El caso Lezo ya tiene fecha para interrogar a un exalto cargo del Ministerio de Fomento por presuntas mordidas de OHL. La Audiencia Nacional ha citado para el próximo 16 de enero al que fuera Subdirector de la Dirección General de Carreteras y a su mujer para que aclaren si percibieron poco más de un millón de euros a cambio de adjudicar obra pública a la constructora.
El instructor acuerda esta diligencia en el marco de la pieza número 8 del caso Lezo, en la que se investiga el reparto de mordidas con licitaciones adjudicadas entre los años 2003 y 2014. En el marco de estas diligencias, la UCO descubrió que directivos de la compañía habrían desviado más de 1 millón de euros a Manuel Bruno Romero, exalto cargo de Fomento. Por ese motivo, el juez ordenó el rastreo de sus cuentas y acordó su citación y la de su esposa, tal y como avanzó Vozpópuli.
Ahora, y tras requerir la información financiera de sus cuentas, les cita para el próximo 2023, según se desprende de una diligencia recogida por este medio. Los investigadores pusieron el foco en el cargo público a tenor de lo captado por las escuchas que obran en el sumario de la causa. En concreto, se apoyan en una conversación mantenida en octubre de 2006 entre los investigados Paulino Hernández (conocido como 'el Villarejo' del caso Lezo por grabar todos sus encuentros) y Francisco Javier Peláez Toré, entonces jefe de obra civil de OHL en Andalucía Oriental.
Comisión del 0,3%
"Esta tarde me tenía que llamar Manolo Bruno para decirme lo de la, lo de la obra de mañana, de Calicasas”, dijo Paulino Hernández y añadió: "Conociendo como es Manolo, hombre, darnos nos tiene que dar obras, nos tiene que dar porque... se ha llegado a un acuerdo y tal de porcentaje y demás", dijo. En concreto, reveló a su interlocutor que le iban a pagar una comisión del 0,3% del volumen de contratación. "Pero es que le hemos anticipado ya 450.000 euros porque se va a comprar la casa y entonces macho, Joaquín ya estaba nervioso", añadió.
La UCO concluye que la persona a la que hacen alusión sería el entonces Subdirector General de Construcción. Al respecto, explican en uno de sus informes que el "trato" con el imputado consistiría en abonarle una comisión de 0,3% del volumen total de contratación de OHL. Destacan tres adjudicaciones licitadas en aquellas fechas: las obra de la circunvalación de Málaga (por importe de 72 millones de euros); un tramo de la N-340 que une Cádiz con Barcelona (6,5 millones) y otro tramo de la A-8 (presupuestado en 60 millones).
Los investigadores del caso Lezo destacan que, además de los audios, aparecen menciones relativas a esta mordida en las hojas de cálculo que elaboró Felicísimo Ramos. En concreto, encontraron una columna denominada 'M.B' que coincide con las iniciales de Manolo Bruno. En la misma consigan importes para algunas de las obras, siendo el común denominador a todas que han sido adjudicadas por la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (SEITT).
Presunto blanqueo de capitales
Además, verificaron que los importes consignados en la columna 'M.B' coinciden aproximadamente con el porcentaje que, según comentaron, iban a desviar al cargo público. Por ello apuntaron que esta coincidencia dotaba de "veracidad" lo explicado por Paulino Hernández, lo que daba pie a la citación del excargo público por estos hechos.
El magistrado acordó citar también a su mujer, Ana Esther Cueto, a tenor del flujo de dinero que registró una cuenta común. La Policía Judicial del caso Lezo advirtió que desde la apertura del fondo en julio de 2006 se fueron realizando ingresos en efectivo por importes generalmente redondos hasta alcanzar los 617.000 euros. Al hilo apuntan que son propietarios de una vivienda ubicada en un barrio residencial de Madrid que figura a nombre de Sistemas Madrileños S.L.
1,6 millones en efectivo
Se da la circunstancia de que la sociedad se constituyó en marzo de ese mismo año y la compra se cerró seis meses después. En concreto adquirieron la vivienda y dos plazas de garaje por 963.000 euros. "Según lo expuesto, Luis Manuel Bruno, directamente o por mediación de de su cónyuge o de una sociedad interpuesta, habría dispuesto de 1,6 millones de euros en efectivo y habría adquirido un inmueble durante el tiempo en que desempeñó su cargo en el Ministerio de Fomento, coincidiendo con la adjudicación a OHL", reza el juez.
Por ese motivo, además de imputar al exalto cargo de Fomento y a su pareja, requirió al Banco Santander que remitiera a la Audiencia Nacional toda la información relativa con la cuenta bancaria del matrimonio. El magistrado García Castellón solicitó el contrato de apertura, los documentos aportados para ello, las firmas de las personas autorizadas y extracto de todos los movimientos hasta la actualidad o la fecha de su cancelación, en caso de que ya no exista.
Del mismo modo ofició a la Agencia Tributaria para que proporcionase al juzgado toda la información que le conste sobre la sociedad de la pareja y al Registro de la Propiedad en aras a recabar la certificación catastral completa de la vivienda. Tras ello, el siguiente paso será tomar declaración a los dos imputados, diligencia que se llevará a cabo en el próximo 16 de enero.
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