Uno de los secretos mejor guardados de la seguridad española, al descubierto. La investigación del caso Villarejo en la Audiencia Nacional ha permitido conocer la orden que regula el gasto de los fondos reservados del Ministerio del Interior, fuente de conflictos y escándalos de corrupción a lo largo de la democracia. Se trata de un norma establecida en 1995 por el Gobierno de Felipe González que, otra vez, se encuentra bajo sospecha por el uso que se le dio durante el Ejecutivo de Mariano Rajoy.
Para conocer esta normativa ha sido necesario que el juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Villarejo, Manuel García Castellón, solicitase en marzo al Gobierno de Pedro Sánchez que la desclasificase. El Ejecutivo socialista accedió a ello en su reunión del Consejo de Ministros del pasado 10 de mayo. Diez días después, ya estaba encima de la mesa del juez. Los fondos reservados se incluyen en los Presupuestos Generales del Estado, pero tienen su propio sistema de control.
Vozpópuli ha tenido acceso a esta orden con casi un cuarto de siglo de vigencia. Establece que “cada centro gestor de fondos reservados abrirá una caja específica y exclusiva para el manejo de dichos recursos, que será gestionada por un responsable designado al efecto, que en el caso de los servicios centrales lo será por el ministro a propuesta del titular respectivo”.
En el periodo investigado, el ministro era Jorge Fernández Díaz y los servicios centrales son, por ejemplo, la Dirección Adjunta Operativa de la Policía Nacional que en esa época dirigió con mano firme Eugenio Pino. De él dependía, entre otros, el comisario José Manuel Villarejo, quien durante muchos años colaboró mano a mano con su compañero Enrique García Castaño, responsable de una unidad especialmente sensible dentro de la Comisaría General de Información.
En el marco de la pieza separada Kitchen, la Audiencia Nacional investiga si estos y otros policías a las órdenes de Pino trazaron una estrategia para robar documentación al extesorero del PP, Luis Bárcenas, sin el conocimiento del juez que investigaba la caja B del partido. En esos trabajos compraron presuntamente al chófer de Bárcenas con el pago de 2.000 euros mensuales procedentes de los fondos reservados, según la investigación. El propio García Castaño declaró ante el juez que aquello fue un encargo de Pino.
Así se autorizan los fondos reservados
El dinero se ingresa en la cuenta corriente que tiene abierta el Ministerio en el Banco de España. “Mensualmente o en función de la situación de las diferentes cajas, el titular del Gabinete del Ministerio o el responsable de la Secretaría de Estado harán una propuesta de disposición de fondo de dicha cuenta corriente al Ministro, el cual dará la orden de pago oportuna, pudiendo delegar en la Secretaría de Estado de Interior”. El secretario de Estado de Seguridad en el periodo investigado era Francisco Martínez. Recientemente el comisario Enrique García Castaño le señaló como el destinatario de documentación personal robada a Bárcenas. Martínez niega tal extremo.
En base a la orden de pago, “se expedirá un cheque contra la cuenta corriente en el Banco de España, el cual irá firmado necesariamente por dos de las tres personas que tienen reconocida su firma en dicha cuenta”. Fuentes conocedoras del uso de los fondos aseguran a este periódico que esas tres personas son el jefe de gabinete político del ministro, el director del Gabinete de Coordinación y Estudios y el secretario de Estado de Seguridad.
La retirada del dinero se hace en metálico que “se ingresará en la caja del ministro o en la caja de la secretaría de Estado”. Por la recepción del dinero, en cada una de las cajas, los responsables firmarán un recibí y de este ingreso se hará una anotación en el registro de los fondos reservados.
El dinero se reparte después en función de las solicitudes de la Policía Nacional, la Guardia Civil y el Plan Nacional sobre Drogas. “A la solicitud que efectúe cada centro habrá de acompañar la justificación de la aplicación dada a los fondos recibidos en la anterior entrega (anexo 3). La salida del dinero de la caja del ministro o secretario de Estado debe quedar reflejada en un registro y el ingreso en las nuevas cajas, también.
Justificación
No obstante, para poder hacer efectiva la distribución de los fondos reservados “se exigirá la justificación de la aplicación dada a los fondos recibidos en la anterior entrega” (anexo 3). La contabilidad debe quedar reflejada desde un punto de vista “orgánico, funcional y por operaciones sobre los empleos dados a los fondos reservados”. La norma estipula que la contabilidad estará radicada en el Gabinete de la Secretaría de Estado.
Las fuentes policiales consultadas al respecto admiten que la información que se suele incluir a la hora de detallar el uso de estos pagos rara vez entra al detalle. Por lo general se suelen recoger aspectos más bien genéricos. Todos estos criterios se establecieron en 1995 porque hasta ese momento los fondos reservados “no requerían justificación documental” y se consideró “necesario diseñar un sistema de control interno específico”.
Uso secreto
Son muchas las veces que los responsables políticos han apelado al secreto que por ley ampara al uso del dinero público con fines de seguridad para evitar dar explicaciones. Pero el Tribunal Supremo zanjó en 2004 que el exsecretario de Estado Rafael Vera (1986-1994) y varios responsables de Interior de la época se quedaron con 645 millones de pesetas (3,8 millones de euros). En 2007 los tribunales también condenaron a Vera en el ‘caso Maletines’ por destinar otros 206 millones de pesetas para gratificar a los expolicías Michel Domínguez y José Amedo tras ser procesados por el terrorismo de Estado de los GAL.
El pasado febrero este periódico informó en exclusiva de que los investigadores de Asuntos Internos y la Fiscalía Anticorrupción habían encontrado más de medio millón de euros en las cuentas del comisario Enrique García Castaño. Los investigadores sospechan que es dinero fruto de años de colaboración en la actividades privadas de Villarejo pero su entorno lo niega y dice que procede del cobro durante años de los fondos reservados.
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