La Operaciçón Colapso-Edén, el mayor golpe policial contra el tráfico de cocaína dado en España, sigue deparando sorpresas año y medio después de las primeras detenciones. El pasado 21 de junio, el Grupo de Investigación Patrimonial de Vigilancia Aduanera, dependiente de la Agencia Tributaria, remitió al Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid que instruye la causa, un voluminoso informe sobre la trama empresarial del principal imputado, el empresario de origen colombiano Laurentino Sánchez Serrano, alias Lauro, en la que se revela que la organización de éste se planteó blanquear una parte importante de los beneficios que supuestamente obtenía con el tráfico de cocaína con la construcción de una universidad privada en Pinto, una localidad de 45.000 habitantes al sur de Madrid. Para ello, Lauro había constituido una empresa, Promoción y Desarrollo de Centros Universitarios S.A.-Universidad Siglo XXI, en la que los principales accionistas eran dos de sus supuestos testaferros, su esposa, Fanny Fernández, y su abogado de confianza, Roberto Rodríguez Casas.
El informe de la Agencia Tributaria destaca que el presunto traficante "nadaba en la abundancia" cuando se planteó la 'narcouniversidad'
Siempre según dicho informe, la documentación sobre dicho proyecto fue localizada por la Policía en los ordenadores de este último. Entre ella había un protocolo de declaración de intenciones con fecha de diciembre de 2000 para ser firmado por este abogado y por el entonces alcalde de la localidad madrileña, el socialista Antonio Fernández Díaz. Dicho protocolo fue finalmente rubricado por ambos a finales de enero de 2001, como destacaron entonces varios medios de comunicación. Además, los agentes localizaron en los equipos informáticos del letrado una carta supuestamente redactada por él y dirigida al Ayuntamiento de Pinto en el que le exponía su intención de crear dicha universidad donde la empresa que representaba invertiría "varios miles de millones de pesetas". El presunto testaferro presumía en la misiva de contar con suficiente autonomía financiera para llevar a cabo dicho desembolso.
La empresa de su mujer
En este sentido, el informe de los investigadores de la Agencia Tributaria destaca que en aquellos años (2000 y 2001), el presunto narco Lauro Sánchez "nadaba en la abundancia" y que por ello consideran que su papel en la operación era "el de mero inversor capitalista". El documento, incorporado ya al sumario, señala también que Roberto Rodríguez sería "el ideólogo y organizador" del proyecto de blanqueo, y que un tercer presunto implicado, Javier L.G.G., era "el encargado del ámbito de la docencia". Este último personaje aparece como propietario de la empresa Jara 50 S.L., la empresa instrumental que figura en el registro como propietaria de la mayoría de las acciones de la Promoción y Desarrollo de Centros Universitarios S.A.-Universidad Siglo XXI, y cuyo principal accionista es, precisamente, la mujer de Lauro.
Según el protocolo que en su día firmaron el testaferro y el entonces alcalde, la misma iba a contar con cuatro facultades en las que se iba a impartir una veintena de titulaciones universitarias. Además, estaba previsto construir como instalaciones complementarias una clínica privada, una residencia de la tercer edad, un hotel-residencia para estudiantes y profesores, una piscina cubierta y un gimnasio. Todo ello en una superficie de 100.000 metros cuadrados de un área denominada como Punctum Milenium. Los plazos que se marcaban era de cinco años "una vez obtenidas las licencias correspondientes". La sociedad controlada por el presunto narco se comprometía a otorgar "prioridad absoluta a las personas residentes en este municipio [Pinto]" para ocupar los puestos de trabajo que se generasen. Finalmente, el proyecto no se realizó. Ayer, fuentes del PSOE de la localidad, partido al que pertenecía el alcalde que promovió la construcción de la universidad, recordaban vagamente el proyecto. "Aquel equipo ya no está en la dirección del partido", se justificaban. No fue posible contactar con ningún miembro del actual equipo de Gobierno, del PP.
Las relaciones políticas de la trama
Los contactos políticos de Lauro y su trama no se limitaban, sin embargo, al alcalde de Pinto. En junio de 2009, cuando ya estaban siendo investigados, la Policía interceptó una llamada entre el presunto capo y su abogado de confianza en la que se jactaban de haber sentado a uno de sus testaferros a una cena con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, y dos alcaldes de su partido, los de Majadahonda y Pozuelo de Alarcón, cargos ocupados entonces por Narciso de Foxá Alfaro (aún regidor de este municipio) y Gonzalo Aguado. Los responsables de la investigación están convencidos que con dichos encuentros pretendían conseguir favores políticos para agilizar la licencia de apertura de un local en el que supuestamente pretendía blanquear parte de sus beneficios de la droga.
La Operación Colapso-Edén también reveló que la trama incluso consiguió que otros testaferros de la organización se reunieran a finales de 2010 con Santiago Moreno, el entonces vicepresidente del Gobierno de Castilla-La Mancha del socialista José María Barreda. Su intención era abordar la explotación en exclusiva durante tres años de la terminal de carga del ruinoso aeropuerto de Ciudad Real para hacer aterrizar en sus pistas cada semana un avión procedente de Perú cargado con hasta tres toneladas de cocaína.
Los tentáculos del grupo llegaban, incluso, al extranjero y, en concreto, a Panamá, donde el abogado Roberto Rodríguez planeó la creación de un banco por su condición de paraíso fiscal a través de testaferros y empresas interpuestas, y con la ayuda de una entidad bancaria portuguesa y dos árabes, según se desprende las comunicaciones telefónicas interceptadas por la Policía. Dentro de las gestiones para conseguirlo, la red llegó a invitar a un miembro del Gobierno del país centroamericano a un partido de fútbol en el Estadio Santiago Bernabeu: “El ministro de Economía de Panamá está muy agradecido conmigo por ponerle en el palco con Florentino”, presumió el letrado imputado en una llamada telefónica también interceptada por la Policía.
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