La reforma de la Administración local constituye una de las iniciativas más ambiciosas del Gobierno para el año que viene pero también la que más quebraderos de cabeza está dando al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Ni siquiera matizando sus propuestas más polémicas han conseguido unanimidad ni de la FEMP, ni del PSOE, ni siquiera del PP, y mucho menos de buena parte de expertos en la materia. De hecho, uno de ellos, Rafael Jiménez Asensio, Doctor en Derecho por la Universidad del País Vasco, director de la Fundación Democracia y Gobierno Local y profesor de la Universidad Pompeu Fabra, alerta de que la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local desencadenará un proceso de despidos colectivos del personal laboral además de suponer un "déficit democrático" al delegar competencias a unas Diputaciones cuya composición no es producto de la elección directa de los ciudadanos.
En un estudio destinado a evaluar el impacto del Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local sobre la cartera de servicios, la organización y el empleo público de los entes locales, Jiménez Asensio, señala que la transferencia de competencias de los ayuntamientos a las Diputaciones conllevará un traspaso de personal y de medios materiales, además de un esfuerzo de gestión, económico y técnico "de notable complejidad" hasta el punto de que cabe preguntarse si todo este proceso ahorrará, o por el contrario, encarecerá costes. Todo ello deberá incluir, según el Anteproyecto, "un plan de redimensionamiento para adecuar las estructuras organizativas, y laborales" que, a juicio del experto se traducirá en despidos colectivos o despidos por causas objetivas del personal laboral, lo que no incluye a los funcionarios. En cambio, éstos sí pueden verse afectados por medidas de movilidad geográfica y funcional, dado que muchos dejarían de depender del ayuntamiento para hacerlo de la Diputación.
El otro efecto colateral de la transferencia de los servicios municipales a las diputaciones, es que el responsable de la gestión deja de ser el ayuntamiento, por lo que la rendición de cuentas ante los ciudadanos debería correr a cuenta de las Diputaciones, razona el profesor de la Pompeu Fabra. Pero dado que el sistema de elección de las mismas es indirecto "la relación entre este tipo de instituciones y los ciudadanos es sencillamente inexistente". Conclusión, estamos ante "un déficit democrático de primera magnitud", que plantea dee inmeditado el dilema de "para qué se necesita una estructura política (alcalde y concejales) si los servicios básicos son asumidos por una instancia local diferente".
Los ayuntamientos pueden convertirse en "instancias decorativas" donde alcaldes y concejales no rindan cuentas ante sus electores
"En la hipótesis más extrema el ayuntamiento pierde por completo la competencia o competencias (se vacía de poder efectivo) y puede convertirse en una instancia decorativa, en la que los representantes de los ciudadanos (alcalde y concejales) no rinden cuentas ante aquellos que les han elegido, sino que desvían las resposnabilidades a una institución que los ciudadanos no han votado directamente. El déficit democrático es una evidencia".
Lo cierto es que para este Doctor en Derecho Constitucional pocas son las ventajas de la reforma que plantea el Ministerio encabezado por Cristóbal Montoro sobre todo en lo que afecta al futuro papel de las Diputaciones. Recuerda Jiménez Asensio que éstas han sido tradicionalmente instancias que han prestado funciones de asistencia y cooperación técnica, económica, financiera... pero "no tienen apenas recorrido alguno en lo que es el ejercicio directo de prestaciones o de servicios a los ciudadanos, por lo que cabe presumir que deberán ser objeto de un replanteamiento estratégico y un cambio de modelo organizativo en un cortísimo espacio de tiempo".
En definitiva, Jiménez Asensio entiende que "no se puede diseñar un procedimiento más farragoso y más complejo para pretender en última instancia ahorrar costes, pues los efectos reales de tan tortuoso sistema es posible que multipliquen los gastos y las ineficiencias".
A falta de conocer el texto definitivo, no sólo por las incorporaciones o modificaciones que puede sufir antes de ser aprobado en Consejo de Ministros sino también por su trayectoria parlamentaria, "el impacto directo e indirecto (del anteproyecto) sobre la cartera de servicios públicos locales y sobre la organización y los recursos humanos de los ayuntamientos será notable y, en algunos casos, literalmente dramático".
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