El Observatorio Estatal de la Dependencia ha denunciado que el Gobierno sólo aporta el 18% de la financiación del Sistema de Atención de la Dependencia -frente al 50% que fija la ley-, mientras que las comunidades autónomas están asumiendo el 82% del gasto público certificado en el último año. Según explica la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, a la que pertenece este observatorio, esta conclusión se extrae de los certificados de gasto en Autonomía personal y Dependencia del ejercicio 2015 remitidos por las comunidades autónomas.
De acuerdo con estos datos, el gasto público por beneficiario es de 8.500 euros al año, de los que 7.000 euros los aportan las comunidades autónomas y la administración general del Estado 1.500 euros. La ley establece que el sistema debe ser financiado -en su gasto público- a partes iguales (50%) por la administración general del Estado y las comunidades autónomas, recuerda.
El recorte acumulado en dependencia durante la legislatura del PP ha sido de más de 2.865 millones de euros
La asociación de responsables de servicios sociales ha lamentado que el recorte acumulado en dependencia durante la legislatura del PP ha sido de más de 2.865 millones de euros, tal y como se reconoce en el Plan de Estabilidad y en los Planes de reformas remitidos a Bruselas. "El quebranto para las comunidades autónomas en la financiación de esta importante política social las coloca en una encrucijada de muy difícil salida, cuando son ellas las que deben responder ante las personas dependientes", asegura la asociación.
Explica que las certificaciones anuales remitidas al observatorio por las comunidades (todas a excepción de País Vasco y Navarra) arrojan un gasto público total certificado de 6.256 millones de euros, de los que "la aportación finalista del ministerio para esos territorios fue de 1.130 millones".
Los Directores y Gerentes de Servicios Sociales recuerdan que si se atendiera ya a las 368.583 personas que están en espera se crearían 100.000 nuevos empleos directos. La organización reclama un acuerdo de Estado sobre la financiación del sistema que permita a las comunidades autónomas cumplir con las obligaciones encomendadas en esta materia.
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