Los letrados del Congreso han vuelto a informar en contra de que la Mesa de la Cámara tramite las peticiones para que se creen comisiones parlamentarias destinadas a investigar las presuntas irregularidades en las que haya podido incurrir el Rey Juan Carlos. Esta vez lo han hecho a raíz de la solicitud registrada la semana pasada por las formaciones independentistas de la Cámara, junto con Más País y Compromís.
La Mesa del Congreso analizará este martes esta petición de comisión de investigación firmada por ERC, Junts, EH Bildu, la CUP, el BNG y las formaciones de Íñigo Errejón y Joan Baldoví para que se abran pesquisas sobre la trama vinculada a las presuntas "ilegalidades e irregularidades" cometidas por miembros de la Casa Real, en especial el Rey emérito, sobre qué sabía de las mismas su hijo Felipe VI y si se benefició de ellas.
Según el informe de los servicios jurídicos, al que ha tenido acceso Europa Press, no procede tramitar la iniciativa teniendo en cuenta "la posición institucional de la Jefatura del Estado en el marco constitucional y especialmente los dispuesto en los artículos 56.3 y 65 de la Constitución".
El primero de ellos, recuerdan los letrados, establece las prerrogativas de "inviolabilidad" y de no sujeción a responsabilidad del Rey y recalcan que éstas son "absolutas, abarcan la totalidad del periodo en el que se ejerce la Jefatura del Estado" y "tienen efectos jurídicos permanentes".
No se pueden controlar sus actos
Los letrados también esgrimen los propios precedentes de la Cámara, así como la doctrina del Tribunal Constitucional para avalar su postura. En concreto, inciden en que el máximo garante de la Carta Magna dejó claro en una sentencia de 2019 "la especial protección jurídica que es propia al jefe del Estado, que se relaciona "con la persona y no con las funciones que el titular de la Corona ostenta" y que se "configura como un privilegio de naturaleza sustantiva".
Asimismo, subrayan que el Constitucional ha señalado que "la inviolabilidad preserva al Rey de cualquier tipo de censura o control de sus actos" y que a ésta se une "la no sujeción a responsabilidad, en referencia a que no pueda sufrir la imposición de consecuencias sancionatorias por un acto que, en otro caso, el ordenamiento así lo impondría".
Podemos necesita el apoyo de otros partidos
También Unidas Podemos registró una petición similar la semana pasada, pero sus 35 diputados no son suficientes para solicitar la creación de una comisión de investigación, puesto que éstas debe contar con el respaldo de al menos un quinto de los miembros de la Cámara (50 diputados) o de dos grupos parlamentarios.
Según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias, el grupo confederal ha vuelto a presentar este lunes su petición en el registro incluyendo también firmas de los impulsores de la otra comisión de investigación. Sin embargo, el órgano de gobierno de la Cámara sólo analiza las iniciativas registradas hasta el viernes anterior a su reunión de los martes, con lo que no podrá pronunciarse sobre la misma en su cita de este martes.
En cualquier caso, todo parece indicar que ninguna de estas peticiones logrará salvar el filtro de la Mesa y que PSOE, PP y Vox volverán a unir sus votos para inadmitirlas asumiendo el criterio de los servicios jurídicos.
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