la que entró en vigor la ley estatal de Cambio Climático y Transición Energética, muy discutida por la Xunta al estimar que supone una grave amenaza para la continuidad de numerosos enclaves tradicionales e industrias asentadas desde tiempos remotos en la franja costera, entre ellas las relacionadas con el sector conservero, uno de los pilares fundamentales de la economía gallega (da empleo a unas doce mil personas, la gran mayoría, en torno al 80%, mujeres).
Este temor animó al gobierno gallego a impulsar una ley propia que permitiese a la Xunta asumir más competencias en la ordenación y gestión de su propio litoral, que con casi 2.600 kilómetros de longitud (contado el perímetro de islas e islotes) es el más extenso de España, tarea que culminó el pasado mes de julio con la entrada en vigor de una normativa enfocada a mantener el control sobre la regularización de unas cuatro mil edificaciones y casi 250 empresas radicadas en el litoral, cuya continuidad peligra debido a una normativa que no tiene en cuenta, en opinión del gobierno presidido por Alfonso Rueda, la realidad socioeconómica de Galicia. Madrid estima, por contra, que la ley gallega no respeta las sensatas restricciones impuestas por la norma estatal para proteger la costa y que, en todo caso, Galicia no puede asumir como propias competencias que la Constitución otorga al Estado. Sobre este particular, la secretaria general del PPdeG, Paula Prado, afirmó en su día que el litoral gallego debe gestionarse desde Galicia, “no desde La Castellana”.
Alfonso Rueda se ha mostrado muy crítico con la decisión del Ejecutivo de Pedro Sánchez y declaró que “no la entendemos, no nos gusta y no podemos aceptarla". Afirma que la suya no es una ley política y censura que el Gobierno haya impulsado un recurso ante el TC sin haberle hecho llegar ninguna comunicación previa, “en base a un dictamen del Consejo de Estado que no conocemos en absoluto” y después de “meses sin ninguna comunicación”.
El presidente de la Xunta también lamentó, en clara referencia a las negociaciones de amnistía que mantiene Pedro Sánchez con los grupos independentistas de cara a la investidura, que "con la que está cayendo, el celo del Gobierno en salvaguardar la Constitución se centra en Galicia".
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