La Mesa garantiza el uso de lenguas cooficiales desde el martes a pesar de la objeción de los letrados

La Mesa del Congreso ha acordado con los votos de la mayoría progresista que las lenguas cooficiales -catalán, euskera y gallego- puedan utilizarse desde el pleno del próximo martes, 19 de septiembre, en el que se debatirá precisamente la proposición que reforma el Reglamento para su implantación definitiva. Además de las lenguas cooficiales que requerirán traducción simultánea de varios intérpretes, los diputados que lo deseen podrán hablar en otras lenguas no oficiales, como el aragonés o el bable, siempre que el propio parlamentario se autotraduzca utilizando el tiempo de intervención.

De esta forma, las lenguas cooficiales puedan utilizarse en el hemiciclo  antes de que se apruebe la reforma del Reglamento del Congreso que se registró con este objetivo. De hecho, los diputados que lo deseen ya las podrán utilizar en el debate de toma en consideración de esa reforma reglamentaria, que será el único punto del Pleno del orden del día que se celebrará la semana que viene.

Objeción de los letrados

Sin embargo, los letrados del Congreso han avisado que a corto plazo resulta "muy difícil" aplicar el uso de las lenguas cooficiales en toda la actividad parlamentaria, ya que la reforma que se plantea para esta implantación afecta al "entero funcionamiento de la Cámara".

 antes de que se apruebe la reforma del Reglamento del Congreso que se registró con este objetivo.

De hecho, los diputados que lo deseen ya las podrán utilizar en el debate de toma en consideración de esa reforma reglamentaria, que será el único punto del Pleno del orden del día que se celebrará la semana que viene.

Según un escrito de los letrados, al que ha tenido acceso EFE y que este miércoles ve la Mesa del Congreso, los letrados señalan que la proposición de reforma del Reglamento propuesta reconoce a los diputados un derecho general a utilizar "sin limitaciones" y en todos los ámbitos de la actividad parlamentaria el uso del catalán, del euskera y del gallego, "lo cual resulta de muy difícil, si no imposible aplicación en sus términos, al menos de forma inmediata o a corto plazo".

Y es que la iniciativa del PSOE, Sumar, ERC, Bildu, PNV y BNG y que tiene previsto tomarse en consideración la próxima semana, ha sido registrada con la intención de que pueda entrar en vigor durante el debate de investidura del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que se celebrará en el Pleno del Congreso el 26 y 27 de septiembre.

Debe ajustarse a plazos tasados

"La reforma planteada afecta de manera integral a todos los procedimientos, así como a todos los plazos reglamentarios, y por ende, al entero funcionamiento de la Cámara", advierten los letrados, que reconocen el derecho de los diputados a usar lenguas oficiales distintas del castellano en la Cámara, y no ponen objeción a que la iniciativa se tramite de forma directa y en lectura única. Una tramitación que supone acortar los tiempos en el procedimiento parlamentario para su aprobación, ya que no es necesario que la iniciativa sea debatida en la Comisión del Reglamento, que, por otra parte, todavía está sin constituir.

Los letrados, en un primer análisis, inciden en que la actividad parlamentaria, en todos su ámbitos, está determinada por el principio de inmediatez y debe ajustarse a plazos tasados "y generalmente breves", que con el uso de la lenguas cooficiales "difícilmente podrán cumplirse", ya que como paso previo a su tramitación han de traducirse las iniciativas y los documentos que se presenten.

En este sentido, el escrito señala que sería necesario para mayor garantía jurídica "replantear todos los procedimientos parlamentarios, tal y como los mismos se encuentran actualmente configurados". "Por otro lado, ha de tenerse en cuenta la naturaleza reservada e incluso secreta de determinadas reuniones", señala la anotación, en referencia a los temas que trata por ejemplo la Comisión de secretos oficiales.

Los letrados recalcan que en todo momento es preciso asegurar la comprensión de los discursos y de los debates así como garantizar la seguridad jurídica, por lo que "no puede obviarse el esfuerzo logístico que ello conlleva", teniendo en cuenta el "volumen de la actividad del Pleno y de las comisiones".