Vozpópuli ha venido informando puntualmente de las vicisitudes de una reforma de la Administración local que se nos vendió a bombo y platillo y que se ha ido desinflando conforme pasaban los meses ante la estupefacción de unos ciudadanos acosados por las reformas y los recortes que sienten que el ajuste no termina de llegar a la clase política. Bien es cierto que, en este capítulo hay mucho de políticas efectivas y otro tanto de gestos que, sin suponer realmente un ahorro, tienen el elemento de ejemplaridad que tanto se reclama ahora. Vayamos por partes. De un lado está la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local, la que debe determinar el fin de las duplicidades y del sobrecoste determinando un “mapa” claro de competencias de las Comunidades y de los Ayuntamientos, sin que vuelvan a solaparse más. Parece que en ello se avanza sin dificultades según el borrador del anteproyecto de la reforma que ha adelantado este medio.
No hay tanto avance, por no decir prácticamente ninguno, en el capítulo que parecía destinado a “limpiar” nuestro mapa de más de 8.200 ayuntamientos con sus Diputaciones Provinciales. A diferencia de lo que han hecho otros países como Italia o Grecia, aquí no se obliga a la fusión de ningún municipio por muy pequeño que sea. Tampoco desaparecen las mancomunidades o las diputaciones. A lo sumo, los entes locales "menores" se verán sometidos a un “examen” para evaluar si superan unos estándares de calidad en la prestación de los servicios públicos y, en caso de suspender y tras un proceso de votaciones y de autorización de la Comunidad autónoma respectiva, ceder la prestación de algunos de sus servicios, que no todos, a la Diputación. Un proceso que los expertos califican de complejo y dificultoso.
Eso en lo que afecta a la Ley de Bases. Porque la tan anunciada reducción de un 30 por ciento de concejales y el establecimiento de unos baremos para retribuir a los alcaldes, serán “flexibilizados” por mor del consenso después de que la FEMP y alcaldes populares y socialistas, --en esto son indiferentes los colores políticos—hayan puesto el grito en el cielo. Vaya por delante una consideración: más de la mitad de los alcaldes y concejales de este país no cobran, desempeñan su labor cosechando más sinsabores que otra cosa, por lo que el ahorro por ahí no es sustancial. Además hay otro argumento de tipo político no menor, también adelantado por este medio, a saber, el temor de populares y socialistas a perder su exigua representación en muchos ayuntamientos del País Vasco y de Cataluña de las zonas más nacionalistas y/o independentistas, donde en muchas ocasiones sólo hay un concejal que represente el constitucionalismo.
Sobre el sueldo de los alcaldes, corrijo, sobre el sueldo millonario que reciben muchos de los alcaldes que tienen la suerte de cobrar, se han escrito ríos de tinta. Porque no deja de ser llamativo que tengan un salario no ya superior a un ministro –bien se podría argumentar que los ministros no son cargos electos y no tienen porqué estar mejor pagados que alguien que se ha sometido al veredicto de las urnas—sino al mismísimo presidente del Gobierno. El presidente de la FEMP y alcalde de Santander, Íñigo de la Serna, consiguió arrancar del jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, la autorización para que sea la Federación la que haga una propuesta al respecto, dejando de lado al secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta.
En definitiva, Cristóbal Montoro anunció que la reforma de la Administración local supondría un ahorro de 3.500 millones de euros, pero, mucho nos tememos que la cifra va a ser considerablemente menor y sin fecha en el calendario.
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