La nueva Ley de Transparencia, un avance necesario pero insuficiente

Después de un año y medio, el Gobierno por fin ha conseguido sacar adelante en el Congreso de los Diputados la nueva Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno. Aunque no hubo consenso en la votación del jueves (sólo los nacionalistas apoyaron al PP) y la sesión estuvo marcada por los casos de corrupción que acechan a la política española, se trata de un paso importante y necesario, pero todavía insuficiente.

Al menos, eso indican las organizaciones dedicadas a la transparencia, como Transparencia Internacional y Acces Info. La primera de ellas considera la norma “un avance social muy importante y un cauce fundamental para mejorar la participación ciudadana y la salud democrática de España” pero también cree que muchos aspectos son “mejorables” y que deja de lado algunas cuestiones relevantes.

El presidente de Transparencia Internacional España y catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid Jesús Lizcano ha señalado a Vozpópuli que la Ley de Transparencia incorpora “muchas mejoras respecto a la anterior” al incluir a partidos políticos, sindicatos, patronal y a la Iglesia; en resumen, a todas las entidades privadas que reciban más de 100.000 euros del Estado. Lizcano destaca también la importancia de que sea obligatorio publicar todos los contratos públicos (de momento las administraciones sólo deben hacerlo con los que superen los 18.000 euros).

Asimismo, señala como un avance importante la obligatoriedad para las instituciones de publicar sus bienes inmuebles, aunque lo considera insuficiente. En su opinión, “deberían publicar el patrimonio completo”, lo que incluye coches oficiales, obras de arte y otros bienes.

Pero, sin duda, el avance más significativo es la transparencia activa. “Va a cambiar absolutamente la cultura de las administraciones públicas, porque serán ellas mismas quienes tengan que publicar todo”, explica.

Una ley poco transparente

Acces Info destaca, además, la inclusión del Banco de España. También la publicación activa y la creación de Consejo de la Transparencia y Buen Gobierno, aunque no lo considera totalmente independiente del Ejecutivo al quedar bajo el mando del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Según Acces Info, la nueva ley se sitúa en el puesto 72 de las 96 leyes de acceso a la información que hay en el mundo, ya que “no está en línea con los estándares internacionales”. La organización le da una puntuación de 68 sobre 150, es decir, que no llega al aprobado.

Por el lado positivo, “las enmiendas han ampliado ligeramente el alcance de la ley pero se mantienen las mismas deficiencias en las que ya fue presentada en marzo de 2012”. En julio, Acces Info ya emitió un comunicado en el que calificaba de “insuficiente” la ley.

Tareas pendientes

El silencio administrativo en las solicitudes de información de los ciudadanos ha sido una de las tareas pendientes más criticadas. Según Lizcano, lo ideal sería “que se les obligase a contestar positiva o negativamente”. En cuanto al plazo de respuesta, considera que es adecuado y es similar al que marcan en sus respectivas leyes otros países europeos.

Desde Transparencia Internacional también se echa en falta la mención en el texto a infracciones y sanciones “a políticos y funcionarios públicos por el incumplimiento de las normas de transparencia”. Es cierto que la Ley sí recoge infracciones y sanciones en relación con el buen gobierno, pero deja de lado las normas referidas a la transparencia.

En cuanto al tercer punto de la Ley, el acceso a la información, tanto Transparencia Internacional como Acces Info critican que no queda reconocido como derecho fundamental (aunque sí lo es según la Constitución). Es más, en caso de conflicto, quedaría subordinado a la protección de datos.

Otra de las críticas de Transparencia Internacional se dirige hacia el hecho de que sea el propio Gobierno el encargado de la incoación e instrucción del procedimiento sancionador en las normas referentes a buen gobierno. Esta situación “puede originar que las decisiones sancionadoras se puedan tomar finalmente con criterios de interés político-partidistas”, argumentan.

Por su parte Acces Info critica el volumen de información que escapa al alcance de la Ley y que las obligaciones de publicación activa no son iguales para todas las instituciones, ya que deja en manos de las Comunidades Autónomas la decisión de someterse o no a la Ley. Las autonomías también pueden escapar por propia elección al Consejo de Transparencia, advierte Lizcano. En este sentido, “sería bueno que esté centralizado al máximo posible”.

Pese a todos los contras, esta norma es un avance necesario, aunque aún le queden muchos detalles por pulir. Así, Jesús Lizcano anticipa que las instituciones se convertirán en “casas de cristal” y “vamos a poder ver todo lo que hay”.