Desde Hungría a Ecuador, desde la España de Franco a la Argentina de Kirchner o a la Colombia de Petro, Pedro Sánchez dispone de legislación comparada para intervenir sobre lo que considera periodismo emisor de bulos y falsedades. El denominador común a las leyes de esos países es el combate a los medios de comunicación no adictos con medidas formalmente administrativas, aparentando el respeto a la libertad de información pero con capacidad de arrastrarlos a la asfixia empresarial o desaparición. Así ocurrió en 1971 con el español diario Madrid y así ha ocurrido en 2021 con la emisora húngara independiente Klubradio, expulsada del espectro radioeléctrico.
Para los medios de comunicación se pretende “soluciones consensuadas” a fin de abordar “las necesidades de los usuarios, sus clientes y socios (…) y adaptar su trabajo profesional a estas necesidades con un espíritu de humanidad, actitud útil y buena voluntad”. Unas consideraciones tan difusas, que parecen extraídas de un artículo santificador de la `regeneración´ mediática anunciada por Pedro Sánchez, corresponden a la estrategia de la Autoridad Nacional de Medios e Infocomunicaciones de Hungría, la temida NMHH que en dos décadas está dejando como un erial el sector periodístico del país magiar.
Esa Autoridad Nacional, que desde 2010 controla si los periodistas informan de forma “moral” y “objetiva” y dirige un cargo de confianza del primer ministro Viktor Orbán, también detecta, como se hace en la Moncloa, a los medios que publican “noticias falsas” o incluso tienen un comportamiento traicionero con el Gobierno de Budapest. Así lo denunció hace más de un año el Instituto Internacional de Prensa (IPI), sabedor de que la Comisión Europea no sanciona a un estado miembro por ataques a la libertad de prensa, algo que conoce el presidente Sánchez cuando avisa de una regeneración democrática en la comunicación, con medidas administrativas sobre publicidad institucional y financiación transparente.
También fueron administrativos los motivos formales que llevaron al gobierno de Franco a terminar con el incómodo y liberal diario `Madrid´ en noviembre de 1971, tras 16 expedientes sancionadores. A la excusa esgrimida entonces por la Dirección General de Prensa sobre irregularidades en el accionariado de la empresa editora, se añadió, igual que ahora plantea el presidente del Gobierno a los “tabloides digitales”, la necesidad de transparencia en la propiedad de aquel diario vespertino. Así lo indicaba literalmente la orden de cancelación registral del periódico:
“La Administración se reserva únicamente el deber de garantizar el ejercicio de las libertades y derechos que se regulan en la ley”, proclamaba el fatídico anuncio del cierre, “y uno de tales derechos (…) es el del público a conocer realmente quién edita un periódico cuáles son sus órganos rectores y quiénes sus accionistas más importantes”. Dicho lo cual y a la vista de las anomalías detectadas, “el Ministerio de Información y Turismo no puede menos de proceder, por imperativo de la ley, a declarar la cancelación de la inscripción registral de Madrid, Diario de la Noche, S.A.”
La naturaleza aparentemente administrativa de lo ocurrido al `Madrid´ en 1971, sin mención alguna a su línea editorial, se asemeja a la de diferentes leyes de regímenes autoritarios y populistas adoptadas en los últimos años. Junto a la República de Hungría destacan tres países iberoamericanos en el control de la actividad periodística, conformando un cierta legislación comparada para hacer frente al periodismo que estorba al poder político, sin sancionar directamente por sus contenidos.
Lo que ha tejido el ultraderechista húngaro Viktor Orbán se asemeja a los 166 artículos de la Ley de Comunicación Audiovisual promulgada en Argentina por la peronista Cristina Fernández de Kirchner en 2009, conocida como Ley de Medios K. Una profusa norma, incluyendo una Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, un Consejo Asesor “integrado por personas y organizaciones sociales con reconocida trayectoria en el tema y por representantes de niños, niñas y adolescentes” y un Defensor del Pueblo de los servicios de comunicación audiovisual.
