Los letrados del Congreso de los Diputados han rechazado en un escrito la admisión a trámite de una proposición de ley del PNV para limitar la inviolabilidad del rey. Según argumentan, esa propuesta invade lo previsto en la Carta Magna y no puede tocarse con una ley, aunque sea orgánica, sino que, en todo caso, debería hacerse mediante una reforma constitucional.
La iniciativa del PNV, presentada por su portavoz parlamentario, Aitor Esteban, consiste en añadir un segundo punto al artículo 55 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para habilitar al Supremo a examinar las acciones del Rey que no tengan refrendo de las Cortes y las que no tengan relación con la gestión de la Jefatura del Estado. Es decir, se mantendría la inviolabilidad para sus funciones propias de monarca constitucional y para la organización de la Casa de Rey, pero ya quedarían fuera de protección actos privados como sus negocios particulares.
El objetivo de la proposición de ley es acabar con la interpretación omnicomprensiva que ha venido frenando investigaciones judiciales y parlamentarias sobre actividades privadas de Juan Carlos I. Según Aitor Esteban, habría sido mejor que una Ley de la Corona desarrollase la previsión constitucional de la inviolabilidad para excluir los actos privados, pero como esa norma nunca ha llegado a plasmarse y no está en agenda, el PNV optó por la vía de reformar la Ley del Poder Judicial.
Para los letrados "no procede su admisión a trámite"
Pero la propuesta del PNV ha chocado con los servicios jurídicos del Congreso, como ya ocurrió con una ley específica de Compromís y Más País sobre la inviolabilidad de la Corona. Según un informe recogido por Europa Press, Los letrados argumentan que "no procede su admisión a trámite" porque supone "un desarrollo normativo contrario al régimen jurídico de la inviolabilidad de la Jefatura de Estado" que figura en la Constitución.
A su juicio, se trata de los "elementos esenciales de la Corona" que se recogen en el Título II de la Constitución y no se pueden regular a través de una proposición de ley. Es decir, que si se quiere cambiar, sólo puede hacerse vía reforma constitucional.
El informe de los letrados, que no es vinculante, está en manos de la Mesa del Congreso, que en su reunión de este martes será quien decida si acepta o no tramitar la iniciativa. Aunque el PSOE y Unidas Podemos tienen mayoría en el órgano de gobierno que preside Meritxell Batet, suelen votar distinto en las cuestiones relativas a la Jefatura del Estado ya que los socialistas se alinean con los servicios jurídicos, junto con el PP y Vox.
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