El Tribunal Supremo tiene en su mano la posibilidad de plantear una cuestión de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía en la que trabaja el Gobierno. El alto tribunal, que mantiene procesado a Carles Puigdemont en la causa del procés, cuenta con este mecanismo legal ante la previsible aprobación de la norma que exige el expresidente catalán como moneda de cambio para apoyar la investidura de Pedro Sánchez.
De esta forma, pocas dudas hay de que, si finalmente ve la luz la polémica ley de amnistía, ésta acabaría en la mesa del Tribunal Constitucional. El órgano que preside el magistrado Cándido Conde-Pumpido tendrá la última palabra sobre si la norma vulnera o no la Carta Magna. La ley se podría llevar al TC bien mediante un recurso o bien mediante una cuestión de inconstitucionalidad que podría plantear el Supremo.
Fuentes del alto tribunal consultadas por Vozpópuli no avanzan ningún movimiento al respecto y prefieren guardar cautela. Sin embargo, voces expertas aseguran que la cuestión de inconstitucionalidad es una de las vías con las que cuenta el Supremo para que el Constitucional se pronuncie sobre la futura ley de amnistía.
La ley de amnistía y la Constitución
Al respecto cabe precisar que la Constitución, en su artículo 163, establece que "cualquier órgano judicial" podría recurrir al TC cuando considere que una norma con rango de ley puede ser contraria a la Carta Magna. Ello quiere decir que no solo podría actuar el Tribunal Supremo, sino cualquier otro juez o tribunal que considere que la ley es inconstitucional.
La amnistía que exige Puigdemont se traduce en el perdón y la renuncia a perseguirle penalmente por su implicación en el procés. El expresidente catalán tiene pendiente sentarse en el banquillo de los acusados por el referéndum ilegal del 1-O y la posterior declaración de independencia de Cataluña.
El magistrado del Supremo al frente de la causa, Pablo Llarena, se vio obligado a modificar los delitos por los que le procesó después de que el Gobierno impulsara la supresión de la sedición. Esta reforma del Código Penal, impulsada también en connivencia con los socios independentistas, asestó la primera estocada a la causa que todavía queda viva del procés.
No obstante, el magistrado le procesó por desobediencia y malversación por el desvío de fondos públicos destinados a la consulta prohibida por el Constitucional. Además, le mantuvo la orden de detención nacional, de manera que si retorna a España sería arrestado y puesto a disposición de la autoridad judicial.
Las vías del Supremo
La norma en la que trabaja el Gobierno no solo implicaría dejar en papel mojado todo el procedimiento. La ley de amnistía, en los términos en los que se aplicó en 1977, supondría reconocer también que la ley se le ha aplicado injustamente o se han vulnerado sus derechos. Equivaldría a deslegitimar la actuación del Poder Judicial en todas las causas del procés.
En ese escenario y ante la eventual entrada en vigor de una norma que se redacta a contrarreloj, el Supremo puede plantear una cuestión de inconstitucionalidad. No obstante, este mecanismo que brinda la ley no impediría su entrada en vigor. El alto tribunal tiene potestad en el movimiento dado que el cambio legal afecta de manera directa a la causa que ha investigado, pero la ley seguiría vigente hasta que el Constitucional abordara el asunto.
Del mismo modo cabe también la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra la norma. La Carta Magna, en su artículo 162, establece que están legitimados para interponerlo el presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, y diputados y senadores, entre otros. Por tanto, se prevé casi con total seguridad que las fuerzas de la oposición recurran esta norma ante el órgano que preside desde enero de este año Cándido Conde-Pumpido.
La amnistía sobrevuela el curso judicial
El debate sobre la amnistía que exige Puigdemont ha coincidido con el acto de apertura del curso judicial de este año. Como marca la tradición, la cúpula del Poder Judicial se dio cita en un acto que acoge el Tribunal Supremo y que preside el Rey Felipe VI. Ni el presidente del Tribunal Supremo, Francisco Marín, ni el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, hicieron mención alguna a la conflictiva ley tan criticada desde el ámbito judicial.
Un mutismo que muchos de los presentes cuestionaron e incluso reprocharon ante la repercusión que tiene dentro y fuera de España. Sin embargo, terminado el evento, los asistentes disfrutaron de un cóctel en el salón de los pasos perdidos del Supremo donde, aquí sí, la amnistía se convirtió en uno de los temas estrella.
El perdón a la carta para Puigdemont fue probablemente, el asunto más recurrente en los famosos 'corrillos' de la cúpula judicial. El sentir generalizado de los presentes es que el Ejecutivo se plegará a las condiciones de Puigdemont y que la ley, aunque con nombre y presentación diferente, es ya un hecho.
Magistrados del Tribunal Supremo, la cúpula de la Fiscalía, la ministra de Justicia en funciones, Pilar Llop, vocales del CGPJ y también representantes de la espera política como el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo fueron algunos de los invitados al acto que marca el inicio judicial de este nuevo curso.
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