Las formaciones políticas, así como los sindicatos y organizaciones empresariales, quedarán obligadas a dar publicidad a toda la información "cuyo conocimiento sea relevante para garantizar la transparencia de su actividad relacionada con el funcionamiento y control de la actuación pública", tal y como reza el Capítulo II del Proyecto de ley de Transparencia, Acceso a la Información pública y Buen Gobierno, que este jueves debatió el Congreso de los Diputados antes de iniciar el proceso de enmiendas parciales. Aunque estas organizaciones no están sujetas al régimen jurídico de las administraciones públicas, lo que incorporará un elemento de gran complejidad al texto definitivo, sí les será de aplicación el deber de "publicidad activa", sin que sea necesario que nadie les reclame dicha información.
Todos ellos deberán publicar en sus respectivas páginas web "de una manera clara, estructurada y entendible" las retribuciones percibidas anualmente por los altos cargos --léase dirigentes en el caso de los partidos-- y máximos responsables de las entidades incluidas en el ámbito de la aplicación de este Título; las indemnizaciones percibidas, si las ha habido, con ocasión del abandono del cargo; las cuentas anuales que deban rendirse y los informes de fiscalización por parte de los órganos de control externo que sobre ellos se emitan, fundamentalmente del Tribunal de Cuentas; los presupuestos, con descripción de las principales partidas presupuestarias e información actualizada sobre su estado de ejecución; las subvenciones y ayudas públicas concedidas con indicación de su importe, objetivo o finalidad, y los contratos o convenios formalizados.
Nada dice este capítulo respecto a las donaciones privadas dado que la Ley se redactó en principio pensando solo en las administraciones públicas, aunque no es descartable que en la fase de enmiendas algún grupo parlamentario pida su inclusión, de modo que lo más probable es que los partidos tengan que dar a conocer "de oficio" las donaciones privadas que reciben, ahora tan de moda tras la publicación de los "papeles de Bárcenas" y el desfile ante el juez Ruz de una serie de empresarios que han negado toda veracidad a los apuntes contables sobre donaciones millonarias al PP.
En cambio, hay otro capítulo de la futura Ley de la que quedarán exonerados partidos, sindicatos y organizaciones empresariales y es la que hace referencia al acceso a la información. En su caso, no estarán obligados a informar del contenido de sus deliberaciones ni a publicitar documentos internos. La estrategia política y electoral de los partidos quedará a salvo de la curiosidad pública. Las organizaciones sindicales y la patronal comparecerán en el Congreso para dar también su opinión sobre la futura Ley.
Las OSCE avisa que la obligación de los ciudadanos a identificarse para demandar información, puede dar lugar a "represalias" por parte de los funcionarios
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, presentó este jueves ante el pleno de la Cámara el proyecto de Ley bajo el argumento de que este texto es "urgente" e "inaplazable" con el objetivo de que los ciudadanos recuperen la confianza en sus instituciones y en sus gobernantes. La principal novedad que anunció fue la creación de un consejo de Transparencia y Buen Gobierno que sustituye a la Agencia Estatal de Transparencia, Evaluación de Políticas y Calidad de los Servicios, organismo adscrito al Ministerio de Hacienda, que iba a velar por el cumplimiento de la ley y al que se consideraba poco objetivo.
En cambio, el proyecto de ley no incorpora una de las principales críticas que realizó la OSCE cuando era tan solo un anteproyecto. Y es que la oficina del Representante para la Libertad de los Medios de Comunicación de este organismo propuso la modificación del artículo 14 del texto, que obliga a los ciudadanos demandantes de información a identificarse. Entendía las OSCE que además de no estar en consonancia con las normas internacionales, "esa identificación podría dar lugar a represelias por parte de los funcionarios públicos contra los solicitantes". También rechazó del texto que se deba justificar la solicitud, aunque la ausencia de motivación no sea por sí sola causa de rechazo.
En todo caso, estamos ante un texto que puede dar lugar a una situación poco habitual en el Congreso, esto es, el acuerdo PP-PSOE en torno a una ley para que la ya llegábamos con retraso.
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