La Casa Real “tenía interés en que no le afectara la Ley de Transparencia” y tanto PP como PSOE “estábamos dispuestos a echar una mano”, indican a Vozpópuli fuentes parlamentarias populares. Luego los socialistas se descolgaron para pasar a defender su inclusión, frente a un Gobierno que, aunque estaba en conversaciones con Zarzuela, no había recibido el plácet de la misma por las enormes reticencias que la Casa mantenía al respecto. Este viernes anunció a través de la agencia Reuters que sí, que entraba en la Ley y que así se lo había comunicado a Moncloa hace dos meses en un intento por desvincular esta decisión de la imputación de la infanta Cristina.
Es cierto que, al margen del anuncio de este viernes, "la Casa Real iba a quedar de alguna manera dentro" del ámbito de la Ley. Por una parte estará fiscalizada la información de los ministerios y departamentos que prestan servicios a Zarzuela --Exteriores, Interior, patrimonio...-- y, por otro, ya se había llegado a una especie de preacuerdo para que los gastos administrativos de Palacio fueran transparentes, mientras que los gastos personales y domésticos quedarían fuera del escrutinio público, que es, a fin de cuentas, lo que regulará la futura Ley, esto es, el acceso público a determinada información. Moncloa estudia ahora el nuevo escenario. Desde el PSOE lo tienen muy claro: "va a ser una ley muy avanzada y nuestra voluntad es consensuarla", aunque admiten que el texto deberá determinar una serie de "límites".
Además, el PSOE niega haber iniciado un proceso de distanciamiento con la Casa Real después de que el jueves la 'número dos' socialista, Elena Valenciano, pidiera a Zarzuela que no tomara partido por la Fiscalía en el recurso que ésta ha presentado contra la imputación de la hija mediana del Rey. Las fuentes consultadas señalan que se trató tan sólo de una "puntualización" de la que no se debe derivar ninguna interpretacióbn en clave de cuesionamiento de la institución monárquica.
Hasta la llegada del plácet de Zarzuela, Moncloa estaba dispuesta a argumentar que ninguna Casa Real Europea está regulada por una Ley de Transparencia
Mariano Rajoy argumentó el jueves que se seguiría el modelo de otras casas reales europeas, ninguna de las cuales está sometida a una ley de su país. Otra cosa, apuntan, es que éstas informen por decisión propia de sus gastos, como, de hecho, hizo en parte Zarzuela cuando estalló el 'caso Urdangarin'. Lo que sí parece quedar fuera es la agenda del Rey, cuestión sobre la que se ha debatido en Moncloa. En este sentido, los medios consultados comentan que “las agendas no van a ser transparentes, ni la del Rey, ni las de los ministros” en todo lo que vaya más allá de los actos públicos. La Ley, diseñada en un principio sólo para las Administraciones Públicas, “afectará a nuestro trabajo político, no a nuestras vidas privadas”, aunque admiten que en el caso del Rey la frontera entre lo público y lo privado es mucho más difusa.
La tramitación de la futura Ley de Transparencia se encuentra en estos momentos en fase de comparecencias en la comisión constitucional del Congreso de los Diputados. Por ella han desfilado, por ejemplo, el presidente del Tribunal Constitucional y el de la Agencia de Protección de Datos. Durante las próximas dos semanas proseguirán las explicaciones de los expertos y el día 17 la comisión valorará si es necesaria alguna comparecencia nueva o arranca ya el trámite parlamentario. Hasta ahora las cuestiones que se han puesto sobre la mesa son, por ejemplo, si debe considerarse un derecho fundamental el acceso a la información pública, si ésta debe tener límites o si el silencio administrativo debe ser positivo o negativo. Se trata en todo caso de un tema muy complejo que según una de las fuentes consultadas “casi justifica una legislatura”.
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