La ley argentina impuso un gravamen a los ingresos publicitarios en medios audiovisuales, pese a que el gobierno de Cristina Kirchner, ahora convicta por corrupción, utilizara como arma de presión sobre las empresas editoras la publicidad institucional, la misma de la que Pedro Sánchez quiere revisar su reparto.
Parece recobrar actualidad en España lo que denunciaba el editorialista de `La Nación´, Fernando Laborda, sobre el manejo político de la publicidad: “(…) el oficialismo siempre intentó manejar la pauta publicitaria oficial como un sistema de premios y castigos, favoreciendo generosamente a medios que exhibieran afinidad con las políticas del Gobierno (…) y reduciendo la publicidad en aquellos medios más críticos. Incluso se llegó a presionar a empresas privadas para que no pautaran publicidad en medios (…) que pudieran parecer hostiles al Gobierno”. En 2015, con la llegada a la Presidencia de Argentina de Mauricio Macri se derogaron los artículos más lesivos de la Ley de Medios K y fue clausurada la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Al día siguiente de que Pedro Sánchez confirmara que el 17 de julio presentará su regeneración democrática contra el “fango mediático”, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) mostró su “preocupación y alarma ante la escalada verbal de agresiones por parte del presidente de Colombia, Gustavo Petro, contra medios y periodistas locales”. Lo del presidente colombiano, muy bien relacionado con la Moncloa y con Yolanda Díaz, guarda cierto paralelismo con la situación española, ya que su hostilidad hacia los medios se ha disparado tras destapar una periodista presuntos contratos irregulares del hermano de la directora de Gabinete del presidente.
Fue en 2013 cuando Rafael Correa, entonces presidente del Ecuador y ahora puntal del Grupo de Puebla, alumbró una Ley Orgánica de Comunicación con nada menos que 29 normas deontológicas para “todas las personas naturales o jurídicas que participen en el proceso comunicacional”. Correa, conocido por sus grotescas descalificaciones de los denunciantes de corrupción, introdujo el concepto de “responsabilidad ulterior”, definida como “la obligación que tiene toda persona de asumir las consecuencias administrativas posteriores a difundir contenidos que lesionen los derechos establecidos en la Constitución y en particular los derechos de la comunicación y la seguridad pública del Estado, a través de los medios de comunicación”.
El mismo texto legal, enriquecido en 2023 con un reglamento sobre códigos de conducta y políticas editoriales, contempla el “linchamiento mediático”, equivalente al fango del que aquí habla Sánchez, en estos términos: “Queda prohibida la difusión de información (…) producida de forma concertada y publicada reiterativamente a través de uno o más medios de comunicación con el propósito de desprestigiar a una persona natural o jurídica o reducir su credibilidad pública”.
Del intervencionismo gubernamental en el sector de la comunicación el ejemplo más desmesurado es el de Venezuela, con una “hegemonía comunicacional” que, según Reporteros sin Fronteras (RSF), permite a Nicolás Maduro reducir o extinguir la pluralidad informativa. El gobierno venezolano no presiona con la publicidad institucional sino con los cupos de papel importado: “Debido al monopolio oficial sobre las importaciones de papel y de suministros para imprentas, desaparecieron las ediciones en papel de un centenar de periódicos en todo el país”, denuncia RSF.
En paralelo al acoso al periodismo no oficialista, el régimen de Maduro puso en vigor en 2015 una Ley de Comunicación del Poder Popular firmada por 14 autoridades, entre ellas Delcy Rodríguez, para implantar en ese país un nuevo modelo de comunicación “inclusiva, libre y abierta, crítica, autocrítica y contestataria, emancipadora y no burocrática (…) donde se expresen ampliamente la memoria colectiva y el rico imaginario popular como expresión auténtica de libertad y soberanía”. A partir de esa exposición de motivos todo es posible en el articulado de dicha ley.
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