La Ley de Dependencia de Zapatero cumple 18 años de buenas intenciones y en la constatación persistente de que no funciona. La razón es evidente: faltan fondos y los pocos que hay no llegan a todos los que los necesitan. En parte por los interminables trámites burocráticos. En la cola para recibir la ayuda de esta ley hay ahora mismo 300.000 personas en toda España, un 50% más que hace dos años, y si las proyecciones continúan siendo las que son, una de cada diez morirán en menos de un año sin haber accedido a dichos derechos.
Los datos hablan por sí mismos. En 2023, la inversión pública en Atención a la Dependencia fue de 11.522 millones de euros, con el 71% de ese dinero procedente de las comunidades autónomas (8.230 millones) y el 29% restante, del Gobierno central (3.292 millones), que entre los años 2020 y 2023 aumentó en un 138% su aportación para esta partida —mientras que las administraciones autonómicas solo lo hicieron un 9%— y seguirá repitiendo el porcentaje de fondos mientras que el Ejecutivo de Pedro Sánchez no consiga poner de acuerdo a una mayoría del Congreso.
Las personas dependientes son víctimas de la falta de acuerdo para unos nuevos Presupuestos Generales del Estado, pero también de la desigualdad entre las diferentes comunidades autónomas. Dependiendo de la región de España en la que residan, que personas con dependencia reconocida reciben cantidades diferentes para su cuidado y tardan un tiempo variable en ser reconocidos como tal.
"Las diferencias que hay entre unas comunidades y otras se nota", señala el trabajador social de ASCUDEAN (Asociación de Familias Cuidadoras y Personas Dependientes) Raúl Espadas. "Por ejemplo, en Álava, hacer una evaluación, están tardando unos tres meses y medio, pero cuando yo cuento esto en otros lugares de España se enfadan. En Madrid te puedes ir a ocho o nueve meses y en Canarias o la Comunidad Valenciana, casi un año". Estos plazos cuentan desde que se completa la solicitud, "algo que yo sí se hacer, pero las familias no, por lo que se alarga mucho más la espera".
En cuanto a la efectividad de la Ley de Zapatero, en la Federación de Daño Cerebral Estatal lo califican de "fracaso", puesto que "si no se dota de recursos económicos, al final se queda en papel mojado", explica su directora Libertad Martínez. "En el texto se indica que los dependientes iban a optar a todas las prestaciones, pero tarda un año en que les llegue a las personas que lo han solicitado, por falta de recursos, por lo que no reciben ni prestaciones ni el servicio".
Pese a que la partida para las ayudas ha aumentado significativamente en los últimos años, sigue siendo una cantidad insuficiente para que el servicio llegue a todos los ciudadanos que lo necesitan para seguir viviendo. Esta carencia, se nota especialmente en algunos territorios, y es que las comparaciones entre unas comunidades autónomas y otras, asustan: Mientras que País Vasco y Extremadura destinan 2.848 y 2.599 euros por persona, respectivamente (las que más) otras como Canarias y Galicia se conforman con 1.248 y 1.073 euros (las que menos), una brecha notable.
Un informe de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales critica a algunas comunidades autónomas por "haber hecho caja" con los fondos una vez el Estado ha aumentado su partida para la Ley en periodo 2020-23.
Burocracia sin fin de la Ley de Dependencia
Raúl Espadas, trabajador social de ASCUDEAN, defiende la creación de la Ley, ya que antes de antes de su existencia, "si tú si tenías una discapacidad o una dependencia tenías ayuda según tu ayuntamiento tuviese recursos o no". Ahora —lo celebra— desde su entrada en vigor es un derecho.
"Cualquier ciudadano con dependencia debe tener ayuda a domicilio. Por Ley", recuerda Espadas. "Me ha gustado mucho que en la nueva Ley ELA con el propio diagnóstico de la enfermedad ya te reconocen la dependencia, sin necesidad de esperar a que te hagan una valoración en tu comunidad autónoma. Y eso es algo muy lógico porque reduce los interminables trámites burocráticos".
Espadas, conocedor de la situación de los enfermos dependientes, denuncia que en Álava —uno de los lugares de España más costosos para este tipo de cuidados— se reciben solo 1.134 euros, cuando "el coste de contratar a una persona 40 horas es de más de 1.700. Si tú pides ayuda para una residencia, te van a dar como muchos 1.100 euros, pero si es privada te va a costar 3.500 euros", destaca.
Con esta "descompensación" entre el dinero necesario y el que se está aportando por parte de las administraciones, las familias con personas dependientes a su cargo no pueden hacer frente a todos los gastos, por lo que Raúl Espadas pide que se pregunte a las familias cuáles son sus necesidades antes de modificar la Ley.
La brecha territorial y la falta de fondos
"Nosotros éramos muy optimistas de cara a la modificación de la Ley porque queremos que se homogeneicen todos los procesos", explican en la Federación de Daño Cerebral Estatal. "La dificultad que tenemos en este país es que las competencias sanitarias y dependencias están transferidas a las comunidades autónomas", añade su directora, Libertad Martínez.
Un informe de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales critica que
Castilla y León (-34,7%), Galicia (-6,4%) y Aragón (-3,2%) disminuyeron su inversión en esta partida mientras que el Ejecutivo nacional envió más fondos, por lo que han "hecho caja", una afirmación que ha desmentido la Junta de la primera de estas tres comunidades.
¿En qué consiste la Ley de Dependencia?
La Ley de Zapatero, que en unas semanas cumplirá 18 años, tiene como objetivo dotar de la ayuda necesaria a aquellas personas que necesitan asistencia en su día a día. Tareas como caminar, bañarse, comer o tomar la medicación son algunas de las actividades para las que más auxiliares se necesitan.
Para poder optar a las ayudas que establece la Ley es necesario tener la nacionalidad española, vivir en España —y haberlo hecho durante al menos 5 años, 2 de ellos inmediatamente antes de solicitar esta ayuda— y ser declarado "dependiente" por la comunidad autónoma correspondiente, una condición para que se contemplan tres grados: moderado, severo o gran dependencia.
De este modo, cuando la dependencia es moderada, la persona requiere ayuda al menos una vez al día, mientras que si es severa, la necesitará aún en aún más ocasiones. Cuando se debe hace uso de un cuidador permanente, la norma prevé la gran dependencia, en la cual se le debe dotar de apoyo continuado. Estos servicios pueden darse en un centro de día o de noche, en una residencia o a domicilio. A estos hay que sumarles los servicios de prevención, de promoción de la autonomía personal y de teleasistencia, que también están contemplados en el texto.
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